Sigue la puja entre autoridades y vendedores por el Código de Policía

El nuevo código de Policía trae varias novedades para los colombianos. Una de ellas es el procedimiento que las autoridades deben seguir para proteger el espacio público, en el que a diario 500.000 personas de las zonas urbanas comercializa varios productos.

La norma establece que como primera medida, la Policía tendrá que multar a quien encuentre ocupando el espacio público sin autorización por hasta cuatro salarios mínimos, que este año equivalen a $2,9 millones. Si el multado reincide, los agentes podrán decomisarle o destruirle su mercancía, pero el afectado podrá defenderse ante un inspector de Policía.

El problema, de acuerdo con el representante Inti Asprilla, es que los agentes no están respetando el debido proceso en estos casos. “Lo más grave es que no se está cumpliendo la directiva del presidente Juan Manuel Santos de que primero se deben imponer comparendos pedagógicos”, señaló el representante.

Aunque tanto los vendedores ambulantes como sus defensores, entre ellos Asprilla, consideran que tanto la multa como la incautación o destrucción de la mercancía son inconstitucionales pues van contra el derecho al trabajo de estas personas, el congresista aseguró que debería seguirse el debido proceso y los vendedores informales deberían tener el derecho, por lo menos, de defenderse ante un inspector de policía.

Los vendedores informales son contados dentro de la tasa de ocupación, que es de 91,2% de acuerdo con el Dane y de ese porcentaje, el 51,5% de los trabajadores son formales y 48,5% son informales. Dentro de ese 48,5% que son informales, el Dane reporta que 500.000 están ubicados en las zonas urbanas.

Fuente: Oficina Inti Asprilla

Estos trabajadores hacen parte de una dinámica calificada como “economía popular”. Es decir, que genera varias actividades en este caso de comercialización de productos en los estratos bajos, permitiendo así que quienes no pueden acceder a un trabajo formal registren algún ingreso para cubrir sus necesidades mientras que quienes reciben un ingreso fijo mensual, ya sea por un trabajo formal o informal, puedan acceder a ciertos productos con un precio más bajo.

“El anterior código de policía reconocía que el vendedor ambulante es una realidad de los países latinoamericanos que no tienen una política real de pleno empleo y este código lo que hace es volverlo una contravención constante, estableciendo que quienes ocupen el espacio público serán acreedores de una multa de cuatro salarios mínimos y en caso de reincidencia no sólo la multa, sino la incautación o destrucción de la mercancía, lo que conlleva a que un policía pueda quitarle su ocupación a los vendedores informales”, agregó Asprilla.

Por el momento, la Procuraduría General ya emitió un concepto dándole la razón a los vendedores informales y se espera que en abril la Corte Constitucional responda a una demanda impuesta contra el Código de Policía que esperan reconozca que el espacio público debe defenderse, pero también debe protegerse el derecho al trabajo de estos vendedores.

“Aunque la medida es inconstitucional, permite unos medios de defensa que son ante un inspector de policía. Lo que está pasando en el caso de Bogotá es que los policías no están cumpliendo el debido proceso del Código y lo que estamos haciendo es poner una queja disciplinaria cada vez que nos llegan estos casos”, puntualizó el congresista Asprilla, quien ya ha tramitado más de 20 quejas disciplinarias contra policías por la indebida aplicación del Código de Policía en este aspecto.

Recomendado: Aquí el resumen de sanciones del nuevo Código de Policía