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Riesgo de despidos si se aplica en Colombia el contrato de trabajo cero horas

Estudio de la ONG Cuso Internacional, con apoyo del gobierno de Canadá, puso el tema en el tapete. Empezando porque en el país está aprobado el trabajo por horas, lo que no es legal es el trabajo cero horas.


El desempleo en Colombia es el peor problema actual, han dicho los expertos en mercado laboral. Su mayor efecto es sobre la pobreza, que se se está viendo incrementada fuertemente y no solo por la pandemia, sino que la situación ya venía en declive desde hacer rato y, según la cifra divulgada por el Dane, la tasa es de 35,7 por ciento y no de 27 por ciento, como se creía hasta hace una semana.

Por supuesto que el Gobierno, al igual que organismos internacionales, al igual que analistas locales, andan en busca de ideas que permitan enfrentar el desempleo y ahí, entró el tema del trabajo por horas, camino que prendió las alertas de los trabajadores desde que se planteó por primera vez, hace más de un año y medio, cuando el ministerio de Trabajo lo conducía Alicia Arango.

Ahora, un estudio de la ONG Cuso Internacional, con el apoyo del Gobierno de Canadá, ponen en el debate una verdad de a puño: ¿De qué hablamos si en Colombia existe el trabajo por horas".

Así lo establecieron, Alejandro Matos, director de Cuso International en Colombia, y Adriana Rodríguez, investigadora principal del estudio, en diálogo con SEMANA.

“En febrero del 2019 se empezó a hablar en el país sobre contrato por horas, algo que ya está contemplado en el Código sustantivo del trabajo. Todos los tipos de contrato por hora son legales, excepto el contrato hora cero”, advirtió Matos, quién señala que es clave que el Gobierno aclare si, en realidad, está hablando del que falta por legalizar, lo que a ellos como investigadores, les dio para concluir que se trata de una estrategia que traería consecuencias dramáticas, si se llegan a implementar en Colombia.

El contrato cero horas, a diferencia del contrato por horas, queda a discrecionalidad del empleador y funciona de la siguiente manera: un contratante llama a un trabajador, por ejemplo, para que sirva de mesero en un restaurante. Sin embargo, su pago está sujeto a que lleguen o no lleguen los clientes. El trabajo cero horas es el efectivamente realizado, mientras que si lo contratan por cuatro horas (trabajo por horas), le pagan el tiempo lleguen o no los comensales.

Para la investigadora del estudio de Cuso, “lo que encontramos en el estudio es que ese contrato (cero horas) lleva a precarizar el contrato de los trabajadores, porque no tienen seguridad social, no cuentan con primas, vacaciones, los trabajadores tienen menos posibilidad de capacitación”.

Si bien el mayor riesgo es “aumentar la precariedad laboral en Colombia, a partir de contratos cero horas y/o de flexibilizar las condiciones de contratación de los empleados/as a tiempo parcial”, también estaría en el ambiente la posibilidad de despidos por parte de los empleadores, para pasar a sus empleados contratados por tiempos parciales, al esquema nuevo, en el que claramente, los únicos que ganarían serían los que contratan.

El estudio de Cuso enfatiza en que se requiere profundizar en una discusión pública, fortalecer el diálogo tripartito (empleador, trabajadores, Gobierno) para construir una propuesta que realmente permita reducir los desequilibrios que hoy existen en el mercado laboral.

Por el momento, advierte el estudio, solo se sacrifica la garantía del derecho a un trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, lo que va en contravía con el discursos que se ha promovido en este Gobierno, sobre el trabajo decente.

Dentro de las cuentas de Cuso, en Colombia hay 545.000 trabajadores que laboran menos de 30 horas a la semana y cuyo salario es inferior al mínimo, siendo las mujeres y la juventud los más afectados. El 90 por ciento de todas las personas que enfrentan estas condiciones de trabajo no están afiliados a la seguridad social. El 10 por ciento restante, que sí está afiliado, podría enfrentar el riesgo de reemplazo.

La ONG alerta que, “ellos, previsiblemente, verán terminadas sus vinculaciones o serían reemplazados cuando sus contratos terminen”. Esto, porque la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras se hará bajo las condiciones del piso de protección social que implica menores beneficios en términos de protección para la vejez y de prestaciones económicas en caso de incapacidad, maternidad o paternidad, y mayores cargas de gasto para el sector público, advierte el estudio.