Profeta en el desierto

El gobierno Uribe pasará a la historia fiscal del país por la cantidad de exenciones y gabelas tributarias que ha entregado. La afirmación es del ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, un experto en materia de hacienda pública y uno de los más agudos críticos del manejo fiscal del actual gobierno.

En el libro que acaba de publicar afirma que estos privilegios normalmente han beneficiado a los contribuyentes de más alta capacidad de pago, o sea a los más ricos, bajo la creencia de que es a punta de reducciones impositivas desmesuradas como se estimula la inversión. Para Restrepo, lo más grave es que esta política se ha convertido en una carga que podría comprometer la viabilidad fiscal del país por los altos costos que implica.

Las siguientes son algunas de sus reflexiones sobre este debate que no se debe postergar por más tiempo en Colombia.

1. Apuesta no probada totalmente
Este gobierno ha creído que para estimular la inversión se debe dar gabelas tributarias a sectores escogidos a dedo. Esto contradice las recomendaciones de toda la literatura sobre el tema fiscal. La inversión ha aumentado en los últimos años, no sólo en Colombia sino en América Latina. Pero lo que nunca se ha demostrado es que exista un vínculo de causalidad que explique las correlaciones entre menores tributos y mayor inversión.

La inversión se incrementa si hay mercado, demanda abundante, servicios públicos, seguridad y reglas de juego. Estas son las causas que de verdad promueven el ensanche empresarial.

2. Costos elevados
Es tal el costo para el fisco de los privilegios tributarios, que la misma sostenibilidad de la política fiscal del país se empieza a encontrar comprometida. El costo fiscal de las gabelas otorgadas durante los últimos años alcanza niveles verdaderamente escalofriantes. Por ejemplo, la deducción del 40 por ciento por adquirir activos productivos asciende a más de tres billones de pesos anuales. Lo que es equivalente a ocho veces el impacto fiscal que originalmente se había calculado para este privilegio tributario.

El gobierno también les ha amarrado las manos a futuras administraciones para hacer modificaciones impositivas, gracias a los contratos de estabilidad jurídica y las zonas francas.

3. Discriminatorio y regresivo
La tributación se ha ido recargando sobre las rentas de trabajo y los consumidores, y menos sobre los impuestos que se supone progresivos, como es la tributación directa sobre la renta del sector empresarial. Esto termina por discriminar en contra del factor trabajo y a favor del capital. Existen evidencias de que el capital sustituye la mano de obra poco calificada.

Además, algunos de los esquemas como las zonas francas especiales son discriminatorios contra los propios empresarios. Al darle un trato tributario bajo a quien invierta en una empresa catalogada como zona franca (15 por ciento) frente a la tarifa de impuesto a la renta que debe pagar una empresa cualquiera que no goce de tan generoso privilegio (33 por ciento), desestimula a otros actores.

4. Tapando huecos
Los faltantes en los presupuestos de defensa y seguridad a partir de 2011 al parecer se generan por cuanto el gobierno destinó cerca del 30 por ciento del impuesto al patrimonio, no a financiar el equipamiento militar del país, como era el propósito de la ley, sino a gastos de funcionamiento recurrentes, es decir, aquellos que se repiten todos los años. Como es obvio, al expirar la vigencia del impuesto actual quedará un hueco desfinanciado en los gastos de funcionamiento de la defensa.

¿Es necesario prorrogar otra vez el impuesto al patrimonio por cuatro años más? En rigor, no es indispensable. Si se redujera del 40 por ciento al 30 por ciento la deducción por adquisición de activos productivos (como se presentó al Congreso) se generaría un ahorro suficiente para financiar con holgura los requerimientos anuales que, se alega, les faltan a los presupuestos de defensa y seguridad del país a partir de 2011.

5. Gaste hoy
Se está sembrando el germen de nuevas reformas tributarias o de endeudamientos mayores por el uso desmesurado de las vigencias futuras. Uno de los secretos mejor guardados de las cifras fiscales del país es precisamente este. Una 'vigencia futura' es un procedimiento excepcional, pero si se exagera de él, se termina por quitarles todo margen de maniobra a los gobiernos venideros. Y se puede crear gigantescas obligaciones de gastos que no pueden honrarse -llegado el momento- sino con más impuestos.