Quince exministros se suman a las críticas por potenciales facultades regulatorias del presidente Petro

No cesan las preocupaciones en torno a las facultades regulatorias que adoptaría el presidente Gustavo Petro, no solo por el anuncio que él mismo realizó frente al control de las tarifas de los servicios públicos, sino también en lo que se contempla implementar en esa misma vía y que quedó estipulado en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Quienes se suman a los cuestionamientos son un grupo de 15 exministros, dos exviceministros y ocho excomisionados de la Comisión Regulatoria de Energía y Gas (Creg), que conjuntamente decidieron sentar una posición respecto a las disposiciones que el actual Gobierno pretende llevar a cabo, y podrían en jaque al sector energético colombiano.

En la misiva, dirigida al mandatario nacional, los firmantes manifiestan que la intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG “de llegar a materializarse es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos. Los de hoy y de mañana”.

Expresan además que Colombia cuenta con un marco regulatorio con los más altos estándares técnicos, cuya elaboración es consecuencia de la incorporación de los elementos que han surgido de amplios debates públicos entre el sector empresarial, gobierno y usuarios; así como los eventos que han afectado al sector. “La regulación, en los últimos 30 años, ha permitido logros contundentes en materia de cobertura, calidad, suficiencia y confiabilidad”, señalan.

Resaltan que el sector energético nacional ha sido un aliado estratégico en el desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, por lo que las inversiones que se han ejecutado en toda la cadena de energía y gas, se han llevado a cabo con el marco vigente, con lo que se ha garantizado el abastecimiento y sorteando las dificultades que se hayan presentado, sin poner en riesgo la prestación de los servicios.

“Durante estas tres décadas, los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la CREG; en ningún caso remplazándola”, sostienen.

Y agregan: “Todo esto, dentro del marco institucional del cual el gobierno hace parte a través de los ministerios de hacienda, minas y energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Alterar este marco podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos”.

Indican que en las proyecciones de demanda y oferta sugieren un déficit de energía en el país, a finales del 2027; por lo que se requiere de nuevas inversiones dentro del sector energético para afrontar esta situación, advirtiendo que para generar esas inversiones es necesario que haya confianza, donde parte esta radica en que existan reglas de juego claras y definidas para que las empresas puedan llevar a cabo estos procesos. Sin embargo, lo que conllevaría estas eventuales decisiones regulatorias es que se desincentiven esta inyección de capital, lo que podría impactar significativamente en la eficiencia del sector energético.

Todo lo anterior, lleva a los 15 exministros, dos exviceministros y 8 ex comisionados de la Comisión Regulatoria de Energía y Gas (Creg) a manifestar que “el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular” y que si bien es cierto que se enfrentan múltiples desafíos, estos se pueden superar mediante el diálogo entre gobiernos, academia, empresas y usuarios.

“Estos se pueden abordar de manera colectiva construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente. Una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y al contrario, como lo hemos descrito, pone en riesgo el sostenimiento de un sector que ha sido exitoso en su desarrollo”, puntualizan.

La carta es firmada por los exministros Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, María Lorena Gutiérrez, Luisa Fernanda Lafaurie, Hernán Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, María Fernanda Suárez, Ramiro Valencia y Luis Carlos Valenzuela.