La frontera busca independizarse de Venezuela

La crisis con Venezuela se ha convertido en el sino que cíclicamente golpea la economía de los habitantes de Cúcuta y una docena de municipios fronterizos. Pero el último episodio, que arrancó el pasado 25 de agosto con la deportación de miles de colombianos y todavía no termina, podría tener un desenlace distinto y marcar un cambio en la forma de solucionar estas crisis periódicas.

La diferencia, en esta ocasión, radica en la adopción de un plan estructural propuesto por líderes de la región que, acogiendo el objetivo lanzado por el gobierno central de poner fin a la dependencia de los habitantes de la frontera del mercado venezolano, han decidido identificar las medidas que se requieren para lograrlo. ¿En qué consisten?

Un documento elaborado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, apoyado por empresarios, gremios y autoridades regionales en Norte de Santander, tiene algunas de las claves para lograr esta ‘independencia’ de Venezuela, pues contempla políticas de corto, mediano y largo plazo para generar una dinámica económica propia.

José Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, explica que algunas de las propuestas concertadas por los líderes de la región ya fueron acogidas por el gobierno del presidente Santos. Estas tienen que ver con medidas de corto plazo que en el pasado han probado su efectividad para reactivar el comercio.

Una de ellas es la eliminación del IVA por un periodo de cuatro meses a productos como alimentos, calzado, confecciones, electrodomésticos y materiales de construcción, contemplada entre el paquete de decretos expedido por el Gobierno el 15 de septiembre pasado para aliviar la situación en la frontera. Esta misma disposición ya se había adoptado en 2010 y permitió reactivar rápidamente el flujo de efectivo.

A esta se sumó el plan de empleo transitorio, que ha posibilitado a decenas de deportados contar con un ingreso fijo para sostener a sus familias; una serie de programas de vivienda para atender con prioridad a quienes lo perdieron todo en el vecino país y la exención del pago de matrícula mercantil para las empresas que se instalen en alguno de los municipios de frontera.

Pero, aunque estas medidas de corto plazo fueron acogidas con prontitud por el gobierno central, la demora está en la respuesta al paquete estructural solicitado por los líderes de Norte de Santander, con tres temas que resultan clave para lograr la independencia de Venezuela: una ley de exención del impuesto a la renta por 10 años para atraer inversión permanente; las garantías para sacar adelante dos obras de la tercera ola de vías 4G, consideradas clave para el desarrollo de la región y que hasta el momento no tienen financiación y, finalmente, la definición de una línea de crédito especial con tasas preferenciales para inversionistas.

Un mes después de que comenzara la crisis, y tras una reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, dos encuentros entre las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, y decenas de contactos diplomáticos, el manejo de la crisis ha retomado el canal institucional y las respuestas al plan estructural planteado por los dirigentes de la región todavía no ha obtenido respuesta.

“La visión que tenemos es que las medidas que el Gobierno tomó están muy enfocadas en solucionar y mejorar la coyuntura actual, y coincidimos en aplaudirlas, pero hay otras decisiones de mediano y largo plazo que son las que consideramos de mayor impacto para mejorar en el crecimiento del empleo y los ingresos de la región, para darle ese vuelco a la economía que nos permita depender cada día menos de Venezuela”, explica González.

Polo de inversión

Una evaluación realizada por Icesi al impacto económico de la Ley Páez, 10 años después de entrar en vigencia, les dio la idea a los empresarios nortesantandereanos de la importancia de obtener una iniciativa similar para reactivar la economía de la región y fortalecer el mercado interno.

Por eso, en el paquete de medidas estructurales esta es la prioridad, pues plantean que para atraer inversión a la región, nada mejor que establecer una exención de impuestos de renta por un plazo máximo de 10 años a quienes decidan instalarse y generar empleo en los municipios limítrofes con Venezuela. La propuesta plantea que la exención aplicaría para las nuevas empresas agrícolas, ganaderas, microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, compañías exportadoras y mineras –no hidrocarburos– que se instalen en Cúcuta y los municipios de frontera y que generen empleo.

Estos beneficios serían de 100% para las que se creen antes del 28 de agosto de 2020; de 50% para las que lleguen antes de 2023 y de 25% para las que se surjan entre 2023 y 2025. También aplicarían para las existentes antes del 27 de agosto de 2015 y que “comprueben aumentos sustanciales en la generación de empleo, y a las compañías exportadoras”, indica el documento presentado al Gobierno.

El documento de Icesi destacó el positivo impacto económico de las exenciones de Ley Páez en la creación de riqueza para el departamento del Cauca, y calculó el valor presente neto del costo fiscal acumulado al año 2002 de la Ley Páez en $375.099 millones de 2002; es decir, 0,18% del PIB colombiano y 3,4% del recaudo nacional por el impuesto de renta para ese año.

Para González, de la Cámara de Comercio de Cúcuta, con una ley similar para Norte de Santander “solucionamos buena parte de los problemas atrayendo inversión privada, nuevos capitales que nos ayudan a jalonar empleo y logramos fortalecer la economía de la región”.

En el tema de infraestructura, las prioridades son cuatro obras que ‘desembotellan’ el departamento y lo comunican con el centro del país y la Costa Caribe. Aunque ya dos de ellas están incluidas en la primera y segunda ola de las vías 4G –Cúcuta-Pamplona y Pamplona-Bucaramanga–, dos más están en la tercera ola y todavía no tienen asegurada su financiación. Estas son las vías Cúcuta-Ocaña y Pamplona-Duitama. La primera resulta clave para sacar la producción con vocación exportadora, y tiene un costo estimado de $ 1,3 billones, según la ANI.

Otra obra de infraestructura que pide la región es la conexión al Gasoducto Central, para lograr confiabilidad en la prestación del servicio de gas a la región. “Esta es importante para traer nuevas empresas, porque Cúcuta está conectado a unos pozos en Tibú, y al generar redundancia y confiabilidad en el servicio, más empresas querrán instalarse en la región”, explica González.

Las soluciones para la frontera pasan por apagar los ‘incendios’ de corto plazo que se generan con cada crisis entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Pero deben ir más allá y convertirse en salidas estructurales que eviten que estos ciclos se repitan.