No estoy de acuerdo con que la policía pueda llevarse a un ciudadano en un vehículo sin distintivos y conducido por gente vestida de civil que nadie sabe que es la autoridad. Menos si el ciudadano no representa un peligro para la comunidad, como parece ser el caso sobre el que hablaremos en esta columna. En un país como Colombia, esa práctica solo nos hace recordar a todos aquellos que nunca regresaron después de ser subidos a un carro cualquiera a la fuerza. Los mataron, los desaparecieron; en la mayoría de casos nadie pagó por ellos, y en otros se comprobó la participación de agentes del Estado o de bandas dedicadas al crimen. En muchas familias los siguen esperando. Este procedimiento atemoriza porque es propio de las mafias y las organizaciones delictivas, y no de las autoridades que tienen la obligación de garantizar la seguridad y la vida. Puede leer la columna completa aquí.