¿Tráfico con procesos fiscales en el Valle?

Esto después de que, durante un ejercicio control especial, la Auditoría General de la República encontró que los términos de varios de ellos estaban vencidos y que cerca de $20.000 millones saqueados del fisco departamental por funcionarios corruptos están a punto de perderse definitivamente. La alerta temprana sobre lo que ocurría allí la dio el influyente diario El País de Cali, que en marzo denunció la posible “cartel” dentro del órgano de control departamental, cuyos miembros estarían obteniendo lucro personal con decisiones espurias: archivo y modificación del rumbo de los procesos de responsabilidad fiscal. Si bien todavía no está probado ningún pago, las evidencias halladas recientemente por los auditores tienden a reforzar la hipótesis. En un caso en el que los recursos de la empresa de licores del departamento fueron esquilmados mediante el uso de cheques sin fondos y otras maniobras dolosas, los responsables fueron identificados pero la acción que serviría para hacer efectivo el cobro de más de $9.000 millones caducó. Mediante una curiosa interpretación de las normas, la Contraloría consideró que el dinero ya era incobrable y se abstuvo de incluir a los responsables en el boletín de deudores fiscales. Las indagaciones preliminares que superan el término de seis meses para su trámite hacen parte allí de una perniciosa realidad cotidiana. También se integran a ese mismo paisaje los informes preliminares que incluyen varios hallazgos que luego, como por arte de magia y sin razones jurídicas que ofrezcan sustenta, desaparecen de los informes definitivos. En otros casos los montos de los perjuicios fiscales son estimados arbitrariamente y, por ejemplo, en un caso en el que los denunciantes hablaban de un detrimento de cerca de $30.000 millones, los investigadores lo fijaron de manera caprichosa en $5.000 millones y hasta hoy no han justificado técnicamente su decisión. ¿Quién responde por esto? La auditoría especial concluyó que las responsabilidades de lo que ocurre en esa contraloría territorial son imputables al propio contralor departamental, Adolfo Sinisterra; a Gloria Alarcón, directora de responsabilidad fiscal, y a Nancy Acosta, subdirectora de Investigaciones Fiscales, lo mismo que a 17 funcionarios subalternos. Quizá por la urgencia con la que fue practicada, los resultados de la auditoría inicial podrían parecer insuficientes: cinco hallazgos de carácter administrativo, dos de tipo disciplinario y uno de tipo penal. Sin embargo, a renglón seguido se inició una auditoría ordinaria que ha supuesto que los investigadores permanezcan de tiempo completo en la Contraloría con la misión de encontrar más fisuras y grietas. El contralor Sinisterra ha dicho que no busca soslayar los hallazgos, pues los considera particularmente graves, pero que está seguro de que el dinero que está embolatado en los procesos fiscales será recuperado. Los ojos de la opinión se dirigen ahora hacia la justicia penal y hacia la Procuraduría porque la hora de los castigos integrales parece haber llegado. (Mañana: el pagador que tomó las de Villadiego).