La minería ilegal se viene extendiendo por todo el país. Según cifras oficiales, se calcula que en 303 municipios de Colombia se desarrollan trabajos de explotación minera. Dentro de este marco, este tipo de minería extractiva ocupa un alto porcentaje, como lo cuenta María López, directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana: "De 14.357 unidades de producción minera, el 63% no tienen título de explotación. Son ilegales". Según López, estas cifras se vuelven más preocupantes cuando muchos trabajadores de este sector tienen la firme intención de poner su trabajo bajo las reglas del Estado, pero “las exigencias para un minero artesanal hace que sea imposible legalizarse”. A su vez, Álvaro Pardo, director del centro de estudios de minería Colombia Punto Medio, afirmó que "el Estado no está presente. Ha concentrado su mirada a incentivar la gran minería". Por eso “el tema de la minería criminal es tan complejo”. Pardo y López hicieron en Semana en Vivo una aclaración: "No hay que meter a todos los ilegales dentro de la criminalidad", haciendo clara alusión a que la ilegalidad no siempre va de la mano con el uso de la minería para la financiación de grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con el especial hecho por Semana Sostenible, El drama de la minería ilegal y criminal en Colombia, en Ayapel, Córdoba, hay 1200 retroexcavadoras. Por promedio cada máquina paga de vacuna un millón de pesos, para un total de 1200 millones de pesos que las Bacrim recaudan con este tipo de extorsión. En este escenario, Álvaro Pardo alertó que desde ya se debe discutir cómo será un espacio de final de conflicto armado construido sobre la base del actual esquema minero del país. “Aún no se ha dimensionado el daño que la minería ilegal y la criminalidad ha generado en las regiones”. Si bien es un tema difícil de controlar, para el director del centro de estudios de minería Colombia Punto Medio, “lo primero que hay que hacer es una trasformación radical del mapa minero del país (…) junto con una mayor autonomía a las entidades territoriales en ese tema”. Para finalizar, Pardo reafirmó que el “Estado está cada vez mete más la cabeza en las empresas grandes” y políticas como las llamadas licencias exprés y las protecciones fiscales que a muchas multinacionales cobijan, hacen que este problema cada vez se agigante y se esparza por todo el territorio colombiano.