Pese a la solicitud hecha desde el gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación se negó a suspender las órdenes de captura y a dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca. A la negativa también se sumó la Procuraduría, motivo por el cual ha surgido una fuerte polémica entre el Ejecutivo y los órganos de control.
A propósito de esta coyuntura, en Vicky en Semana, el excandidato presidencial Enrique Gómez y el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, debatieron sobre el futuro del cese al fuego bilateral y la situación de orden público en el país.
En primer lugar, Enrique Gómez calificó como “inaudita” la posición del Gobierno nacional para negociar a la par con diversos grupos criminales. “(...) Quieren que eso sea un chicle en donde, sin ningún criterio objetivo, puedan ingresar a este mal llamado proceso de ‘paz total’ todo tipo de delincuentes, que en realidad lo que tienen es que cobijarse bajo el régimen de sometimiento (...). No hay ninguna explicación de por qué organizaciones mafiosas narcotraficantes pueden estar cobijadas en la Ley 2272, que es la que aprobó en mala hora el Congreso de la República”, expuso.
Adicionalmente, Enrique Gómez aseveró que, “como lo quiere el Gobierno, es que el presidente decide con quién abre negociaciones de la ley, con cualquier delincuente”. En tal virtud, opinó que esa dinámica no cumple ningún propósito de pacificar el país; en su lugar, opinó: “Parece estar pasando es que se están pagando promesas y beneficios electorales que el Pacto Histórico recibió durante 2022”.
A su turno, el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, manifestó que Gustavo Petro es presidente desde el 7 de agosto del año pasado, día en que “no surgieron dichas organizaciones criminales”. En ese orden de ideas, indicó que “es responsabilidad tanto de los gobiernos pasados como del gobierno de ahora solucionar ese gran problema”.
“No estamos en el primer día de la creación; es un problema acumulado. Uribe tuvo ocho años para resolverlo, Duque tuvo cuatro años para resolverlo y no lo resolvió”, anotó el congresista.
Sobre el marco que se desarrolló legalmente en el Congreso, Landínez explicó los componentes de la Ley 2272: “Una negociación con grupos insurgentes de carácter político y, dos, con organizaciones armadas de alto impacto”. De paso, el representante recordó el paro armado que llevó a cabo el Clan del Golfo el año pasado, como respuesta a la extradición de alias Otoniel.
“Unas organizaciones armadas, hace un año, en pleno gobierno del expresidente Duque, paralizaron la costa norte colombiana en siete departamentos, decretó un paro armado y esa organización no permitía la movilización de las personas (...). Esa es la realidad del país, y en esa realidad tiene que haber una colaboración armónica para alcanzar la paz, que incluya a la Rama Judicial y el Ejecutivo Nacional”, dijo Landínez en Vicky en Semana.
“Al presidente se le sube la espuma”
Enrique Gómez insistió en que “no se puede revivir la estigmatización”. En esa línea, dijo estar hablando “en nombre de la institucionalidad y de un enorme volumen de colombianos que conocen la ley, la Constitución, la separación de los poderes y que saben que beneficios como los que está reclamando el Gobierno no pueden aplicarse a mafiosos, corruptos y delincuentes”.
“Ese tema de que yo como presidente decido quién tiene alto impacto y quién no, pues me tendrá que explicar también por qué Emilio Tapia es de alto impacto y después me imagino el violador y cualquier otro señor con el cual el Gobierno quiera entrar a negociar”, fustigó Gómez.
En respuesta a lo dicho sobre el paro armado del Clan del Golfo, el líder de Salvación Nacional señaló que alias Otoniel “es un tipo que levantó, en pleno proceso electoral, esos paros para favorecer al Pacto Histórico”.
“Lo que se quiere hacer es un criterio ambiguo (...), es una vaina de secretismo, una vaina oculta. Entonces, al presidente se le sube la espuma porque los funcionarios que representan la institucionalidad, con argumentos, con actos administrativos formales, no le aceptan las reglas ambiguas de esta oscura comisión”, apostilló Gómez.