El fuerte golpe económico que tendrá Colombia con el cambio climático

El pasado huracán Iota, las cada vez más frecuentes inundaciones y deslizamientos en diferentes regiones del país, sumados a las temporadas de sequías, se están convirtiendo no solo en un problema social, que aumenta la inequidad, sino también en un duro freno de mano para el crecimiento económico que tanto necesita el país.

En lo corrido del presente año hasta el 22 de noviembre, se presentaron afectaciones en 28 departamentos por eventos climáticos y aunque el Gobierno hizo un reciente compromiso para aumentar la reforestación y reducir las emisiones de efecto invernadero, lo cierto es que el esfuerzo de mitigación del cambio climático no es solo del país, sino que atañe al planeta entero.

Un estudio de la consultora Oxford Economics sostiene que para 2050 el mundo está en camino a vivir un aumento de su temperatura de unos 2 °C por encima de los niveles preindustriales, pese a que la meta era no subir más de 1,5°C. Su pronóstico es que, si no se toman medidas de mitigación más contundentes, las consecuencias económicas de un calentamiento global de esta magnitud afectarán las previsiones económicas.

Según los cálculos de esta firma, los países relativamente fríos del hemisferio norte pueden beneficiarse de 2°C adicionales de calentamiento global para 2050. Por el contrario, los países relativamente cálidos de América Latina, África y Asia se verán afectados negativamente.

India, Pakistán y Nigeria serían los más afectados, con niveles de PIB reducidos en 12 por ciento dentro de 20 años. En América Latina el más golpeado sería Brasil con 7 por ciento menos de aumento de su PIB.

Colombia tampoco sería inmune a la pandemia del cambio climático. Los más recientes cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) indican que la pérdida en crecimiento del PIB nacional de 2011 a 2100 es de 0,5 por ciento anual. Esto debido a que se afectan sectores sensibles como el agro y porque el país tiene una elevada cantidad de población vulnerable, que debido a que vive en condición de pobreza, siente con más rigor los efectos del riesgo climático.

“Calculamos que son 6,7 millones de personas, lo que equivale a 13 por ciento de la población, que hoy está expuesta a amenazas por inundaciones, deslisamientos y otros fenómenos hidrometeorológicos”, explica Daniel Gómez, subdirector del DNP.

Los más vulnerables

Para hacerle frente a los riesgos climáticos y de crecimiento que enfrenta el país, en el DNP desarrollaron el Índice Municipal de Riesgos de Desastres Ajustados por Capacidades, que ayuda a identificar las regiones que se deben priorizar. No en vano, en los últimos 20 años, anualmente 2.800 viviendas son destruidas en promedio y 160 personas mueren a causa de estos fenómenos naturales, que cada vez son más extremos.

El índice señala que hay 513 municipios en donde confluyen las mayores amenazas hidrometeorológicas. Los cinco primeros son: Riosucio (Chocó), Uribe (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá), Tame (Arauca) y Puerto Rico (Caquetá).

“Con ese mapa de riesgos se trabaja en empezar a resolver las fallas para generar un ciclo virtuoso y también como una herramienta de prevención de desastres, en especial para los mandatarios locales, que pueden planear obras de mitigación, pero también acciones sencillas como preparar un plan para destapar alcantarillas antes de que llegue la ola invernal”, señala Gómez.

Ante este panorama, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, señala que junto con los compromisos para reducir la producción de gases de efecto invernadero (cuya meta subió de 25 por ciento a 51 por ciento al año 2030), así como la de llegar cero deforestaciones en 2030, se está desarrollando temas como los bonos de carbono y el fortalecimiento de la economía circular.

“La apuesta es por un modelo económico basado en la sostenibilidad, en el que se fomentan las energías limpias y la bioeconomía, lo que va a redundar en más equidad y desarrollo”, dice el Ministro y pone como ejemplo las cadenas de supermercados del país que ya están totalmente descarbonizadas (un punto de Carulla y 10 del Éxito), así como los pagos por cuidados ambientales que se darán por siete meses en Providencia. Son 500.000 pesos mensuales para que los beneficiarios ayuden a recuperar los ecosistemas.

“Tenemos que pasar de la histeria ambiental a la conciencia ambiental”, precisa Correa.

No obstante, en un reciente evento sobre finanzas del clima, el exministro y ex codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, se refirió a un estudio de hace una década del Pnud, el cual señala que la economía verde puede tener efectos negativos en el corto plazo y positivos en el largo. Ese es el caso, por ejemplo, de departamentos como la Guajira, que dependen completamente del carbón y si este se acabara no tendría hoy otra fuente ingresos.

Para Ocampo, el problema está en la estructura exportadora de Colombia, donde 32 por ciento es petróleo y 12 por ciento, carbón. Reducir su producción afecta las regiones y los departamentos que viven de las regalías y por eso propone compensar esos recursos con políticas públicas tipo impuestos al carbono, subsidios y regulaciones.