PRIMERA PAGINA, SEGUNDO PANICO

La chiva parecía demasiado buena para guardársela. La unidad investigativa de "El Tiempo" tenía desde hacía varias semanas la información sobre irregularidades cometidas por el Banco del Estado en 1979. Aun cuando el tema no era de gran actualidad había sido objeto de una persistente y tenaz investigación periodística y se habían podido configurar, paso a paso, las huellas del delito.
El mérito de este esfuerzo correspondió según el periodista Daniel Samper, al poco conocido, pero temido Alberto Donadío. Enfrentados al dilema de qué tratamiento darle a esta información, dado el ambiente reinante en el país desde el caso del Grupo Colombia, la directivas de "El Tiempo" meditaron largamente las implicaciones de publicar la información. Finalmente, ante los crecientes rumores de las dificultades financieras del Banco del Estado y la actualidad que estaba cobrando el tema, fue demasiada la tentación y se le dio luz verde al artículo. La divulgación era considerada tan delicada que se requirió la aprobación de los dos hermanos Santos Castillo, no obstante estar el director Hernando en su lecho como consecuencia de una reciente operación.
A pesar de las buenas intenciones no calcularon bien las consecuencias de esa decisión. Los cimientos del sistema financiero colombiano se estremecieron con la publicación en primera página.
Cuando parecía haber cedido la histeria creada por la quiebra del Grupo Colombia y el gobierno se preparaba para adoptar medidas como la devolución de ahorros y depósitos a pequeños ahorradores en el Banco Nacional, se precipitó otro escándalo financiero.
La mecha estaba ahí para ser prendida cuando estalló la crisis del Banco Nacional, se planteó de inmediato la posibilidad de que otras instituciones fueran acusadas de ejercer prácticas no amparadas ni por la ley ni por la ética de los negocios. Varios de los directores del Banco Nacional acusados de administrar irregularmente los dineros de esa entidad, en favor de don Félix Correa, habían sido los mismos que participaron en la administración del Banco del Estado, al lado de don Jaime Mosquera, un hábil banquero que desde Popayán ha manejado los hilos de millonarias operaciones.
Todo parece indicar que Jaime Mosquera se peleó con sus colaboradores inmediatos en el Banco del Estado. La pelea fue cruel y personal. Se declararon la guerra, pero no se había presentado la batalla decisiva. Surgió cuando fue intervenido el Banco Nacional y el señor Mosquera aprovechó la ocasión para pasar cuenta de cobro y salió precipitadamente, a decir que él se encargaría de defender los intereses de los pequeños ahorradores y de la gente que había resultado "tumbada" en los negocios de Correa y los administradores del Banco Nacional. Sencillamente, Mosquera quería hacer leña con el árbol caído de quienes habían sido sus vicepresidentes en el Banco del Estado, y ahora eran los acusados en el escándalo del Grupo Colombia. Las "buenas lenguas" dicen que Mosquera promovió algunas publicaciones contra los administradores del Banco Nacional. Lo que no podía imaginarse, era que sus antiguos vicepresidentes no se querían enterrar sólos y abrieron fuego contra él, de quien tenían profundo conocimiento.
Empezaron las consejas y los rumores. En varias publicaciones o en los medios financieros se inició la formación de una ola creciente de versiones sobre los negocios del Banco del Estado y las actividades pasadas de Jaime Mosquera. Fue en ese momento cuando los rumores y las versiones de negocios hechos en otros años por el Banco del Estado, llegaron a la implacable mesa de trabajo de la unidad investigativa de "El Tiempo" y comenzó el trabajo detectivesco. Se consultaron las fuentes directamente, desde Mosquera hasta la Oficina Jurídica de la Superintendencia Bancaria, e incluso campesinos anónimos supuestamente beneficiados por créditos para ganadería, cuando escasamente podían prestar para consumo.
Y así su publicación con el siguiente titular en "El Tiempo": "Pagarés ficticios y autopréstamos, en el Banco del Estado"
La denuncia consistió básicamente en lo siguiente: "El Banco del Estado otorgó créditos por 53 millones de pesos a 10 ganaderos. Con ese dinero los beneficiarios compraron ganado a una sociedad de la cual era accionista el presidente del Banco, Jaime Mosquera. Con el dinero que recibió por la venta de su ganado, adquirió acciones del mismo banco y consolidó el control de la entidad. Todo esto ocurrió en 1979"
"La Superintendencia Bancaria consideró que las mencionadas operaciones constituían un auto-préstamo y sancionó al banco con una multa de 53 millones de pesos. El banco apeló infructuosamente ante la entidad oficial y luego recurrió ante el Consejo de Estado. El alto tribunal nombró un perito, el jurista Guillermo Carrasco, quien presentó un informe según el cual en las mencionadas operaciones del Banco del Estado no hubo autopréstamo y, además, los negocios referidos no tenían relación directa"
Para cualquier ciudadano el asunto estaba "finiquitado", como se dive en términos jurídicos. Menos para los acusadores del señor Mosquera y para quienes periodísticamente consideraban el caso como un abuso, un escándalo y un fraude a la ley y a la moral bancaria.
La investigación periodística comprobó que las diez personas supuestamente beneficiadas por el crédito de los 53 millones sí existen pero ni son ganaderos, ni recibieron los préstamos, ni tienen capacidad para negociar ganado. Sus nombres fueron utilizados dolosamente para una operación bancaria interna, según la averiguación. El perito nombrado por el Consejo de Estado confesó que él constató la legalidad de los créditos y su aplicación, pero jamás contactó personalmente a los beneficiarios del crédito, porque esa no era su misión.
"Yo no tenía por qué sospechar que todos los documentos correspondían a supuestos ganaderos. Yo confirmé que los créditos se hicieron y que los papeles de la financiación estaban en orden"
La presentación del escándalo en el Banco del estado fue suficiente como para causar un nuevo pánico con una turbulencia vieja.
Los asustados depositantes y ahorradores del Banco se precipitaron el viernes hacia las ventanillas de la entidad y prácticamente desocuparon sus arcas. Más de tres mil millones fueron sacados en una rápida operación de angustia y precaución colectiva. Se conmovió el edificio de 10 pisos de la sede principal del Banco del Estado, al tiempo que su junta directiva se reunía con el presidente de la entidad, Jaime Mosquera y analizaban la situación. Mientras crecía el masivo retiro de depósitos, el nuevo gobierno se movilizó para enfrentar el problema y evitar que la desconfianza se generalizara. A la Superintendencia Bancaria fue inicialmente Mosquera y se planteó un principio de solución. Luego aparecieron amigos del Banco del Estado y sus asesores, para entablar una complicada negociación con el gobierno: ministro de Hacienda, gerente del Banco de la República y superintendente bancario.
La reunión con variós directivos del Banco del Estado se llevó a cabo en la gerencia del Banco de la República, sin la presencia del principal acusado: Jaime Mosquera.
Desde un comienzo se veía venir que el gobierno no dejaría quebrar el Banco del Estado y que éste tenía activos suficientes para enfrentar un retiro de depósitos y la crisis inmediata. Pero, las autoridades bancarias aunque reconocían que las denuncias se referían a hechos viejos y prácticamente superados, condicionaron el respaldo del Banco de la República al retiro de Mosquera y a su reemplazo por Guillermo Alberto González, quien acababa de dejar la Caja Agraria. Se redactó un comunicado en el cual sé destacaban las calidades profesionales del nuevo presidente y su aceptación por las dos partes: el gobierno y los voceros autorizados del banco. Con la redacción del propio ministro de Hacienda se incluyó un párrafo según el cual con el señor Guillermo Alberto González "los negocios del Banco del Estado se llevarán dentro de la más sana ortodoxia bancaria que afianzará la confianza de sus clientes, ahorradores v cuentahabientes, etc.". Suficiente, como para darle un duro golpe a Mosquera, quien esperaba impaciente en su despacho la conclusión de aquella conferencia.
Luego, en otro párrafo el gobierno advirtió que el banco no será intervenido: "Según los informes de las visitas practicadas por la Superintendencia Bancaria, el Banco del Estado y sus afiliados poseen activos suficientes para mantener su actividad normal a para garantizar a sus depositantes los intereses y el buen manejo de los negocios que le encomienden". Además, "el Banco del Estado podrá obtener en el Banco de la República los recursos necesarios para hacerle frente a cualquier situación de desequilibrio en su estabilidad económica". Y así se salvó el Banco del Estado. Esa declaración quería decir que tenía redescuentos ilimitados en el Banco Emisor para superar el masivo retiro de depósitos. Pero el mal ya estaba hecho, el pánico fue creado y se aumentó la desconfianza de los colombianos en el sector financiero.