Cuenta nueva

Esta semana que pasó las comisiones terceras de Senado y Cámara aprobaron un proyecto de ley que además de definitivo para sanear las maltrechas finanzas del Estado inicia una verdadera revolución en el sistema de educación pública. Se trata de la ley que reemplazará la vieja ley 60 de 1993 que regulaba la distribución de recursos del gobierno nacional a los municipios y departamentos. Se espera que antes de que terminen las sesiones este año el proyecto reciba el visto bueno de las plenarias y pase a sanción presidencial.

Este gobierno resolvió enfrentar el problema fiscal que representaban las crecientes transferencias de recursos de la Nación a las regiones. Aplicó una solución de dos etapas: la primera fue el famoso acto legislativo 012, que tantas protestas levantó y que fue aprobado a mediados de este año. La segunda es esta ley que ahora está apunto de ser aprobada por el Congreso.

La propuesta inicial del gobierno, que pretendía sobre todo atender el problema fiscal, se convirtió también en una norma que busca ordenar el caos reinante en la descentralización. Como ésta venía dándose en la práctica, había conflictos de competencias entre unas entidades y otras, falta de control, recursos fluctuantes que han impedido una planeación sensata del gasto social por parte de los mandatarios locales. Más grave quizás, ha sido el hecho de que el creciente volumen de recursos destinados en los últimos años a atender la educación y la salud no necesariamente han significado una mayor cobertura o una mejor calidad.

La bolsa

Con el acto 012 se abolieron los viejos sistemas de transferencias: el situado fiscal a departamentos, participaciones a municipios y fondos extraordinarios para completar la nómina de maestros. A cambio se creó una sola bolsa de recursos llamada Sistema General de Participaciones (SGP), de la cual saldrán la totalidad de los dineros para educación, salud, agua potable y saneamiento y otras inversiones sociales.

Además la Nación les garantizó a los entes territoriales que sus recursos no fluctuarían al vaivén de la economía sino que crecerán al 2 por ciento sobre la inflación hasta 2005 y el 2,5 por ciento hasta 2008.

Esa fue la primera etapa. La segunda, que es la nueva ley, lo que hace es decir cómo se deben distribuir los 12 billones de pesos que tendrá esa bolsa a partir de 2002, y que dicho sea de paso implica un crecimiento enorme en el gasto social. La cifra es superior al total de lo que se recauda en un año por IVA.

Como quedó aprobado el proyecto en comisiones, antes de distribuir los recursos a las entidades territoriales de esa bolsa se destinará un 2,9 por ciento a alimentar el Fondo de Pensiones Territoriales y el 0,5 por ciento para reforzar la alimentación de los niños en edad escolar.

Luego de estos descuentos, más de la mitad de los recursos irán para educación, una cuarta parte para salud. El 5,5 por ciento será para agua potable y saneamiento y un 11 por ciento será de libre destinación para que alcaldes y gobernadores puedan invertir estos recursos según su plan de gobierno.

La plata tras los niños

En adelante la plata para educación se distribuirá, no como antes según la nómina de maestros o la capacidad de presión de los mandatarios locales, sino según los niños que estén estudiando y los que aún estén por atender. Ese es el revolcón educativo de esta ley.

Un ejemplo aclara las cosas. Con el régimen de ley 60 hoy el departamento de Córdoba recibe 340.000 pesos por la educación de cada niño por año mientras que el de Boyacá recibe 905.000 pesos. “La idea es que esas inequidades terminen, explica el senador Augusto García, uno de los ponentes de la ley. También que donde haya exceso de maestros, éstos deben ser trasladados a donde hay escasez”.

Por eso la ley contempló un período de transición de dos años. En este lapso el gobierno deberá tener un sistema de información confiable que le permita saber a ciencia cierta dónde están los niños atendidos y por atender para así destinar los recursos acorde. Una vez se tenga esa información completa el gobierno nacional trasladará unos recursos fijos por cada niño según unos criterios establecidos La ley reconoce las diferencias que puede haber en los costos de educar a un niño o una niña en preescolar, primaria o secundaria; así mismo si es urbana o rural, o si, como sucede en los departamentos nuevos, las distancias son muy amplias y los costos de transporte son muy altos.

El traslado es una tarea delicada. “No se trata de atropellar a los maestros sino de reconocer cómo y a quiénes es menos traumático trasladar”, dice el ministro de Educación, Francisco Lloreda.

Ponerle techo al crecimiento de la nómina de maestros, reestructurar plantas y meterle incentivos nuevos para mejorar la calidad de la educación implica cambiar las reglas por las cuales los maestros ascendían en el escalafón. Esta norma y unas facultades que le da la ley al gobierno para reformar el estatuto docente son las que más resistencia han tenido por parte de senadores como Jaime Dussán, que representa la voz de Fecode. “Estoy de acuerdo con reformar el estatuto docente pero no por decreto sino por ley, dijo Dussán a SEMANA. Tampoco creo que sea materia de esta ley congelar el escalafón o reglamentar la carrera administrativa”. Dussán anunció que si bien votó en favor del proyecto en comisiones, debatirá estos puntos en la plenaria la próxima semana.

Otro gran cambio que introduce la ley es que profundiza la descentralización, puesto que ahora trasladará los recursos para educación directamente a los municipios con más de 100.000 habitantes y a los más pequeños que sean certificados como idóneos.

Esta ley también introduce sistemas de evaluación a maestros y niños; les da nuevas funciones a los rectores de los colegios y los somete a evaluación de la comunidad académica, incluidos niños y padres de familia, y permite claramente que las entidades territoriales contraten el servicio de educación pública con particulares con trayectoria, acreditados en un sistema nacional que se creará para tal fin.

Salud municipal

En materia de salud la reforma que trae la Ley no es tan profunda pues el cambio de filosofía ya lo había hecho la compleja ley 100. No obstante sí busca ordenar las competencias entre municipios y departamentos (ver recuadro). La ley también regula las transferencias para atender agua potable y saneamiento y otras inversiones sociales.

Si la nueva ley 60 sale airosa del Congreso es mucho el trecho que se habrá recorrido para fortalecer lo mejor de la descentralización y para corregir las perversiones que había mostrado en sus primeros siete años de funcionamiento.