Sin agenda

Si algún país debe dar una discusión a fondo sobre las reformas económicas que necesita y las barreras que le impiden alcanzar su verdadero potencial, ese es Colombia. A medida que se acerca la elección del Presidente de la República, los temas económicos que determinan el bienestar de largo plazo de los votantes deberían estar en el centro de la agenda. Sin embargo, no se les ve entre las prioridades de los candidatos y precandidatos.

Los temas relacionados con la protección social son un buen ejemplo. En solo un año, la tasa de desempleo se devolvió, al pasar de 12,1% a 12,6%. No se trata simplemente de una mala coyuntura asociada a la crisis global. Durante años, Colombia ha sido el país con la mayor tasa de desempleo de América Latina, incluso en las épocas de auge. También es uno de los países de la región con la mayor proporción de población informal, el 59%.

Estas cifras son consistentes con los datos de pobreza, indigencia y desigualdad que acaba de revelar el DNP. Entre 2002 y 2008, la pobreza se redujo de 53,7% a 46% y la indigencia pasó de 19,7% a 17,8%. Tanto los indicadores de pobreza como los de desigualdad -medida por el índice de Gini, que se mantuvo en 0,59- ubican a Colombia entre los países más desiguales del mundo.

La situación del mercado laboral incide en los sistemas de salud y pensional. Debido a la alta informalidad, los recursos no alcanzan para financiar la salud ni las pensiones. Es una bomba de tiempo a la vista de todos.

La Ley 100 de 1993 previó la cobertura universal de la salud, financiada por las contribuciones de las dos terceras partes de la población. La realidad es casi exactamente la contraria, pues el sistema de salud se financia con las contribuciones de los trabajadores formales, mientras que las dos terceras partes restantes, cubiertas por el sistema subsidiado, no hacen ningún aporte. Una tercera parte de la población financia la salud de todos.

Esta situación se complicó con el fallo de la Corte Constitucional del año pasado. La Corte obligó al sistema a universalizar la seguridad en salud a toda la población y a unificar los Planes de Seguridad Obligatoria (POS) para quienes contribuyen y quienes reciben subsidios. Igualmente, obligó a las EPS a prestar los servicios que ordene el médico, estén o no incluidos en el POS. Sin embargo, la Corte no fue consciente del costo, no financiable bajo el sistema actual. El Gobierno tendrá que encontrar la manera de financiar los nuevos requerimientos.

También, debido a la alta informalidad, tan solo cerca de un 25% de los colombianos tiene acceso a pensión. El Gobierno se ve obligado a destinar cada año una cuantiosa suma ($21 billones en 2009) para financiar las pensiones de aproximadamente un millón de jubilados del Instituto del Seguro Social, ya que las reservas de esta entidad se agotaron.

La solución al desempleo y la informalidad está en la generación de empleos de buena calidad en el sector formal. Para que esto sea posible, es necesario generar las condiciones que lleven a las empresas a formalizarse.

De acuerdo con Fedesarrollo, la salida al creciente desempleo y la informalidad está en la reducción de las contribuciones parafiscales que salen de la nómina de las empresas con destino a las cajas de compensación, el Sena y el ICBF. Según Fedesarrollo, la reducción de los parafiscales sería posible si se financiara a esas entidades con recursos del presupuesto nacional, a través de un aumento en la tasa del IVA.

Tan solo en el frente de la protección social hay una larga lista de problemas que pueden descarrilar la economía entera si no se les presta atención. Sin embargo, ningún aspirante a la Presidencia habla de ellos ni ha dicho cómo se propone enfrentarlos. Lo mismo ocurre con otros temas de la agenda económica, desde la competitividad hasta la reforma del sistema tributario.

Olvidarnos del debate económico sería un error histórico en Colombia, un país que se salvó en el pasado de muchos errores que cometieron sus vecinos, precisamente por el valor que la sociedad le dio al buen manejo económico. Este es un activo que no podemos perder. Si los precandidatos se dejan absorber por la polarización de la política y se olvidan del debate económico, cargarán con una grave responsabilidad sobre sus hombros.