Caleta con prendas de vestir de contrabando fue hallada en bodega de restaurante

Mientras la industria textil nacional se ahoga en los efectos que trajo consigo el coronavirus, el flagelo del contrabando no se detiene, afectando con sus tentáculos a la producción local y, de paso, al empleo.

La Dian halló en la bodega trasera de un exclusivo restaurante del norte de Bogotá, un cargamento con 16.000 prendas de vestir de contrabando, que, tras ser catalogado como ilegal fue decomisado por los funcionarios de la entidad.

Para llegar a la bodega había que subir al segundo piso a través de una pared falsa que ocultaba una escalera y luego daba acceso a la parte trasera del edificio.

En el último peldaño del espiral, un ciudadano extranjero custodiaba la mercancía, que fue avaluada en 740 millones de pesos.

Según la Dian, en el desarrollo del operativo, el ciudadano extranjero trató de obstaculizar el accionar de las autoridades. Sin embargo, las confecciones fueron aprehendidas y, una vez se surtan las etapas del proceso, se dará inicio a las acciones penales que correspondan.

Grave efecto para los nacionales

La lucha contra el contrabando en Colombia sigue siendo uno de los mayores retos. Se trata de un acto ilícito que genera una competencia desleal, pues consiste en introducir mercancía sin el pago de los impuestos que aportan las empresas que operan en la formalidad y legalidad.

Las trochas y las vías marítimas y fluviales son las principales rutas que utiliza el contrabando para entrar al país e inundar el mercado con productos a bajo precio, con los cuales no logran competir los productores nacionales.

Algunos estudios realizados en el país estiman que el valor de los productos que ingresan de forma ilegal puede ascender a 6.000 millones de dólares al año.

Otro de los efectos nefastos del contrabando recae sobre el empleo del país. Algunos cálculos realizados por investigadores estiman que al menos 200.000 puestos de trabajo se ven afectados en la industria por este fenómeno.

Entre tanto, las pérdidas económicas asociadas a este delito representan casi el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o el 10 por ciento de las importaciones que realiza el país.