EL CONGRESO PREGUNTA

No había terminado aún el regocijo de los miembros del equipo económico por la anunciada apertura de los créditos de la banca internacional privada al país, cuando la política económica gubernamental recibió, entre el martes y jueves pasados, uno de los más fuertes cuestionamientos de los últimos meses, por parte de algunos miembros de las comisiones terceras de la Cámara y el Senado de la República. Al cabo de casi sesenta días de sesiones extras en las que el Parlamento ha hecho poco más que nada, los debates de la semana anterior se destacaron por su altura y seriedad, constituyéndose en el examen más minucioso que se le haya hecho, a lo adelantado por el gobierno, ante las entidades externas.
Los cuestionamientos abarcaron un sinnúmero de temas, centrados alrededor del proceso de negociación entre Colombia y el FMI y las características concretas del programa de ajuste. Según varios parlamentarios "el país no sabe a donde lo está llevando la administración" y hasta tanto el ministro de Hacienda no responda a quince preguntas principales (el jueves alcanzó a contestar dos, y seguirá con su exposición el 7 de mayo), los legisladores no discutirán el proyecto relativo a la financiación del déficit fiscal en 1985.
Quizá el punto que más conmoción produjo, tuvo que ver con la lectura por parte del representante Gabriel Rosas Vega, de varios apartes del documento de acuerdo entre el gobierno y el Banco Mundial, con respecto a las políticas de comercio exterior que se deben implementar en los próximos meses, a cambio de un crédito por 300 millones de dólares. En éste, se dice que se debe proceder a una liberación paulatina de las importaciones y a un desmonte de los subsidios a las exportaciones, además de cambiar la actual estructura arancelaria. "No cabe duda; esto representa el peligro de entregarle el manejo de la política comercial del país, al Banco Mundial", anotó Rosas Vega. Y agregó: "Si todo ocurre como se ve, fácilmente Colombia llegaría a una crisis cambiaria a una velocidad altísima".
Por su parte, los integrantes del equipo económico se apresuraron a negar que Colombia vaya a sufrir como resultado de lo ocurrido. Si bien el ministro de Hacienda no alcanzó el jueves a decirlo públicamente, los economistas oficiales insisten en que lo que se va a hacer es más de forma que de fondo. De una parte, se alega que la liberación de importaciones es para productos que estaban en el régimen de licencia previa, pero que, por ser artículos de primera necesidad se autorizaba su traída, lo cual en la práctica equivale a un régimen de libre importación. "Es la misma circunstancia con distinto nombre" aclaró un funcionario del Incomex quien añadió que dentro del programa de liberación se incluyen artículos considerados bajo el Pacto Andino y la Aladi --para cuya importación el país se ha comprometido a no colocar restricciones--, además de "productos que nunca se importan".
Adicionalmente, el gobierno alega que los planes de eliminación de restricciones a las importaciones a partir de 1986 siguen siendo los mismos de antes, debido a que ya se había planeado la mayor existencia de divisas para cuando los proyectos del carbón y del petróleo entren en plena operación. "Lo cierto es que no vamos a permitir la entrada masiva de productos, tal como sucedió a comienzos de la década. Sabemos que la industria nacional está en frágil situación y lo único que queremos darle es un abastecimiento suficiente de materias primas", puntualizó un miembro del ministerio de Hacienda.
Por el lado de las exportaciones, los miembros de la administración insistieron en que los planes de desmonte del Certificado de Reembolso Tributario que reciben los exportadores como incentivo, ya existían desde hace tiempo. "El Cert es una sinverguencería que tiene costos demasiados altos, sostuvo alguien de la administración, quien insisíió en que los exportadores van a estar suficientemente remunerados con el nivel de la tasa de cambio.
Con todo, tales apreciaciones poco convencieron a los congresistas que conocieron la "defensa" del gobierno. En opinión de la mayoría, la administración se ha limitado a maquillar los acuerdos con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, dando la sensación de que son decisiones autónomas, cuando en realidad "se ha pignorado el manejo de la política económica".
Semejante impresión no alcanzó a ser matizada por la simpatía que el ministro Junguito genera entre sus críticos. En opinión de estos, todo se debe a que existe temor en el alto gobierno de explicar cuáles serán las consecuecias del programa de ajuste por razones meramente políticas. Por eso, los parlamentarios confían en que a partir del próximo 7 de mayo el titular de la cartera de Hacienda reconozca sin ambiguedades cuáles son los costos y los beneficios de la monitoría que se adelanta bajo la tutela de las entidades de crédito internacionales.--