La Procuraduría, junto con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la financiación de la Agencia Catalana para de Cooperación y Desarrollo, hicieron un estudio sobre el control que ejercen los organismos estatales a las empresas que administran la salud en el país. El hallazgo, en pocas palabras, es que el control ha sido deficiente y esto ha afectado la salud de los colombianos, porque las Empresas Promotoras de Salud (EPS) han concentrado sus esfuerzos en la competencia y las ganancias económicas y no en mejorar el servicio y ampliar la cobertura. | Foto: Archivo Semana