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| 5/15/1989 12:00:00 AM

ORDEN EN LA CASA

El gobierno toma cartas en la crisis del Instituto de Crédito Territorial.

ORDEN EN LA CASA, Sección Economía, edición 363, May 15 1989 ORDEN EN LA CASA
Fue una celebración de esas en las que realmente no se podía botar la casa por la ventana. Quizás por eso, cuando la semana pasada en un acto sobrio se conmemoraron los 50 años del Instituto de Crédito Territorial, los asistentes al acto sabían que dificilmente iba a haber torta de cumpleaños. Al fin y al cabo, no se podía esperar más de una entidad en la que el palo no está para cucharas. Porque, tal como están las cosas, el ICT se enfrenta a su más grave crisis de los últimos tiempos.
Esa es la triste situación de una entidad que a lo largo de su historia ha construido una novena parte de las casas que existen en Colombia. No obstante, años de desgreño administrativo y de políticas erróneas condujeron al Inscredial a una postración casi total. Se estima que así no se construya una sola vivienda durante este año, al ICT todavía le quedarán faltando por lo menos 3 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones que tiene con las entidades financieras que le han entregado dinero.
El campanazo de alerta fue sonado hace apenas unos días por el nuevo gerente de la entidad, Eduardo Pacheco Cortés. Dotado de una larga experiencia en el sector privado, Pacheco identificó rápidamente la gravedad de la situación y se apresuró a pedir ayuda. Esta, aparte de dinero incluye un ambicioso plan de reestructuración del Instituto con el fin de sanearlo de una vez por todas.
Porque la verdad es que son pocos quienes dudan que el Inscredial está enfermo. Si se miran las cifras, es evidente que quienes le deben al ICT no le están pagando. Según el Departamento Nacional de Planeación, "las obligaciones atrasadas en más de ocho meses pasaron de representar el 18.1% en 1982 al 34.8% en 1987". En 1989 la situación no esta mejor. De los 113 mil millones de pesos que los particulares le adeudan al Instituto, se espera recuperar unos 18 mil millones, por concepto de capital e intereses. Esa situación ha llevado a que la actividad constructora de la entidad esté prácticamente paralizada. En el presupuesto de este año se destinaron 600 millones a la iniciación de nuevos proyectos, una suma ridícula en Colombia donde el déficit de vivienda está estimado en 800 mil unidades. A pesar de que la reforma urbana le concedió al ICT los recursos del IVA al cemento --unos 10 mil millones de pesos este año--, aún no se ha logrado que el Ministerio de Hacienda gire el dinero con el cual se financiaría un programa de lotes con servicios.
Todo eso se complementa con una desidia administrativa que resulta impresionante aun en un país donde el sector público no es precisamente un modelo de eficiencia. Pacheco cuenta el caso de un funcionario que se arregla las uñas de los pies en la oficina o el de varios empleados que van sólo a marcar tarjeta. Tambien está el ejemplo del gerente de una regional que se negó a renunciar porque su jefe político no se lo había ordenado o el de un cacique que, cuando no está en Bogotá, utiliza los vehículos de la regional del ICT en la zona en que hace campaña. Un caso todavía más curioso es el que sucedió con la invasión de unas casas en Sabanalarga (Atlántico). Cuando el Instituto quiso utilizar a sus apoderados para iniciar las gestiones legales, descubrió que nueve de los diez abogados de la regional no tenían tarjeta profesional.
Eso se combina con un desorden absoluto de procedimientos internos. En regionales como las de Atlántico y Córdoba fue necesario corregir más de 40 mil asientos contables que estaban mal clasificados. La distribución de los costos de los planes del ICT es también caótica. Por más esfuerzos hechos, el Instituto no sabe a ciencia cierta cuánto le cuesta edificar una vivienda en un sitio determinado.
Lo que sí es indudable es que le sale caro. Los estudios hechos muestran que el Fondo Nacional de Ahorro se gasta un 20% menos haciendo casas similares a las que construye el Inscredial. El actual gerente sostiene que en varias regionales los costos de funcionamiento en un mes, son superiores a lo que se invierte en un año.
Con semejantes fallas, resulta hasta lógico el que la cartera no se recaude oportunamente. Si a eso se le agrega que la sistematización es precaria y que existen 162 sistemas de préstamo diferentes, es evidente que desenredar la maraña del ICT es casi que cuestión de magia. Como consecuencia, los informes sobre cartera se hacen con tres meses de retardo y el balance de la entidad a 31 de diciembre pasado todavía no se conoce.
Las denuncias de Pacheco sobre la situación de la entidad han producido la reacción de los anteriores gerentes. María Eugenia Rojas de Moreno, quien estuvo al frente del Instituto entre 1982 y 1987, sostuvo que la culpa no era de su gestión. "Yo entregué un Instituto financieramente sólido" le dijo la dirigente a SEMANA. Por su parte, Alvaro Pinzón Angel, el predecesor de Pacheco y quien fue duramente criticado en su oportunidad, sostuvo que "no creo que haya razón para el escándalo".
No obstante, los conocedores sostienen que es evidente que los problemas vienen de atrás. En el caso de la cartera morosa, se arguye que el plan de casas sin cuota inicial de la administración Betancur fue definitivo para debilitar financieramente al Instituto. "Los créditos se otorgaban sin un estudio sobre la capacidad de pago de las personas y el hecho de que no hubiera cuota inicial le hizo pensar a muchos adjudicatarios que esto era un regalo del Estado", sostuvo un experto en el tema. Esa situación se combinó con la impreparación administrativa del Instituto, que condujo a que el problema se hiciera inmanejable. Para colmo de males, la iliquidez del sector financiero en 1988 hizo más agudas las dificultades. La disponibilidad de recursos del, ICT depende fundamentalmente de la suscripción forzosa de Bonos del Instituto por parte de diversas entidades de crédito.
Frente a semejante desorden administrativo y financiero, Pacheco ha sugerido una serie de soluciones que parecen contar con el respaldo del gobierno. Entre otras, propone la venta de siete millones de metros cuadrados de tierra--propiedad del ICT--, cuyo uso y valor no permite realizar en ellos programas de vivienda de interés social. De la misma manera, busca cambiar el sistema de contratación existente, para hacerlo menos costoso. Si eso se logra, Pacheco piensa que sobrarían 1.500 empleados--la mitad de los actuales--y que las 36 oficinas existentes se podrían reducir a cinco. El esfuerzo en ese sentido debe estar complementado con un plan de sistematización y entrenamiento para tener cifras confiables. El valor de todo el programa tecnológico y contable está estimado en mil millones de pesos.
Al mismo tiempo, se busca que la situación de cartera sea más manejable. En el caso de los deudores que estén muy atrasados se buscaría una especie de reestructuración de deudas --no condonación--, con el fin de asegurar que todo el dinero se recaude. Si eso no es posible, el Instituto está dispuesto a recuperar la vivienda por las vías legales, sobre todo si se comprueba que el deudor tiene capacidad de pago.
Todo ese ambicioso plan de reformas es el que se desea implementar ahora. Aparte de paciencia, trabajo y dinero, Pacheco necesitará el apoyo del gobierno en una labor de limpieza donde se van a pisar muchos callos. El respaldo parece existir. El ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, ha sido clave para renovar los miembros de la junta--algunos llevaban más de 18 años-y servir de puente entre el ICT y otras entidades del gobierno. Según el ministro, la solución tiene que ser rápida porque "cada día que pasa, el taxímetro marca".
La actitud de Marulanda constituye un cambio llamativo frente al desinterés relativo que había tenido la administración Barco por el tema de la vivienda popular. Aunque ésta era muy importante en los planes de erradicación de la pobreza absoluta, la verdad es que la aplicación práctica de las ideas fracasó. Todo indica que como resultado de la grave crisis del ICT, al finalizar el gobierno el déficit de vivienda será superior al que existia en 1986. No obstante, los optimistas sostienen que ahora se está en plan de borrón y cuenta nueva y que, con todo y las fallas, más vale tarde que nunca. Esa es tal vez la razón por la cual se espera que si Pacheco consigue lo que se ha propuesto, el próximo aniversario del Instituto de Crédito Territorial será ciertamente más feliz que el que se celebró la semana pasada.

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