Universidades públicas cuestionan la constitucionalidad de la Reforma Tributaria

Tras una reunión celebrada el pasado mes de junio, el Sistema Universitario Estatal (SUE), conformado por las 32 instituciones de educación superior públicas del país, emitió un comunicado dirigido al Gobierno Nacional en el que se tacha de “inconstitucional” los puntos de la Reforma Tributaria que comprometen parte del presupuesto que se destina a las universidades oficiales del país.

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El origen de este malestar de los rectores de las 32 universidades con la administración del presidente Juan Manuel Santos se encuentra en que se establece que los recursos asignados a la educación superior pública, correspondientes al 40 % del medio punto del IVA, podrán ser utilizados para financiar, entre otros, programas de becas y créditos educativos gestionados y entregados por el Icetex.

Según el documento, si esta cuestión se mantiene, el SUE se vería obligado a demandar “las normas que contrarían la asignación establecida” antes del proceso de conciliación. Inicialmente, la Reforma Tributaria estableció que ese 40 % se asignaría íntegramente a las universidades por medio de los recursos del CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) y los excedentes de las cooperativas.

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La preocupación ahora, como indicó en el comunicado Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y presidente del SUE, es que ese monto acabe pagando las matrículas de estudiantes en las universidades privadas y no financiando a las públicas que, según contó Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia a Semana.com, arrastran un desfalco presupuestal que solo entre el 2004 y el 2015 ascendía a 800.000 millones de pesos.

En el texto también se menciona la estrategia Ser Pilo Paga (SPP), uno de los programas del gobierno que más polémica ha suscitado entre la comunidad universitaria pública, también por una cuestión presupuestal: aproximadamente el 85 % de los recursos -públicos- de esta iniciativa se reinvierten en instituciones de educación privadas. Para los firmantes, “la asignación de recursos de SPP debe provenir de fuentes distintas a las definidas para la financiación de la educación superior pública”.

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De acuerdo con el profesor Julián de Zubiría, “los recursos del impuesto a la renta para la equidad y los dineros recaudados en la reciente reforma tributaria adquiridos con el incremento en el IVA se están destinando a financiar el programa Ser Pilo Paga, el cual el gobierno quiere convertir en política pública. Si se hace sin reestructuración, cerca de un billón de pesos del Estado se comenzarán a trasladar anualmente, a partir de 2018, hacia las universidades privadas más costosas del país”. ‘La agonía de las universidades públicas‘.

Finalmente, el SUE solicita que se establezca un esquema de financiación que asegure el crecimiento y la evolución de las universidades estatales, sobretodo de cara a superar el déficti en el que están sumidas en la actualidad. 

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