A raíz de las acusaciones que les formuló la justicia norteamericana, de montar una red con el gobierno sandinista para el narcotráfico, Pablo Escobar y Fabio Ochoa, hijo, nombraron como abogado al norteamericano, de origen latino, Frank Díaz. Este se reunió tanto con el Juez de la causa como con el Fiscal general. Ambos le manifestaron que Escobar, Ochoa y Federico Vaughan tenían que pagar una fianza de diez millones de dolares. El abogado Díaz comunicó lo anterior a Pablo Escobar y a Fabio Ochoa quienes decidieron no pagar la fianza, a pesar de la promesa del Fiscal y del Juez en el sentido de que si la cancelaban y se presentaban, automáticamente quedarían en libertad --bajo fianza--.