Cocinan el primer Presupuesto que manejará el Gobierno que reemplace a Duque

El Gobierno actual se prepara para dejar lista la carta financiera que tendrá que ejecutar quien gane las próximas elecciones presidenciales.

Ya se tienen las primeras cifras de los recursos que harán parte del Presupuesto General de la Nación en 2023, las cuales salen del anteproyecto de ingresos y gastos que radicó el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República, y que contiene las peticiones de 158 entidades públicas que ponen el sombrero y expresan lo que estiman que necesitarán para funcionar en el próximo año.

Las cuentas preliminares evidencian que las entidades públicas, en esta oportunidad, se ciñeron a las normas de austeridad y restricciones del gasto impuestas tras el enorme volumen de recursos que se ha necesitado para atender la emergencia sanitaria. No en vano, el hueco en las finanzas en la presente anualidad es de 79,9 billones de pesos (es decir, un déficit fiscal estimado en 6,2 por ciento del PIB).

Eso implica que el Gobierno que llegue a reemplazar a Iván Duque, desde el 7 de agosto, tiene la misión de seguir funcionando para mantener el crecimiento de la economía mientras paga una abultada deuda y, al mismo tiempo, continúa en la búsqueda de estrategias para afrontar el faltante en las finanzas del año 2022, que es lo que sucede cuando hay más gastos que ingresos y muchas necesidades que atender en la población.

En medio de esa realidad, todas las entidades que hacen parte del Presupuesto pasaron solicitudes de recursos por 262,2 billones de pesos; mientras que el Gobierno pretende pagar 83,8 billones de pesos en el servicio de la deuda creciente del país, que llegó a niveles de 62,7 por ciento del PIB en este año, según el Plan Financiero 2022.

El rubro de la inversión, el cual hace parte de los tres grandes componentes del presupuesto (junto con funcionamiento y pago de deuda), es el que permite al Estado adelantar la política pública en términos sociales y en obras de infraestructura.

Tradicionalmente, ese pedazo de la torta presupuestal se ha incrementado año tras año, pero es el último que se define, pues el Gobierno hace una revisión de las cuentas en junio, cuando ajusta el llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo, previo a la presentación del proyecto definitivo de Presupuesto de la Nación 2023.

En la vigencia actual, la plata destinada a inversión es de 69,6 billones de pesos, y en total el Presupuesto que está en ejecución es de 350,4 billones de pesos.

Nuevas cuentas

Entre las líneas de las cuentas presupuestales anotadas en el anteproyecto de presupuesto 2023 se descubre la manera en que se planea dejar dibujado el funcionamiento del Estado al nuevo mandatario. Es así como la mayor tajada –de nuevo– la tendría el sector educativo, lo que ha venido sucediendo desde hace varios años.

El ministerio del ramo contará con 50,8 billones de pesos, si se aprueba la petición que hicieron en el documento. En 2022, a este sector se destinaron 49,5 billones de pesos, es decir, para 2023 aspiran a un incremento de 2,6 por ciento, en un escenario en el que dos de los candidatos más opcionados en la contienda electoral proponen hacer grandes inversiones en educación.

Así, Federico Gutiérrez es partidario de dar gratuidad educativa por medio de un millón de cupos de formación superior para estratos 1, 2 y 3; mientras que Gustavo Petro habla de educación gratuita para niños y jóvenes, por lo que aumentaría el rubro en el presupuesto nacional para ese tema.

La plata para los ministerios

Si se junta el presupuesto que demandarían los 18 ministerios que forman parte del gabinete presidencial, la cifra es bastante voluminosa: de 167,3 billones de pesos. Allí se reflejan muchas de las circunstancias que trajo consigo la pandemia. Por ejemplo, el sector salud, mediante el anteproyecto, aboga por obtener 42,5 billones de pesos luego de haber hecho grandes inversiones en dotación hospitalaria, compra de vacunas e incrementos al personal médico y de atención en salud.

El rubro solicitado por el Ministerio de Hacienda, de 15,7 billones de pesos, incluye transferencias para el pago de las pensiones públicas y para atender emergencias.

El Ministerio de Vivienda, que conduce el sector que ha tenido unos resultados considerados como históricos, por la alta demanda en la compra de vivienda nueva, dice requerir una suma superior a los 3 billones de pesos para el año entrante. Ese monto es similar a la petición que hizo el Ministerio de Trabajo, en cuyos hombros está uno de los temas más difíciles de abordar en los próximos años: el desempleo.

Es habitual el poco recurso para el agro

Entre tanto, el Ministerio de Agricultura, que tiene que llevar la batuta para hacer funcionar a uno de los sectores clave de cualquier economía, porque se refiere a la producción para garantizar la seguridad alimentaria, está entre los que tienen peticiones más tímidas: 770.500 millones de pesos, tajada que resulta ser inferior a la del Ministerio de las TIC, que va por 870.100 millones.pedidos llamativosAlrededor de las peticiones de recursos, es común que se generen polémicas por asignaciones que llaman la atención en los debates. En esta ocasión –sin duda–, no faltará la lupa al pedido presupuestal de la Registraduría Nacional, que en 2022, año de doble actividad electoral (legislativas y presidenciales), tiene un presupuesto de 2 billones de pesos. Para 2023 pide una cifra similar, de 2 billones de pesos, como si se fueran a repetir los comicios.

El Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), entidad que recientemente estuvo envuelta en un escándalo por fuga de presos e ingreso de licor y prostitutas a cárceles de máxima seguridad como La Picota en Bogotá, solicita 1,7 billones de pesos del Presupuesto de la Nación. Luego de la destitución del anterior director, general Mario Botero, el sucesor en el cargo, general Tito Castellanos, menciona un déficit de 3.000 guardias en los centros penitenciarios del país.

Las ‘ías’

El control y vigilancia en Colombia, muchas veces cuestionado por los escasos resultados que logra, está a cargo de cuatro entidades, mejor conocidas como las ‘ías’. Se trata de la Contraloría General, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría.

La sumatoria de la petición presupuestal de ellas en 2023 es de 8,2 billones de pesos, sin contar con las asignaciones mediante los fondos de bienestar social que figuran con solicitudes independientes. De igual manera, en el país hay diez superintendencias que piden 2,3 billones de pesos y la que solicita el mayor rubro es la de Notariado, con 712.400 millones, seguida de la Superindustria, con 349.000 millones, y la Superfinanciera, con 302.000 millones.

El Fondo de Adaptación sigue ahí

Durante la emergencia invernal en Colombia en 2011, se creó el Fondo de Adaptación, justamente para dar paso a un esquema preventivo de desastres que, en efecto, se materializó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde la cual hacen una petición de 111.200 millones de pesos. No obstante, 11 años después, el Fondo de Adaptación también sigue siendo parte de la torta presupuestal y solicita una asignación de 32.500 millones.

En cuanto a lo ambiental, la cabeza rectora de la política en el tema que está en boga en el mundo es el Ministerio, que pasó un requerimiento por 338.000 millones. En el nivel regional, las autoridades en la materia son las 30 corporaciones autónomas regionales, y entre todas dicen demandar recursos por 92.300 millones de pesos.

Lo cierto es que la torta de los recursos que se aprobarán para el Gobierno que tome las riendas del país en 2023, apenas empieza la cocción. Antes de llegar a ser realidad, tendrá que someterse al hervor de los debates ciudadanos y al fragmentado Congreso de la República, en donde, sea quien sea el nuevo presidente, ya está cantado que enfrentará una feroz oposición.