Un sabor agridulce dejó el paso del Presupuesto General de la Nación de 2012 por el Congreso de la República. Por un lado, fueron acogidas algunas recomendaciones de congresistas que alertaban sobre la falta de recursos para atender a los damnificados por la ola invernal; pero, por el otro, se cerró la puerta para destinar más dinero a las locomotoras que aún no arrancan, como infraestructura y vivienda. La explicación del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, fue contundente: un presupuesto austero ($165,3 billones) le puede ofrecer al país un mayor margen de maniobra en 2012 cuando supuestamente se va a sentir en pleno la crisis internacional. “Estamos con la filosofía de que todo el mundo reciba menos de aquello a lo que aspira”, sentenció. Algunos legisladores se dejaron convencer rápidamente con el argumento de Echeverry, por lo que estuvieron prestos a pupitrear el proyecto. Sin embargo, un grupo de congresistas –la mayoría de los partidos de la Unidad Nacional– insistió en la necesidad de aumentar las ayudas para los damnificados, una situación que podrían capitalizar políticamente por estos días de elecciones. Al final del día, y cuando al Legislativo se le acababa el tiempo para evacuar el proyecto, se decidió apropiar cerca de $2 billones adicionales para la ola invernal. Dichos recursos saldrán de una disminución en el servicio de la deuda, operación que se puede hacer gracias a la tasa de cambio actual. Hasta ahí todo bien. El asunto se complica al mirar el panorama de las denominadas locomotoras, pues es evidente que algunas de ellas no arrancan y necesitan recursos de manera urgente. Por ejemplo, al sector vivienda se le acabó el dinero para subsidiar la tasa de interés para créditos hipotecarios en estratos medios. Es un golpe durísimo al bolsillo de la clase media cuyas consecuencias se verán en 2012. Otra locomotora varada es la de infraestructura. Aunque desde el inicio se afirmaba que “el problema no era de dinero”, a estas alturas en el Ministerio de Transporte están en medio de una crisis de nervios porque no están garantizados los recursos que esperaba para 2014 y que ascienden a $26 billones. En un artículo de Dinero (edición 382, septiembre 16 de 2011) el representante David Barguil ya había advertido sobre los recortes en inversiones fundamentales. Entre las objeciones planteadas estaba que otro Ministerio clave para la economía, como Agricultura, recibirá el año entrante mucho menos de lo programado para la Presidencia de la República, a cuyos programas se destinarán $4,3 billones en 2012. Como si esto fuera poco, aparecieron erogaciones nuevas. Por ejemplo, a última hora fue aprobado un estímulo económico para los integrantes de la Fuerza Pública que resulten afectados por minas antipersonales. También se incluyó un artículo que ordena el recaudo de los dineros no ejecutados por municipios o departamentos y que corresponden al régimen subsidiado de salud. Estos recursos –que se calculan en $500.000 millones– se girarán a los hospitales públicos cuyas finanzas están en ‘cuidados intensivos’. El Presupuesto de 2012 abre un interrogante importante: si las locomotoras del gobierno Santos no arrancaran para el segundo año de gestión, entonces ¿cuándo lo harán?