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¡Auxilio!
Los colombianos se sienten estrangulados con los nuevos impuestos. SEMANA le explica cómo lo afectan a usted las últimas reformas.
Asu regreso de las vacaciones los colombianos se encontraron con una dura realidad: más impuestos, condiciones de trabajo más duras y pensiones más lejanas y con menos ingresos. Estos son los sacrificios que trajeron las reformas económicas que el gobierno presentó el año pasado al Congreso y que fueron aprobadas en vísperas de Navidad. En esas fechas, sin embargo, ya todo el país entraba en el júbilo colectivo de las vacaciones y no tenía ni cabeza ni interés en digerir la letra menuda de los textos aprobados y establecer el verdadero alcance de las reformas. Fue sólo con el año nuevo que los colombianos empezaron a entender lo que se les vino encima. Pasaron las rumbas decembrinas, las caravanas turísticas y la sensación de libertad y llegó el guayabo de enero, como nunca antes se había sentido. Pero no porque lo vieran o lo leyeran en titulares abstractos y lejanos en los medios sino porque lo empezaron a sentir en carne propia: al hacer sus compras en el supermercado, al pasar las cuentas de cobro, al ser despedidos, al trabajar de noche o los domingos. Otros colombianos sentirán las reformas, no al hacer las compras sino al recibir el cheque con el sueldo. A pesar del aumento de año nuevo la mayoría de los trabajadores verán reducidos sus ingresos en virtud de la reforma laboral. Y muchos otros se darán cuenta de que, para poder jubilarse, deberán trabajar más tiempo del que creían para recibir después una menor pensión. Todo esto es muy duro para una población como la colombiana, que sigue agobiada por el desempleo, con 60 por ciento de la población en la pobreza, y cuando lleva cuatro años oyendo hablar de una reactivación que nunca llega. A las personas que han empezado a sentir los rigores del ajuste les sirve de poco consuelo que el gobierno les hable del lado amable de las reformas. Ni de sus virtudes macroeconómicas, que sólo entiende el gueto de los economistas. Que Colombia se ha vuelto un destino atractivo para la inversión extranjera, según lo reconoció, por ejemplo, The New York Times; que la tasa de interés de los créditos externos del país ha bajado a la mitad desde agosto pasado, y esto a su vez garantiza la estabilidad del dólar y de los tipos de interés internos. Estas son buenas noticias para los economistas, quienes entienden que, sin unas tasas bajas y un dólar estable, la economía no puede crecer. Pero el crecimiento sigue siendo, por ahora, sólo una vaga promesa. Y mientras tanto la mayoría de las familias no sabe con qué hacer mercado. Para todos Los colombianos ya se habían acostumbrado a padecer una reforma tributaria cada dos años. No obstante, la última que se aprobó es más dura que las anteriores. No salió peluqueada del Congreso, como suele ocurrir con estas reformas, sino que terminó más bien fortalecida. Se crearon nuevos impuestos a partir de 2003 y otros adicionales a partir de 2005. Al menos esto permite suponer razonablemente que, al menos durante este gobierno, no habrá más reformas tributarias. De los nuevos impuestos no se salvó nadie. Las 315.000 personas y 178.000 empresas que pagan renta tendrán una sobretasa de 10 por ciento en este impuesto por un año, que después se dejará en 5 por ciento en forma permanente. Desaparecerán cerca de 20 exenciones al impuesto de renta que existían antes por conceptos como la utilidad en venta de acciones, terneros o apartamentos. Además las empresas ya no podrán deducir la totalidad de lo que paguen en tributos locales (predial, industria y comercio) a la hora de calcular el impuesto de renta. Sólo podrán deducir el 80 por ciento por este concepto. Todo esto, sumado al impuesto al patrimonio del 1,2 por ciento que se termina de pagar este año, tiene un peso considerable en los presupuestos de las empresas. Pero el capítulo más importante de la reforma tributaria es el que tiene que ver con el IVA, pues afecta a todos los consumidores. En este punto el gobierno fue incluso más allá de lo que se había propuesto en un principio. La idea inicial era cobrarle este tributo a más productos y servicios, pero dejando exentos algunos que tienen un peso importante en la canasta familiar. Pero finalmente optó por gravarlos todos. Algunos a partir de este año y los restantes en 2005. De ese año en adelante el IVA en Colombia se aplicará a todos los bienes y servicios sin absolutamente ninguna excepción. Esto es algo que muchos técnicos consideran deseable porque facilita enormemente el control a la evasión y ayuda a formalizar las cadenas productivas. Hay muchos profesionales independientes y empresarios rurales que ganan mucha plata y no se molestan en declarar un peso. En adelante les quedará mucho más difícil pues a través del IVA se registran todas las ventas: desde servicios médicos hasta venta de ganado. Este registro le permitirá a la administración de impuestos deducir las ganancias de todas estas personas que hoy en día están por fuera del torrente tributario. Pero el Impuesto al Valor Agregado también tiene un inconveniente. Aunque los ricos pagan la mayoría del IVA, porque consumen más, a los pobres este impuesto los golpea con más fuerza porque su ingreso es muy reducido y cualquier aumento les descuadra el presupuesto. Esto llevó a muchos analistas y congresistas a oponerse al cobro generalizado del IVA. Al final, no obstante, se impuso el criterio del gobierno de universalizarlo, pero aplicando una tasa más suave, de 2 por ciento, a los rubros que más pesan en la canasta de las familias de menores ingresos. Otro punto muy importante de la reforma tiene que ver con la exención para los ingresos de los asalariados. Esta se limitó, de manera que quienes ganen a partir de 2003 más de 16 millones de pesos mensuales tendrán que pagar más impuestos. Para el resto de los mortales la exención de los ingresos laborales, que antes era del 30 por ciento, se redujo a 25. Este 5 por ciento se notará a la hora de pagar la retención en la fuente y de declarar renta para quienes tienen esa obligación. Las personas que ganan menos de dos millones de pesos al mes, que son el 95 por ciento de los asalariados de acuerdo con las encuestas del Dane, no se verán afectados porque no están obligados a pagar retención. Punto sensible De las reformas aprobadas la más polémica es, sin duda, la laboral. Lo es porque afecta los ingresos de los trabajadores, incluidos los de ingresos bajos, y también porque existen dudas sobre su efectividad. De acuerdo con el texto aprobado la jornada diurna irá desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El gobierno argumenta que durante esas 16 horas los empresarios podrán contratar dos turnos sin tener que pagar el recargo nocturno, y así se va a generar más empleo. Una lógica similar es la que hay detrás de la reducción de algunos recargos, como el dominical y de los aportes parafiscales para cierto tipo de empleados. Este argumento, sin embargo, ha sido controvertido por dirigentes sindicales y analistas. Estos han señalado, con razón, que el hecho de que sea más barato contratar no implica, en sí mismo, que las empresas vayan a enganchar más gente. De hecho, la mitad de los trabajadores del país están en la informalidad, sin recargos ni parafiscales ni nada de eso, y aún así el desempleo está disparado. Por eso los analistas coinciden en que lo que genera empleo es, en últimas, la demanda y el crecimiento de la economía. Las empresas contratan nueva mano de obra cuando la necesitan, no cuando está barata. Los defensores de la reforma laboral aclaran que con ella, cuando haya demanda, se crearán más puestos de trabajo de los que se generarían sin la reforma puesto que será más barato contratar. Pero esta no fue la idea que transmitió el gobierno, que vendió la reforma más o menos como la generadora automática de 400.000 empleos. De ahí el escepticismo del público y la angustia de los trabajadores, que ya no podrán 'cuadrarse' con los recargos y las extras. Otra reforma que afectará a los empleados es la pensional. El gobierno fracasó en su intento de aumentar la edad de jubilación, que finalmente quedó igual a la que estaba estipulada en la Ley 100. De todas maneras a los trabajadores les va a tocar trabajar más tiempo, pues se incrementó el número de semanas de cotización que se requieren para tener derecho a la pensión. Esto último afectará incluso a quienes estaban cobijados por el régimen de transición de la Ley 100. Además se cambiaron las fórmulas para calcular el monto de las mesadas, de forma que éstas se reduzcan. Cuanto más alto sea el salario mayor será la reducción en las mesadas. Estas medidas afectarán a los afiliados al sistema de prima media. Es decir, el ISS y las cajas. A los que están en fondos privados no les cambiarán tanto las condiciones: se pensionarán a cualquier edad, cuando hayan ahorrado un capital suficiente en su cuenta individual y el monto de la pensión seguirá dependiendo de las reservas que hayan acumulado. Lo que sí afectará a los trabajadores de ambos sistemas, y a sus empleadores, es el aumento en las cotizaciones. Actualmente los aportes para pensiones son de 13,5 por ciento del salario, pero subirán 2 puntos adicionales en forma gradual entre 2004 y 2006. Las personas que ganen más de 16 salarios mínimos tendrán aumentos adicionales en las cotizaciones (ver cuadro). Los cambios de la reforma pensional son odiosos pero absolutamente necesarios pues el sistema está desfinanciado. Hay quienes calculan que lo seguirá estando aun después de este esfuerzo aunque la reforma, al reducir las pensiones a cargo del ISS y del gobierno, las vuelve pagables. Como estaban las cosas antes el gobierno muy probablemente no iba a tener con qué responderles a los jubilados. Las reformas económicas que se aprobaron en diciembre y se están aplicando ahora son realmente muy duras, y lo son aún más por el hecho de ser simultáneas. Pero lo que todo el mundo espera es que después de este sacrificio que están haciendo los colombianos en uno de los momentos más difíciles de su historia estas reformas ayuden a crear las condiciones para que la economía por fin despegue. De hecho, según varios sondeos, un porcentaje creciente de los empresarios expresa su confianza en que los negocios, la seguridad y el país en general van a mejorar. Para que el ajuste haya valido la pena, sin embargo, la promesa de prosperidad, empleo y mayores ingresos tiene que convertirse en realidad. De lo contrario los sacrificios habrán sido en vano con un costo social incalculable.