Dídimo Páez y Ricardo Calvete son dos de los magistrados de mayor prestigio de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Ambos son activistas de la línea dura del alto tribunal. Los dos han ocupado los más altos cargos dentro de la corporación y sus nombres son ampliamente reconocidos en la rama jurisdiccional. Dídimo Páez llegó a ser presidente de la Corte Suprema en 1997, en momentos en que el proceso 8.000 estaba en su furor. Este abogado vallecaucano se convirtió en el abanderado de la controvertida tesis según la cual para procesar a un sindicado por enriquecimiento ilícito no se requiere una sentencia por narcotráfico. Ricardo Calvete, quien ocupó la presidencia de la sala penal de la Corte, también sentó jurisprudencia sobre el tema. Curiosamente las opiniones de ambos casi siempre estuvieron orientadas en la misma dirección. Pese a que los dos se caracterizaron por mantenerse alejados de los medios de comunicación sus decisiones los hicieron figurar en las primeras páginas de los periódicos. En el caso de Páez, su nombre se dio a conocer a finales de los años 80 cuando anuló la absolución de Gilberto Rodríguez Orejuela, emitida por un juzgado de Cali y ratificada luego por el Tribunal de esa ciudad. La investigación de Páez demostró que se habían cometido varias irregularidades en el proceso y por primera vez en la historia jurídica del país varios magistrados de un alto tribunal fueron declarados culpables y condenados a prisión. Durante el proceso 8.000 tuvo a cargo el caso de María Izquierdo, contra quien dictó medida de aseguramiento por enriquecimiento ilícito. Calvete, por su parte, fue el magistrado que investigó la conducta del representante a la Cámara Rodrigo Garavito, también dentro del llamado proceso 8.000. El magistrado consideró que el parlamentario se había enriquecido de manera ilícita y por ello le dictó medida de aseguramiento. Los dos funcionarios tienen que retirarse de la Corte Suprema antes de que termine el primer semestre de este año porque la Constitución de 1991 establece que los magistrados de las altas Cortes no pueden permanecer más de ocho años en sus cargos. Los dos _junto con varios magistrados de otras cortes_ cumplen este tiempo en sus puestos el primero de julio y por ello deben renunciar.Aunque se trata en apariencia de una modificación burocrática y formal, la verdad es que el retiro de los dos juristas ha empezado a inquietar a varios magistrados de la Corte Suprema, quienes serán los encargados de escoger a sus sucesores. La razón para dicha inquietud radica en el hecho de que la Corte Suprema no es autónoma para elegir a sus magistrados, como sucedía en el pasado con el sistema de cooptación. Ahora debe someterse a una lista de seis candidatos que le envía la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y no son pocos los congresistas que han empezado a hacer lobby ante esa corporación para tratar de colocar sus fichas en la sala penal de la Corte Suprema. Ello les evitaría en un futuro los dolores de cabeza que les produjeron algunos de los fallos de Dídimo Páez y Ricardo Calvete. Falta ver si funcionan las presiones políticas.