En uno de los puntos conclusivos de la providencia con que se resuelve la situación jurídica al senador Álvaro Uribe, hay un dato monetario. El expresidente deberá pagar una caución de 100 salarios mínimos, es decir, casi 90 millones de pesos. El monto es una especie de póliza judicial que ordena la ley dentro del curso de un proceso, con el fin de garantizar que el procesado cumpla con lo dispuesto por el juez, en este caso la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Si hay desacatos a la orden judicial, la suma se podría perder. Si no, al final del proceso, la justicia debe reembolsarle al procesado la cifra íntegra.