Lo que algunos desean es que la verdad sobre la financiación de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos pase a la historia como una verdad que todos conocieron, pero que nadie quiso descubrir, haciéndola pasar por una mentira. Una verdad que quiere esconderse en la prescripción, en que tal vez paguen los más débiles de la cadena. Aunque las evidencias y los testigos están, no hay voluntad política ni judicial para llegar al fondo de estos hechos. También es una realidad que el nobel aún tiene mucho poder y ha movido sus fichas de manera acertada para esquivar las investigaciones en su contra o contra los más allegados a la contienda.
Las cosas están así. En la Comisión de Acusación el proceso Santos-Odebrecht se paralizó –y quizás se murió– luego de la salida del caso del recusado representante Ricardo Ferro, quien fue sacado a escobazos tras decretar varias pruebas que nunca se ejecutaron: los expresidentes Uribe y Pastrana, que habían sido citados en la comisión, no fueron escuchados; tampoco se suscribió el acuerdo con las autoridades de Brasil para recibir información directamente; y la intención de Ferro de incorporar al proceso las pruebas que entregó la fiscal de las investigaciones de Odebrecht, Amparo Cerón, tampoco se cristalizó. Todo quedó en suspenso, y para colmo de males, el presidente de la comisión, el congresista de La U por el Cauca John Jairo Cárdenas, santista consumado, se autonombró investigador en el caso frente a los ojos del país, y nadie pudo impedirlo. El contenido del documento en el que se autodenomina raya en la ridiculez... Lea la columna completa aquí