El presunto acoso sexual y laboral por parte del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, no es un hecho asilado entre todos los ataques que tienen que soportar hombres y mujeres diariamente en universidades, en la fuerza pública y hasta en sus propias casas. Durante el debate, la opinión sentida de todos los invitados fue clara: se necesita la inmediata renuncia del defensor del pueblo. Los argumentos son varios. Por un lado, por ética profesional; segundo, para defender la integridad de la institución que representa; tercero, por las presuntas denuncias que tiene en su contra; y por último, por los derechos humanos que se supone debe defender. La discusión sobre el maltrato laboral revela cifras alarmantes donde el casi el 90 % de las víctimas son mujeres y donde además, como lo señaló la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Ángela María Robledo, existen leyes de protección a las mujeres pero “se carece de voluntad política, no hay una institucionalidad clara y el sistema de justicia no funciona”. Olga Sánchez directora de la Fundación Casa de la Mujer manifestó que uno de los mayores errores en el caso de los maltratos laborales en la Defensoría del Pueblo fue no haber suspendido anteriormente a Otálora. Sobre esto dijo que “la Procuraduría falló porque no tomó una medida inmediata al respecto”.Robledo también manifesto que “el Procurador es cómplice de lo que ha pasado, él pudo haber suspendido al defensor mientras se adelantaban los procesos de investigación pertinentes”. La Fiscalía también debió abrir un proceso por la violencia sexual que se manifestaba en las acusaciones porque como dijo Robledo “en la Fiscalía tienen una pomposa Unidad de Delitos Contra la Mujer que no funciona”. Luis Guillermo Vélez, señaló que más allá de cometerse el delito o de acusar a Otálora en este debate “el defensor hizo indigno su cargo y tiene que renunciar de inmediato porque de aquí para adelante no solo se va a llevar la imagen de toda la institución, va a crear un precedente grave para la sociedad colombiana”.En ese sentido, la dimensión que importa es la de responsabilidad política, de observar quiénes lo eligieron y por qué, entender ese respaldo que tuvo con semejantes acusaciones en su contra. Sobre todo, y como lo señaló Vélez, el gran problema de estos hechos es si las acusaciones que existen ya están minando en el desempeño público. Una de las intervenciones más relevantes fue la Juan Manuel Osorio, el exdefensor delegado para la orientación y asesoría de las víctimas del conflicto armado interno. Según Osorio, las denuncias de Astrid Cristancho sobre el maltrato que perpetraba Otálora están en lo cierto pues fue testigo de gritos, tonos ofensivos, humillaciones y diferentes perpetuaciones no solo a ella si no a muchos funcionarios de la entidad. El mayor miedo de las víctimas son las amenazas por el poder de quien maltrata: “el defensor se jactaba de ser muy poderoso al ser amigo de grande figuras, directores de medios y había temor de que él estaba por encima de todo”. Finalmente, en este debate que por estos días no termina, se espera que por la legitimidad que implica ser defensor del pueblo y por las altas dignidades que representa, Jorge Armando Otálora, renuncie.