Reforma tributaria 2002: Riesgo de cambios en varios impuestos

A nadie sorprenden las demandas que libra la reforma tributaria aprobada al finalizar 2022 en la Corte Constitucional. Es habitual que sobre esta clase de iniciativas lluevan objeciones de todo tipo. Afirmaciones de expertos hablan de que ya son más de 50 las demandas de inconstitucionalidad, varias de las cuales, con seguridad, darán lugar a la declaratoria de inexequibilidad. Entre las medidas están la prohibición para las empresas del sector de hidrocarburos de deducir de la renta las regalías petroleras y mineras; otras sobre las bebidas azucaradas y un tema del Icetex.

En este orden de ideas, se estima que solo por la no deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos habría en juego más de 12,6 billones de pesos, que impactarían las arcas de la nación si la Corte llega a tumbar algunas de esas medidas.

Y el asunto es que el Gobierno tendría poco margen de maniobra, porque cualquier medida de carácter tributario con la que se busque reemplazar los recursos dejados de percibir debe pasar por el Congreso de la República. Pero adicionalmente, y según lo explicó el tributarista y consultor privado Horacio Ayala, las medidas tributarias tienen efecto para el año fiscal siguiente. Es decir, que cualquier decisión tendría resultado para el año gravable 2024 que se reporta en 2025.

Así las cosas, y para el inmediato futuro, el plan B del que podría echar mano el Gobierno nacional es el ajuste del gasto público.

“Independiente de lo que pase con el recaudo, las finanzas del Gobierno nacional deben obedecer los límites de la regla fiscal. En ausencia de nuevos ingresos, el gasto público debe ajustarse a las posibilidades de recaudo. Si, por el contrario, se quiere gastar más y de forma permanente, sería inevitable pensar en una nueva reforma tributaria”, dijo el presidente de la firma EConcept, Andrés Escobar Arango.

Sin embargo, entre los bufetes de abogados hay otras lecturas. Para Andrés Parra y Ana María Barbosa, de la firma Ernst & Young (EY), así se declaren inconstitucionales algunas normas, el Gobierno no estará desfinanciado porque en 2022 recibió más ingresos de los esperados vía impuestos y regalías, en su mayoría del sector de hidrocarburos. A eso se suman otros rubros como las utilidades de Ecopetrol.

Ahora bien, para otros abogados hay otras luces rojas que se encienden y que van más allá de las demandas que están en curso en la Corte, pues la reforma tributaria en sí misma trae una sobrecarga impositiva para las empresas, lo que puede impactar el desarrollo de proyectos y nuevas inversiones en el país y está recayendo, en cierta forma, en el crecimiento de la economía.

“Sin duda, el aumento del 30 por ciento en el recaudo en el primer semestre del año que reportó la Dian obedece, en parte, al buen crecimiento económico del año anterior, pero este podría verse afectado por los incrementos en las tasas efectivas de tributación. Lo que a su vez puede incidir en el freno que está experimentando la economía”, explicó Juan Guillermo Ruiz, de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz.

Precisamente, en EY coinciden en que varias de las medidas tributarias están desbordando la capacidad contributiva de los contribuyentes, que, sumado a las altas tasas de interés, contraen la economía con los efectos que hoy se evidencian en el crecimiento, por lo que es muy difícil pensar en invertir en un escenario que parece cada vez menos competitivo e inseguro.

“Ya estamos viendo muchas empresas reteniendo sus inversiones, en sectores tales como el de la exploración de hidrocarburos y minería, por cuenta del modelo fiscal actual. El sector extractivo es uno de los más golpeados por la reforma”, señalaron en la multinacional.

La encrucijada

Por donde se vea, la situación no es fácil y el país podría enfrentar una encrucijada. “El gran problema surge con la norma que prohíbe la deducibilidad de las regalías del sector minero. Según los estudios que se presentaron en las recientes audiencias públicas, si no se llega a declarar la inexequibilidad de la norma, el sector estará llamado a desaparecer, con la consecuente pérdida de regalías y de tributación, lo cual es altamente preocupante para las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, señaló Rafael Lafont, de la firma Holland & Knight.

Cálculos de la Asociación Colombiana de Minería indican que solo en 2022 el sector del carbón contribuyó, vía precios altos, con 2,99 billones de pesos, siendo esta una contraprestación adicional a las regalías y separado del pago del impuesto sobre la renta.

“Este monto supera en un billón de pesos el recaudo que la Dian estima obtener con la medida de la no deducibilidad para el sector minero, lo que significa que el sector ya cuenta con acciones para generar mayores ingresos en épocas de precios altos”, señalaron desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Si la Corte señala que ese cambio con las regalías no está ajustado a la Constitución, ni tampoco las sobretasas del impuesto sobre la renta aplicables en algunos sectores de la economía, el recaudo tributario, tendría un duro impacto. No obstante, Juan Guillermo Ruiz asegura que desde su firma estiman que la Corte, muy posiblemente, declararía la inconstitucionalidad de la no deducibilidad de las regalías y de algunas de las sobretasas previstas en la reforma tributaria de 2022.

De la misma manera, Camilo Zarama, socio de la firma Garrigues, comparte la idea de que las decisiones de la Corte en torno a la tributación del sector de hidrocarburos tendrían un importante impacto fiscal. “Debe tenerse presente que la mayor parte de la reforma, desde el punto de vista económico, quedó a cargo del sector de minería e hidrocarburos”.