EL PRECIO DEL EMPLEO

"Esta es la hora de poner en práctica todo lo que se ha dicho sobre el año social". Con esas palabras se refirió un sindicalista a la discusión que comenzó la semana pasada en el Centro de Convenciones de la ciudad de Bogotá, sobre el nuevo nivel del salario mínimo que entrará en vigencia a partir del primero de enero de 1986. Tal como es tradicional todos los diciembres, la reunión de gremios, gobierno y trabajadores debe tomar una decisión antes de finalizar el año, la cual afectará directamente el nivel de vida de millones de empleados y obreros a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, en pocas oportunidades como ésta el tema del salario minimo se ha discutido tanto. Por primera vez en muchos años, el país se ha enfrentado durante 1985 a un clima de recesión económica, combinado con un alza sin precedentes en el desempleo y una caída simultánea en los salarios reales. Los cálculos de los especialistas indican que la capacidad de compra de la población colombiana ha caído en cerca de un 10% durante los últimos once meses.
Semejante escenario ha agudizado las tensiones sociales en un país que venía con problemas desde antes. Según los criticos del gobierno, la mala situación está estrechamente relacionada con la adopción del programa de ajuste económico concertado entre la administración y el Fondo Monetario Internacional, plan que le ha ocasionado tropiezos a la actividad productiva. Pese a que la mayoría de los analistas reconocían la necesidad de hacer algo para evitar un mayor deterioro de la economía nacional, todavía se sigue presentando la polémica sobre si el camino escogido era el más indicado.
Para calmar un poco las críticas, el presidente Betancur presentó a la opinión su iniciativa sobre el año social. En pocas palabras, la idea del Mandatario consiste en promover planes que generen empleo a corto plazo, aumentar la inversión pública y estimular el desarrollo del sector privado.
Dentro de ese contexto, el tema de los salarios juega un papel fundamental. Tradicionalmente, éstos habían venido subiendo en forma más que proporcional sobre el aumento de los precios. No obstante, esa tendencia se rompió abruptamente en 1985, cuando frente a un incremento del 20% en el salario mínimo, los precios deben crecer en un 22.5%. La situación es todavía más angustiosa para los trabajadores del Estado, quienes recibieron un aumento del 10% ponderado, pese a las protestas de diferentes sectores.
Es por ese motivo que cuando se anunció el año social, la mayoría de los especialistas empezaron a pronosticar un aumento en el salario mínimo por encima del nivel de inflación. La pauta fue fijada por el propio ministro del Trabajo, Jorge Carrillo Rojas, quien sostuvo que las condiciones para 1986 serían diferentes. Aun los gremios reconocieron que, aunque era prudente la moderación, estaban dadas las circunstancias para que el mínimo en 1986 se acerque a los 17 mil pesos mensuales.
Ese aparente consenso sobre el nuevo salario fue roto sorpresivamente en la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios cuando, el ministro de Hacienda, Hugo Palacios, sostuvo que el incremento para 1986 se debería ajustar al "horizonte inflacionario", con lo cual era factible hablar de un aumento del 10%. Las opiniones de Palacios crearon inmediatamente una mezcla de rechazo y estupor, según el oyente. "Se enloqueció", afirmó un sindicalista. "Nos dejó fríos", reconoció un integrante del equipo económico del gobierno.
Sin embargo, con el transcurrir de la semana las declaraciones del Minhacienda fueron interpretadas más como una posición negociadora ajena a la supuesta "parcialidad" del ministro del Trabajo que como la voz unificada del gobierno. Pese a que se anticipaba que falta un buen trecho para llegar a la cifra final, los observadores tienen la impresión de que existe cierto consenso para que se fije un aumento superior al 22%. Entidades como Fedesarrollo hablan de un 25% y rechazan la idea de que esa situación pueda aumentar el desempleo aún más. "Durante 1985 pasó todo lo contrario y el desempleo siguió creciendo", afirmó José Antonio Ocampo, director ejecutivo de la entidad.

SECTOR FINANCIERO: EL ULTIMO RECURSO
La pasada, fue una semana de resultados mezclados para el ministro de Hacienda. Al tiempo que sus opiniones sobre los salarios produjeron una lluvia de críticas desde todos los sectores, el jueves pasado el gobierno se salió con la suya en la Comisión Tercera del Senado, al lograr que el cuerpo legislativo aprobara en primera instancia el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Garantías del sector financiero. Tres años después de la crisis que acabo con la intervención de una quincena de entidades, la administración reconoció su importancia para manejar los problemas del sector con los instrumentos actuales, y consiguió que el Congreso se encuentre a punto de aprobar las bases de una nueva estrategia.
Planes como el rescate de instituciones en problemas, el seguro de depósitos y la inversión extranjera directa en el sector financiero, se presentaron como una especie de abrebocas de una iniciativa global tendiente a acabar definitivamente con la posible quiebra de algunas de las más importantes instituciones financieras. Semejante justificación fue casualmente respaldada por un informe de la Bolsa de Bogotá según el cual sólo 5 de los 23 bancos existentes en el país, habían tenido utilidades hasta el tercer trimestre de este año. A la cabeza de ese grupo se encuentra el Banco de Colombia, con más de 5 mil 800 millones de pesos en pérdidas y una fragilidad patrimonial que hace imperativa su recapitalización.
Esa situación de crisis se extiende a unas 10 entidades más, que necesitan urgentemente una solución. Por tal motivo, el gobierno presionó fuertemente para lograr la autorización que abriera las puertas a la inversión extranjera en el sector financiero. Después de una serie de observaciones de los congresistas, se llegó a un acuerdo según el cual no más del 40% del capital de los bancos que operen en Colombia podrá ser poseído por extranjeros. La medida no impide que una entidad sea adquirida en su totalidad por alguien del exterior, mientras no se supere el cupo global permitido. Pese a que se reconoció que en el futuro la autorización puede generar algunos problemas debido a la repatriación de utilidades y el control sobre las transferencias de divisas, varios economistas de la administración reconocieron que era una medida de último recurso. Tal como sostuvo uno de los impulsores de la ley, "no tenemos otra cosa que hacer".