La huelga en la mina sudafricana de platino de Marikana, que se ha cobrado 44 muertos, entró hoy en la tercera semana de protestas, con sólo un 13 por ciento de asistencia de trabajadores a la explotación y sin atisbo de solución. El absentismo en Marikana, a unos 100 kilómetros de Johannesburgo, llegó hoy al 87 por ciento debido a la presión de los piquetes, informó la compañía británica Lonmin, propietaria de la mina, en un comunicado. "Ha habido casos de intimidación a los conductores de autobús durante la noche, y amenazas a los trabajadores que querían acudir a al sector este de la mina durante la mañana", aseguró la dirección. Ambas partes vienen manteniendo conversaciones desde el pasado viernes, con el objetivo de devolver la calma a la mina de Marikana y restablecer las operaciones. La huelga de Marikana, encabezada por los picadores del sindicato minoritario AMCU (Asociación de la Minería y la Construcción), reclaman un aumento salarial de hasta 12.500 rands (unos 1.200 euros), tres veces más que su retribución actual. El presidente del país, Jacob Zuma, anunció el pasado jueves la puesta en marcha de una comisión judicial de investigación para esclarecer los acontecimientos de la masacre y depurar responsabilidades. La investigación de la IPID El Directorio Independiente de Investigación de la Policía (IPID) informó hoy del inicio de una investigación interna en el seno de las fuerzas de seguridad sudafricanas en relación con la tragedia. "Estamos investigando 34 casos de asesinato", informó hoy el portavoz de la IPID, Moses Dlaminil, en palabras recogidas por la agencia sudafricana de noticias Sapa. Mientras tanto, los 259 mineros detenidos durante los disturbios de la semana pasada en la mina de Marikana comparecieron hoy en Pretoria por segunda vez ante el juez. Los mineros afrontan cargos de desorden público y asesinato, por la muerte de diez personas, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad, durante los primeros compases de la huelga. Un centenar de ellos ha denunciado malos tratos durante su reclusión en las comisarías cercanas a la explotación, confirmó el IPID. EFE