El cofundador de Dejusticia, César Rodríguez, opinó que el protocolo expedido por Alejandro Gaviria acata los fallos de la Corte Constitucional y da vía libre a procedimientos que ya se estaban realizando aunque de manera privada. Por su parte el médico de la Universidad Nacional, Gustavo Quintana, argumentó que con la reglamentación también se está reconociendo el derecho de cada quien a decidir sobre su vida porque esta “es un derecho y no una obligación”. Por el contrario, el concejal por Opción Ciudadana, Marco Fidel Ramírez, cree que la vida es un derecho inviolable, según lo dicta la Constitución, por eso quien practica la eutanasia es “un homicida, pues se está tomando la vida de otro”. Estos argumentos los sostiene Ramírez en la acción de nulidad que presentó ante el Consejo de Estado en contra de la resolución del Ministerio de Salud, considerando que se está violando el artículo 11 de la carta política, donde se prohíbe la pena de muerte. En contraposición a los planteamientos del concejal Marco Fidel Ramírez, Rodríguez Garavito resaltó que la Iglesia no puede dictar la ley y que “las creencias de unos pocos no se pueden imponer a los demás. No se puede exigir a todos los colombianos que sigan la posición que dicta la religión”. Frente a todos los argumentos planteados, la expresidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, Claudia Agámez, consideró que antes de reglamentar la eutanasia en el país, el Estado debe establecer unos mínimos donde se garantice la reducción del sufrimiento de los pacientes propiciándoles los medicamentos y alivios debidos según cada enfermedad, puesto que “el deber de los médicos es salvar a las personas”. Finalmente, Quintana cree que quienes aplican la eutanasia, como él, no pueden ser considerados asesinos o sicarios, ya que estos médicos no se están tomando la vida de nadie que desee conservarla. “Yo no doy la vida, ni la quito, sino que garantizo las condiciones de dignidad que merecen los pacientes”, aseguró. Tweets por el @Semanaenvivo.