Carrerón jurídico

El pasado 4 de julio, día en que se promulgó la nueva Constitución, el Gobierno tuvo que hacer todo un carrerón jurídico contra reloj. Debido a la entrada en vigor de la nueva Carta, ese día se terminaban intempestivamente unas facultades extraordinarias que el Congreso le había dado al Presidente en la pasada legislatura para reestructurar varias entidades del sector público, previo visto bueno de la Comisión Interparlamentaria. En consecuencia, fue necesario elaborar velozmente los decretos que van a permitir la privatización total o parcial del Banco Cafetero, de la Caja Agraria y la creación de una nueva empresa que manejará las explotaciones de sal y que reemplazaría a la actual Concesión Salinas.