Pagar y trabajar

La semana pasada el Congreso aprobó en primer debate dos medidas que hacen parte de la reforma laboral y que sin duda darán mucho de qué hablar: los subsidios al empleo y al desempleo. Aunque tienen nombres en apariencia contradictorios se trata, en el fondo, de cosas más o menos parecidas que buscan un objetivo común: mitigar los efectos sociales adversos de la desocupación.

El subsidio a los desempleados no es un programa tan nuevo como parece pues venía funcionando desde hace varios años con nombres distintos, como mujeres en acción y obras en acción. El subsidio consiste básicamente en darles una suma de dinero a las madres cabeza de familia que se encuentren sin trabajo bajo ciertas condiciones: que matriculen sus hijos al colegio, los vacunen y cumplan unos requisitos mínimos de nutrición. También se contempla la posibilidad de pagarles a los desempleados que se vinculen a programas en trabajos en obras públicas. Estos subsidios se han ensayado en muchos países, casi siempre bajo el auspicio del Banco Mundial.

"El subsidio es una medida de choque diseñada para tiempos de crisis, para evitar la desintegración del núcleo familiar y la deserción escolar, explica el senador Oscar Iván Zuluaga, ponente de la reforma laboral. Lo que se busca ahora es capitalizar la experiencia incipiente de iniciativas como 'mujeres en acción', para que no sean programas de gobierno sino políticas públicas, integradas al Sistema de Protección Social", añade.

La otra medida que se incluyó en la reforma laboral es el subsidio al empleo. Este consiste en darles 100.000 pesos mensuales, durante seis meses, a las pequeñas y medianas empresas por cada nuevo trabajador que contraten "con todas las de la ley" (prestaciones, seguridad social, etc.). Para ambos subsidios, el de los desempleados y el de los nuevos trabajadores, el gobierno ha dicho que cuenta con financiación de la banca multilateral por 200 millones de dólares para los cuatro años. Si se destina la mitad de esa suma al subsidio al empleo alcanzaría para beneficiar a unos 500.000 trabajadores en el cuatrienio.

Aunque se ve impecable en el papel el esquema de los subsidios podría tener dificultades al aplicarse en la práctica. La mayor de ellas es vigilar y supervisar que los recursos efectivamente lleguen a los beneficiarios que los necesitan. En un país donde la politiquería suele desviar la plata en el camino el gobierno se propone acompañar los programas de una reglamentación muy estricta y precisa que, en todo caso, tomará tiempo perfeccionar.

De otro lado, con el subsidio al empleo podría ocurrir que las empresas boten gente para contratar nuevos trabajadores subsidiados. Por eso el gobierno ha sido claro en que el programa sólo aplicaría a los nuevos empleados. Lo que sí podría pasar es que las empresas que tengan trabajadores informales los inscriban a la seguridad social para acceder al subsidio, lo cual, aunque no cumple el objetivo del programa, sí mejoraría la situación de los informales.

Para que los nuevos empleos que se generen puedan perdurar en el tiempo es necesario que las empresas tengan demanda por sus productos. Por eso los analistas y el gobierno coinciden en que la solución de fondo al desempleo sólo llegará con el crecimiento de la economía. Los subsidios, y otras medidas incluidas en la reforma laboral, no deben verse entonces como la solución definitiva al problema sino como un remedio parcial y complementario a la estrategia de crecimiento económico. En todo caso es preferible que haya un alivio, aunque sea parcial, a que no lo haya.