CONTRA LAS CUERDAS

La mafia está en desbandada. Pablo Escobar y Carlos Lehder, los dos hombres que hace apenas 15 días eran vistos como los símbolos de ese nuevo poder que, tanto en lo político como en lo económico, se estaba adueñando del país, perdieron el primer round con el establecimiento.
Pablo Escobar, cuyas multimillonarias inversiones en obras cívicas lo estaban convirtiendo en una de las fuerzas electorales más grandes de Antioquia, fue súbitamente llamado a "calificar servicios" por Alberto Santofimio Botero, jefe de "Alternativa Liberal", el movimiento del cual formaba parte. Santofimio, alegando que desconocía antecedentes de Escobar, tomó esta determinación como consecuencia de una publicación aparecida en El Espectador el 25 de agosto pasado, en la cual se demostraba que en junio de 1976 Escobar había sido arrestado como parte de una banda de narcotraficantes que habían sido capturados en Itagui en un operativo del DAS en el cual incautaron 39 libras de cocaína. La información registraba que venían de Nariño. Posteriormente, en septiembre del mismo año, un juez de Pasto revocó el auto de detención que había proferido el juez de Itagui, pero el 26 de noviembre siguiente el Tribunal Superior de Medellín expidió una orden de captura que determinó la fuga de Escobar. Sin embargo, en enero de 1977 le fue concedido a Escobar el beneficio de la excarcelación, previa consignación de 1.500 pesos en efectivo como caución y la obligación de presentarse cada 15 días al juzgado.
En este momento, la Procuraduría no sólo abrió proceso disciplinario para verificar por qué se cerró el caso, sino que solicitó al ministerio de Justicia el cambio de radicación del mismo, por considerar que en Medellín no existen suficientes garantías para adelantarlo imparcialmente.
Aun cuando era de conocimiento público la vinculación con el tráfico de estupefacientes, no se había podido encontrar ninguna evidencia concreta que oficializara el asunto. A tal punto, que su visa para entrar a los Estados Unidos estaba vigente hace dos semanas, cuando le fue revocada como resultado de la noticia. Esta visa había sido solicitada por el gobierno colombiano el 16 de noviembre de 1982 en un memorial que se tramita rutinariamente para visas de parlamentarios. Escobar, resignada y disciplinadamente, aceptó la baja y manifestó que renunciaría a la inmunidad parlamentaria para defenderse, pero que continuaría con sus campañas cívicas. Se ha filtrado, sin embargo, que cerró su empresa de TV "Antioquia al día" y que, después de inaugurar la iluminación de dos canchas de fútbol, suspenderá sus proyectos de "Civismo en marcha".
La fuga de Lehder
Lehder, por su parte, se enfrentó a problemas más serios. El gobierno de los Estados Unidos, invocando el controvertido Tratado, solicitó su extradición. Veinticuatro horas después, el hombre de las bonanzas había desaparecido. Toda suerte de conjeturas se tejieron en torno a su paradero: mientras voceros suyos afirmaban que permanecía en el país y que seguiría actuando desde la clandestinidad, otros más, incluyendo al embajador norteamericano, Lewis Tambs, aseguraban que se encontraba en Cuba. En realidad, SEMANA se enteró de que Lehder se encuentra en el Brasil.
Al parecer, Lehder había recibido información acerca de que se había solicitado su extradición y de que el ministerio de Justicia le expediría orden de captura, razón por la cual viajó a Medellín. Allí se hospedó en casa de un amigo, apodado "El sano", en donde se sentía seguro. Haciendo alardes carnavalescos se le vio en la avenida 70 en caravanas de carros, lanzando "abajos" al tratado de extradición y al ministro de Justicia. En casa de "El sano" permaneció alojado hasta el 7 de septiembre. Ese día leyó en "El Colombiano" la noticia de que se había librado contra él una orden de captura. Rápidamente alistó sus maletas y salió en un Renault 4 hacia una pista en la cual lo esperaba una avioneta que lo llevó hasta una hacienda en Necoclí.
Todo había sido preparado con días de anterioridad. La salida en Renault 4 se hizo para despistar: "a un mafioso no lo buscarían en un carro pobre", dijo uno de sus hombres. Pero se sabe que ese día iba custodiado discretamente por tres Nissan y cerca de 15 escoltas. Lo último que hizo antes de salir fue firmar un cheque que le entregó a su secretario, Camilo McAllister, para pagar a "La Patria" la impresión de "Quindio Libre". "Para que no digan que me fugo por ladrón o porque no tuve con qué pagar", dijo.
Ya en la hacienda de Necoclí lo esperaban un avión y un helicóptero. El avión hizo un vuelo para despistar, rumbo a Panamá y México, piloteado por un "voluntario", en el cual no iba Lehder. Mientras tanto, éste se montó en el helicóptero que lo dejó probablemente en algún lugar del Vichada en donde tomó un avión que lo llevó a Manaos. Al parecer, de allí habría salido hacia otra ciudad del Brasil donde lo estaban esperando unos amigos y es probable que esté instalado en un apartamento de su propiedad.
Ofensiva del gobierno
El repliegue de los detentores de los "dineros calientes" estuvo acompañado por una ofensiva gubernamental en diversos frentes. La más espectacular fue la suspensión de las licencias de vuelo para cerca de un centenar de avionetas y helicópteros por sospecha de haber savido, en una u otra forma, al tráfico de drogas. El episodio causó revuelo, pues la lista, remitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes a la Aeronáutica Civil, resultó tan amplia que incluyó matriculas de aviones pertenecientes a personas que nada tienen que ver con esta actividad, así como aeronaves estrelladas y fuera de servicio, como un Electra de Aerocóndor que no ha volado desde hace 3 años. Esto ha llevado a demandas jurídicas --se dice que hasta el momento alcanzarían la cifra de 50 millones de pesos-- y a la revocación de la medida para algunas de las avionetas que habían sido incautadas. A pesar de todo, algunas aeronaves lograron fugarse antes de que se hiciera efectiva la suspensión de vuelos. Como dato concreto, se le canceló la licencia de vuelo a un Jet ejecutivo registrado a nombre de Carlos Eduardo Restrepo Gaviria, identificado como la nave de dos turbinas en la cual se transportaba Escobar, lo mismo que a dos avionetas registradas a nombre de Isabel Lehder Rivas, hermana de Carlos Lehder.
Coincidió con todo esto la presentación al Congreso por parte del gobierno, del proyecto de asistencia mutua con los Estados Unidos, que es el instrumento que permite poner en práctica el controvertido Tratado de Extradición (ver recuadro). El gobierno está muy interesado en la rápida aprobación de éste, pero se empiezan a levantar voces en contra, alegando tanto inconstitucionalidad como violación de la soberanía nacional que hacen pensar que su trámite no será automático.
Las alas recortadas
Una combinación de dos factores, la presión de la opinión política y la acción del gobierno, cambiaron de la noche a la mañana las perspectivas que tenían en el país las inmensas fortunas derivadas del narcotráfico durante los últimos años. Si bien hace algunas semanas se sintió la irrupción del narcotráfico en la vida pública, actualmente, por un efecto de péndulo, lo que rema es un aire moralizador empeñado en bloquearle definitivamente la entrada.
En gran parte, fue el exhibicionismo de los protagonistas el que propició su caída. Justa o injustamente, además de las cabezas de los capos rodarán las de personas que, en una u otra forma, han estado presentes en este capituló. Por asociación con los caídos, Alberto Santofimio, cuyo tardio distanciamiento de Escobar no ha logrado neutralizar la percepción de la opinión pública de que conscientemente le había entregado su movimiento a los dineros calientes. Como víctima de una bala perdida, en esta batalla, también está en juego la cabeza del ministro de Justicía, Rodrigo Lara Bonilla, cuya caída en la ya famosa "celada" alteró drásticamente el rumbo de su carrera política.
Una incógnita, sin embargo, queda vigente . Terminado el primer round del enfrentamiento entre el establecimiento y la mafia aún no se sabe si éste segundo contendor ha sido "noqueado" o está simplemente tomando aire en su esquina.--

El otro tratado
A mediados de la semana pasada la Cámara de Representantes fue escenario de un interesante Foro sobre el Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) suscrito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos durante la administración Turbay Ayala.
Convocado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores representante conservador José Benigno Perilla --tras ser propuesto por el representante Luis Lorduy Lorduy --el foro reunió a importantes figuras políticas y jurídicas del país. El ex ministro Virgilio Barco Vargas, quien fuera embajador en Washington en agosto de 1980, y quien por ello suscribiera por Colombia ese texto, abrió las intervenciones en el Foro haciendo una fría lectura de un documento respaldando el Tratado. Tras él intervinieron el jurista Heraclio Fernández Sandoval y Carlos Lemos Simmonds, en sentido idéntico al ex ministro liberal. Lemos fue quien el 28 de julio de 1982, en su calidad de Canciller hizo la exposición de motivos del mencionado instrumento internacional.
En términos generales, el TALM es una especie de "brazo ejecutor" del tratado de extradición recientemente discutido en el país, que contempla la extradición de nacionales colombianos a Norteamérica.
El que ahora comienza a analizarse prevé la posibilidad de que los dos países se presten asistencia legal mutua en la realización de investigaciones y en la práctica de diligencias de carácter no sólo penal, sino civil y administrativo, lo que incluiría la viabilidad de trasladar prisioneros entre ambos Estados, realizar exámenes e inspecciones de personas, objetos y lugares, la exhibición de documentos o elementos de prueba de cualquier índole ante las autoridades de Colombia y Estados Unidos, etc. Sin embargo, y dado el evidente nexo que los expertos hallan entre éste y el tratado de extradición, la discusión del de Asistencia Legal Mutua ha comenzado también a desgarrarse entre un injusto dilema: quienes critican este tratado corren el riesgo de ser vistos como partidarios, en algún grado, del narcotráfico. En el ambiente moralizador reinante en el país en estos momentos suscitado por los más recientes escándalos protagonizados por los agentes de los "dineros calientes", este debate correría así el riesgo de nublar la discusión sobre los verdaderos méritos y alcances del Tratado de Asistencia Legal Mutua.
De todas maneras, el análisis de esá discusión no deja de tener enorme interés. Si bien para sus defensores el TALM debe ser aprobado por el congreso ante el auge internacionalizado de la criminalidad, lo que supone disponer de nuevos mecanismos para evitar la impunidad de tales delitos, sus oponentes señalan que tal iniciativa es simplemente violatoria de la constitución nacional y atenta contra la soberanía colombiana. Entre las personalidades que sostienen esto último se cuentan el actual Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y los juristas Luis Carlos Pérez Esteban Bendeck Olivella Arturo Valencia Zea, Juan Montes Hernández y Germán Cavelier. Todos ellos llevaron la palabra ante el foro de la Cámara presentando calificados argumentos sobre la presunta inconstitucionalidad del TALM Cavelier, por ejemplo, adujo que dicho instrumento internacional era violatorio de la constitución por transferir facultades propias del Presidente de la república al Procurador General de la Nación. Montes Hernández explicó, por su parte, que de ser aprobado el TALM los ciudadanos colombianos quedarían en adelante sujetos al obedecimiento de dos leyes: la nacional, por mandato de la Constitución, y a la norteamericana, por mandato del Tratado, ya que éste abarcaría conductas penales que no están consideradas como tales en la legislación colombiana.
El tratado concretamente se dirige, según los expertos, a impedir la fuga ilegal de divisas de Estados Unidos a Colombia; por eso tal documento eliminaría la reserva fiscal y la bancaria para ambos países.
Antonio Duque Alvarez, director Nacional de Instrucción Criminal y Alto Comisionado de la Comisión de Paz para el Magdalena Medio, señaló que el tratado había sido confeccionado con base en el nuevo código de procedimiento penal, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en meses pasados.
Por razones semejantes el parlamentario Lorduy Lorduy pidió durante el Foro que el presidente de la República "renegocie el Tratado ajustándolo al derecho público interno de la nación y a nuestra carta Magna".
Se sabe que tratados similares al comentado han sido suscritos entre Estados Unidos y Turquía y Estados Unidos e Israel, pero que, a su vez, han sido rechazados por México y Guatemala.