Locomotora de abogados

La ruta del sol, el proyecto de infraestructura vial más importante que construye el país, considerada la obra modelo de cómo se deben estructurar las concesiones viales para evitar los errores del pasado y los líos jurídicos, comenzó a enredarse en uno de sus tramos.

Cuando se pensaba que su ejecución marchaba sobre ruedas aparecieron tropiezos en el tramo 1 –de 78 kilómetros– , que se adjudicó al consorcio Helios, conformado por el Grupo Solarte, Conconcreto y la argentina Iecsa. El enredo está en el sector comprendido entre Villeta y El Korán porque la carretera atraviesa la reserva forestal de San Francisco. Son apenas 21 kilómetros que están en discusión. Los otros dos tramos siguen adelante sin mayores tropiezos.

El consorcio Helios ha dicho que no puede hacer el proyecto por el trazado original porque el terreno es geológicamente inestable y porque no han logrado obtener las licencias ambientales respectivas. Por ello plantea una propuesta alternativa que consiste en construir dos túneles, lo que implicaría a su vez recursos adicionales por más de 500.000 millones de pesos. El gobierno se opone a cambiar el trazado original y entregar más recursos y le exige al consorcio seguir adelante con el proyecto tal como fue concebido.

El problema no es de poca monta y después de ver el rifirrafe que se ha hecho público en los últimos días entre el gobierno y el concesionario, muchos temen que esto se convierta en una batalla jurídica, en donde los abogados tengan más peso que los ingenieros y se repita lo sucedido en la década de los noventa cuando la Concesionaria del Magdalena Medio S.A. (Commsa) incumplió con las obras y demandó al Estado.

Lo que comprueba que en los principales proyectos de infraestructura del país tienen cada vez más injerencia los equipos jurídicos que los propios ingenieros es que la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, pidió hablar con los técnicos del concesionario, Helios, y no con los abogados de la firma para tratar de buscar una salida a este embrollo de la Ruta del Sol.

Por lo visto, podrían repetirse los problemas del pasado por obras mal hechas, que no tuvieron los estudios adecuados, que terminaron en demandas y enredos jurídicos para el Estado. Varias de las grandes obras viales no están terminadas y otras siguen a medio camino como la doble calzada Bogotá–Girardot, que se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Los equipos jurídicos de lado y lado no se ponen de acuerdo y todavía no se ve luz al final del túnel de esta importante vía.

Todo indica que la doble calzada Bogota–Tunja–Sogamoso también podría correr la misma suerte. Este proyecto, que también está en manos del Grupo Solarte, lleva en ejecución casi diez años y todavía no se ha terminado. La Agencia Nacional de Infraestructura está estudiando si compra la concesión o declara la caducidad del contrato. Y aquí nuevamente es clave lo que digan los abogados.

Ni hablar de la vía Bogotá–Buenaventura que tiene toda clase de líos relacionados con compra de predios y consultas con las comunidades, un plato apetitoso para los jueces y los abogados. Los que conocen el tema aseguran que en esta obra se avecinan grandes líos jurídicos.

Ni las obras nuevas que el actual gobierno piensa concesionar parece que se escaparán de los enredos. Expertos del sector señalan que en la cuarta generación de concesiones –que contempla inversiones por 40 billones de pesos en por lo menos 30 proyectos viales– los tropiezos pueden surgir cuando se abran las licitaciones en algunos de los tramos. La razón es que las nuevas obras se cruzarían con otras que están en construcción y que fueron concesionadas durante la administración anterior.

Cuando se lanzó la tercera generación de concesiones, durante el ministerio de Andrés Uriel Gallego, en algunos contratos se incluyó la ‘cláusula de alcance progresivo’ que señalaba que cuando se cumplieran ciertas condiciones como mayor tráfico o mayor recaudo de peajes, el contratista podría hacer obras adicionales como dobles calzadas o vías de acceso, sin necesidad de que se hiciera una nueva licitación. Esas cláusulas no se pueden activar si el concesionario ha incumplido con la obra o no se cumplen las condiciones antes señaladas.

Pues bien, algunos abogados sostienen que de esta manera se dejaron ‘amarrados’ ciertos proyectos viales. Si entra en juego otro concesionario se avecinarían demandas de quienes están ejecutando actualmente las obras. “El gobierno tiene que estudiar muy bien el tema porque en aquellos proyectos donde hay cláusulas de alcance progresivo va a tener un problema de la Madonna”, dice un abogado experto en el tema.

Representantes de varias firmas concesionarias señalan que también se podrían presentar tropiezos legales en corredores viales como Cartagena–Barranquilla, en el sector conocido como Cruz del Viso donde se sobrepone un tramo de 18 kilómetros; en la Ruta Córdoba –Sucre; en la vía Neiva-Espinal- Girardot; en Pasto–Rumichaca–Chachagüi en 50 kilómetros entre Chachagüi y Santander de Quilichao y en la vía Villavicencio-Puerto Salgar, entre otras.

El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, si bien reconoce que algunas obras se sobreponen en varios trayectos, descarta que se enrede la adjudicación de la cuarta generación de concesiones por este tema.
Según el funcionario, la ANI viene buscando alternativas. Entre ellas, esperar a que se termine la concesión o comprarle al concesionario la parte que aún falta por entregar. Pero acá los abogados ya alistan sus códigos y esta podría ser la siguiente batalla jurídica en materia de infraestructura.

Como van las cosas, esta no será la locomotora de la infraestructura sino de abogados. El asunto es grave, porque meterle acelerador parece una misión titánica.
Este es uno de los sectores más importantes en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y se presentó como la gran locomotora que le permitiría al país comenzar a desatrasarse de décadas de parálisis.

Para ello se puso en marcha el más ambicioso paquete de proyectos agrupados en la cuarta generación de concesiones. El nuevo modelo implica un cambio radical frente a la manera como se estaban adjudicando los proyectos porque ahora se requieren estudios, que los concesionarios asuman más riesgos y que desembolsen más recursos para iniciar las obras.

El gobierno está jugado a fondo con la cuarta generación de concesiones. Esta es la esperanza de que Colombia por fin comience a ver resultados en un sector estratégico para el desarrollo del país. La infraestructura es tema crítico para la competitividad en la actual coyuntura de mayor apertura comercial. El problema es que si cada gran proyecto se ve interrumpido por los líos jurídicos y las intervenciones de los abogados, esto nunca terminará.