El último escollo

Por estos dias el gobierno trabaja sin cesar en un tema muy delicado: las condiciones de elegibilidad del Atpa, el tratado de preferencias arancelarias para los países andinos que el Congreso de Estados Unidos aprobó hace cerca de un mes. La razón de la premura es que los funcionarios colombianos se han fijado la meta de tener resuelto el tema antes de la reunión del presidente Alvaro Uribe con George W. Bush el próximo 25 de septiembre.

El asunto, sin embargo, no es nada fácil. De acuerdo con las condiciones del Atpa, para que los nuevos productos que se incluyeron en el acuerdo (como las confecciones) se beneficien de las preferencias Colombia debe reunir algunos requisitos. Algunos ya se cumplen o son muy fáciles pero otros no tanto. El más polémico y decisivo de ellos tiene que ver con las normas de propiedad intelectual y, concretamente, con la protección que solicitan las compañías farmacéuticas multinacionales frente a la competencia de los medicamentos genéricos.

La forma como se regule esta materia tiene enormes consecuencias económicas y sociales, pues puede hacer que los medicamentos tengan precios moderados o sumamente altos. En la actualidad el fondo de la discusión tiene que ver con una cosa que se llama registro sumario, que consiste en lo siguiente.

Cuando una compañía, generalmente multinacional, va a la autoridad sanitaria (el Invima) a registrar un medicamento nuevo tiene que adjuntar un cartapacio de documentos que acrediten investigaciones, pruebas en animales y en humanos, etc., para demostrar que el remedio es seguro. Después, cuando un laboratorio -casi siempre nacional- quiere sacar al mercado un genérico del mismo medicamento, no tiene que repetir todos los experimentos. Le basta con demostrar que su sustancia es idéntica a la original pues la autoridad sanitaria ya sabe que ésta no ofrece peligro. Esto es lo que se conoce como registro sumario.

Lo que piden las multinacionales farmacéuticas entonces es que en Colombia no sea así de fácil registrar los genéricos. Es decir, que si alguien quiere sacar al mercado un genérico de un medicamento nuevo tenga que esperar cinco años para que le den el registro sanitario de manera sumaria. En la práctica este cambio implicaría que la compañía que primero registre el producto tendría un monopolio por cinco años.

"Nuestra aspiración es que Colombia honre los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en materia de propiedad intelectual, y el actual registro sumario es una clara violación de estos acuerdos", dijo Margarita Villate, presidenta de Afidro, el gremio que representa a las farmacéuticas multinacionales.

Este último punto, sin embargo, es objeto de discusión. Hay quienes consideran que la actual legislación colombiana, que facilita los registros de los genéricos, ya es compatible con la OMC y por eso no habría que hacerle cambios. "Una prueba de ello es que otros países, como Brasil, Argentina, Singapur y Taiwan, permiten utilizar la información entregada por las compañías innovadoras para otorgarles registros sanitarios a los medicamentos competidores. Y Estados Unidos no ha demandado a ningún país ante la OMC por esta razón", asegura Germán Velásquez, director mundial de medicamentos en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y experto en el tema.

Además, en parte a raíz de las protestas contra la globalización y de la polémica que surgió el año pasado en Africa por el alto precio de las medicinas contra el sida, la misma OMC terminó por suavizar su posición frente al tema de la propiedad intelectual. En la última reunión ministerial de Doha (Qatar) se emitió una declaración según la cual el acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual "puede y debe ser interpretado e implementado de forma tal que soporte el derecho de cada país de proteger la salud pública y, en particular, para promover el acceso de toda la población a los medicamentos".

Pero en estos temas -como en tantos otros- Estados Unidos ha mantenido una política distinta y le ha insistido a los países que limiten los registros sanitarios para los productos genéricos. Es algo que el gobierno estadounidense le había solicitado a Colombia de tiempo atrás, y ahora que se discuten las condiciones de elegibilidad del Atpa se lo han vuelto a pedir.

¿Sacar los genericos?

Las consecuencias económicas y sociales que tendría este cambio dependen totalmente de cómo se haga. Una cosa es que Colombia otorgue cierta protección para los medicamentos que se registren en el futuro y otra muy distinta que lo haga en forma retroactiva, lo que obligaría a retirar muchos de los genéricos que actualmente se venden en Colombia.

De ocurrir esto, posiblemente habría que retirar los genéricos de productos de última generación, como el Lipitor, que sirve para controlar el colesterol, el antiinflamatorio Viox o el mismo Viagra, entre muchos otros. Actualmente estos medicamentos cuestan fácilmente el doble de lo que valen sus equivalentes genéricos y posiblemente costarían aún más si no tuvieran competencia en el mercado. Fedesarrollo ha calculado en 777 millones de dólares anuales lo que tendría que gastar de más la población colombiana al comprar sus remedios si los genéricos se retiraran masivamente del mercado.

En el contexto de las negociaciones del Atpa el gobierno estadounidense le ha pedido al colombiano que modifique las normas sobre registros sanitarios de manera retroactiva, según pudo confirmar SEMANA con algunas fuentes oficiales. No obstante esto es muy difícil. Primero, porque los laboratorios que actualmente comercializan genéricos consideran que tienen derechos adquiridos y demandarían a la Nación si los sacan del mercado.

Además el gremio que representa a las multinacionales en el país (Afidro) tiene una posición distinta sobre el tema. "Ninguna ley es retroactiva, en ningún país del mundo. No aspiramos a que lo sea en Colombia. Por eso la oferta actual de medicamentos no se reduciría en lo más mínimo", aclara Villate, su presidente. De manera que no tendría sentido que se les hiciera a las multinacionales una concesión que ni siquiera han pedido.

El otro punto de discusión, fuera de la retroactividad, tiene que ver con las excepciones. Si hacia el futuro se van a limitar los registros sanitarios para genéricos habría que prever excepciones, como una emergencia nacional, una epidemia o para tratar las enfermedades de alto costo para el Sistema de Seguridad Social, que entre otras cosas está medio quebrado.

El tema de las emergencias está de alguna manera previsto en la OMC, y además hay antecedentes recientes. Cuando apareció el cuarto caso de ántrax en Estados Unidos el gobierno declaró la emergencia para poder comprar a un precio más bajo el Cipro, medicamento que estaba patentado por la alemana Bayer.

Lo de las enfermedades de alto costo para el Sistema de Seguridad Social no sólo afectaría a la población atendida, sino que es crítico para las finanzas públicas. Es bien sabido que estos tratamientos son una de las causas del desangre financiero del Seguro Social y éste, a su vez, contribuye al hueco fiscal. Por eso quienes defienden esta excepción aseguran que habría una contradicción entre el objetivo de ajustar las finanzas públicas y las medidas sanitarias que, potencialmente, podrían encarecer algunos medicamentos cruciales.

En todo caso los expertos en estos temas parecen coincidir en que, si el tema se reglamenta bien, sin retroactividad y con todas las salvaguardias del caso, los impactos sobre la población y sobre las finanzas del sistema de salud no serían demasiado grandes. Los representantes de los laboratorios farmacéuticos nacionales prefieren que no se cambien en absoluto las normas actuales. Pero varios de ellos admiten que, si se prevén excepciones de acuerdo con las circunstancias que vive el país, el golpe no sería tan fuerte. Por su parte el ministro de Salud y Trabajo, Juan Luis Londoño, ha sido claro y enfático frente a estos temas: "Nada que afecte la salud pública", dijo.

Los funcionarios estadounidenses no han hecho más que cumplir con su tarea: defender los intereses de las empresas de su país, como lo han hecho desde siempre. Y como lo seguirán haciendo en las negociaciones del Alca, en las que probablemente empujarán temas aún más polémicos, como los controles a los agroquímicos genéricos, que reducen los costos de producción de los agricultores. A los funcionarios colombianos no les queda más que hacer lo mismo que sus pares estadounidenses: defender los intereses de las empresas y los ciudadanos colombianos. Y todo indica que el gobierno de Uribe tiene esto muy claro.

Pese a lo mucho que pudiera 'asustar' que el gobierno estadounidense no pusiera en práctica el nuevo Atpa la coyuntura política para el gobierno colombiano es menos difícil de lo que parece. La clave de todo está en entender que el Atpa no tiene la lógica de un acuerdo bilateral normal, en el que ambas partes tienen que ceder por igual. No hay que olvidar que el propósito fundamental del acuerdo es darles alternativas económicas a los países que buscan sustituir la producción de drogas ilícitas por actividades legales. Y si las condiciones de elegibilidad resultaran en consecuencias económicas y sociales demasiado adversas para Colombia se podría desvirtuar el objetivo principal del tratado, algo difícil de defender incluso internamente para el gobierno de Estados Unidos.