Pese a que las víctimas y varios sectores políticos criticaron la condena de la JEP, que dio ocho años de sanciones restaurativas a exjefes de las Farc por secuestro, en algunos sectores consideran que con esa decisión los magistrados les lanzaron un salvavidas a los exguerrilleros en plena campaña electoral, cuando el partido Comunes desaparecerá si sus candidatos no consiguen votos para hacerse elegir en marzo de 2026.
Según la JEP, la condena obliga a los exguerrilleros a moverse por el país resarciendo a las víctimas y le pidió a la UNP reforzar su seguridad y disponer de camionetas blindadas, cuya gasolina paga el Estado. Como si fuera poco, ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “sufragar gastos de alimentación, elementos de aseo, vestuario apropiado según el clima de la región y cualquier otro insumo que requieran los sancionados para su bienestar propio”.