Los retos de la educación en la primera infancia de Colombia no dan espera
Los retos de la educación en la primera infancia de Colombia no dan espera - Foto: Getty Images

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Los retos de la educación en la primera infancia de Colombia no dan espera

Por: Lorena Muñoz Marrugo

Se calcula que en Colombia 1.033.000 infantes están en situación de pobreza multidimensional y que en el 50 por ciento de los municipios del país están expuestos a desnutrición crónica. A la problemática de la primera infancia se suma la violencia, la falta de acceso a servicios públicos y la baja calidad de la educación.

Acaba de cumplir 5 años, pero parece de 2. Habla poco y se le dificulta caminar. Presenta un cuadro evidente de desnutrición. No está escolarizada. “La niña tiene un salpullido en su cuerpo que no se le ha curado porque sus padres no han podido suministrarle, de manera permanente, los medicamentos requeridos para tratarlo”, afirma casi entre lágrimas una enfermera voluntaria que, de manera esporádica, recorre con brigadas de salud las calles polvorientas y cambuches de las lomas de Medellín, donde vive esta pequeña.

“Su caso no es el único”, advierte la enfermera. Es uno de muchos que ha conocido durante los tres años que lleva como brigadista, junto con otros voluntarios, llevando servicios de salud a las zonas marginales de la capital antioqueña.

En Colombia, según cifras del Dane, el 31,02 por ciento de la población del país (15.454.633) son niños, niñas y adolescentes. De ellos, de acuerdo con el censo poblacional, en 2020 había cerca de 4.700.000 niños y niñas entre 0 y 5 años.

No todos tienen la opción de acceder a educación, salud y una alimentación balanceada. Se calcula que 1.033.000 infantes (22,6 por ciento) están en situación de pobreza multidimensional e incidencia, es decir, hacen parte de un hogar con un grupo de necesidades básicas no cubiertas. Poco más de medio millón habita las cabeceras urbanas y el resto se ubica en áreas rurales.

El documento ‘La niñez no da espera’, publicado por NiñezYA –coalición de más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil que abogan por los derechos de niños y niñas– señala que, si bien, el marco normativo actual brinda mayor protección a los menores de 5 años, aún falta mucho por hacer. Y esto, a pesar de que entre 2010 y 2017 el Gobierno Nacional invirtió cerca de 24,5 billones de pesos en una robusta apuesta por el desarrollo integral de la primera infancia.

Este informe revela, además, que las niñas, los niños y los adolescentes de comunidades afro, indígenas y campesinas, junto con otros grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, están rezagados en buena nutrición, servicios de salud y acceso a la educación.

En marzo pasado, en plena campaña electoral, el colectivo pidió a los entonces candidatos a la presidencia adoptar estrategias para contrarrestar esta situación, pues, en el 50 por ciento de los municipios del país, los niños y niñas están expuestos a un elevado riesgo de desnutrición crónica. A esto se suma que solo el 33 por ciento de la primera infancia, en contextos rurales, está afiliada al sistema de salud, tiene esquema de vacunación y recibe educación inicial.

Angy Mateus, gerente del proyecto Río, Juego y Aprendo, dice que “la desnutrición y la malnutrición siguen siendo uno de los mayores flagelos para las niñas y niños menores de 5 años”, particularmente en zonas marginales”. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo afirma que, en 2022, se han reportado 13.549 casos de desnutrición y 197 muertes por ese motivo, mientras que, en 2017, la cifra era de 6.090 casos. La mayor parte de las muertes fueron en Chocó, Vichada, La Guajira, César y Bolívar y, de acuerdo con un informe de la Fundación Éxito, este problema limita la posibilidad de crecimiento económico del país en, aproximadamente, el 11 por ciento.

Otros de los problemas que enfrenta la primera infancia, especialmente en zonas marginales, dice Mateus, son las diferentes formas de violencia –física, sexual y psicológica– que generan situaciones de estrés tóxico. Esto impide el desarrollo cerebral y, a largo plazo, tiene graves consecuencias a nivel cognitivo y emocional. La violencia contra la primera infancia, asegura, se incrementó durante la pandemia.

Una primera infancia saludable –entendiendo este término como un concepto integral–, explica Claudia Fadul, líder social de Cartagena, necesita una política pública coherente, funcionarios preparados y una ciudadanía consciente. “Hay mucho por hacer”, afirma.

Preocupa situación en regiones apartadas

Según Unicef, en Colombia existe una notable disparidad en las cifras que dan cuenta de la situación de la infancia en las distintas regiones del país. Datos de esta organización muestran, por ejemplo, que la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años en departamentos como Chocó llega al 41,2 por ciento, mientras que la media nacional es del 17 por ciento; en la Amazonía se estima en el 38,44 por ciento y en La Guajira, se acerca al 32 por ciento. Las causas de muerte infantil son múltiples, pero las principales están relacionadas con la desnutrición, el conflicto armado, el abandono y las diversas enfermedades prevalentes en la infancia, acentuadas por la ausencia del Estado en las regiones más apartadas. Allí no siempre llegan los programas sociales.

Bogotá, pese a su condición de capital, no escapa de estos graves problemas. Un informe de Fundación Éxito y Bogotá Cómo Vamos muestra su preocupación por la desnutrición crónica, el bajo peso al nacer, el exceso de peso y la media de lactancia materna.

De acuerdo con el análisis, las localidades en donde más nacen niños con bajo peso –por debajo de los 2.500 gramos– son Sumapaz (20 por ciento), San Cristóbal (17,3 por ciento), Antonio Nariño (17 por ciento) y Usme (16,3 por ciento). En cuanto a la desnutrición crónica, a pesar de que registra una disminución –pasó del 15,5 por ciento, en 2020, a 11 por ciento en 2022–, esta sigue siendo una gran preocupación: las localidades de la capital más afectadas son Usme (15 por ciento), San Cristóbal (13 por ciento) y Ciudad Bolívar (12,5 por ciento).

En Barranquilla el panorama tampoco es positivo. En 2021, el porcentaje de hogares que consumía, en promedio, tres comidas al día se redujo: pasó de 86,2 por ciento a 43,3 por ciento durante la pandemia (Encuesta de Pulso Social, Dane). De acuerdo con Ana Rita Russo, de la Fundación Pisotón, además de la malnutrición ha crecido la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Según cifras del Boletín Estadístico Mensual de Infancia y Adolescencia – Medicina Legal (2022), en el primer semestre de este año se reportaron, en la capital del Atlántico, 290 nuevos casos de presunto delito sexual, 133 de violencia interpersonal, 86 de violencia intrafamiliar y 18 de violencia de pareja.

Russo tiene otras inquietudes: “Un aspecto que nos preocupa mucho es el desarrollo emocional, dimensión garante de salud mental y potencialización del desarrollo integral, siendo fundamental la implementación de programas preventivos e iniciativas para la recuperación psicoafectiva y el restablecimiento de derechos en niños y niñas inmersos en el conflicto armado, la violencia, la migración forzada y en condiciones de vulnerabilidad social”.

En Cali se calcula que hay 188.280 niños y niñas de entre 0 y 5 años. De ellos, de acuerdo con un informe de Cali Cómo Vamos y el programa ‘El mejor lugar para CreSer’, de la Universidad Javeriana, poco más del 16 por ciento tiene acceso a educación inicial; el 5,5 por ciento vive sin servicios públicos básicos y el 9,3 por ciento de los nacidos vivos en 2020 tuvieron bajo peso.

En Cartagena, según la líder local Claudia Fadul, “el panorama de nuestra niñez podría calificarse como triste y devastador: la ciudad no está lo suficientemente atendida. Su educación y alimentación son precarias. La primera infancia está expuesta a múltiples violencias y, a medida que crece, aumenta el riesgo de que caiga en la droga y desarrolle enfermedades mentales… Niños desnutridos, casas en mal estado, padres sin trabajo, colegios sin buenos maestros, instalaciones precarias, en fin, los infantes están envueltos en las trampas de la pobreza”.

Hay que aumentar los recursos para la atención

Lina Arbeláez, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmó, durante la gran convención sobre la niñez que se realizó en marzo pasado, que “la educación inicial integral de calidad es fundamental entre los 0 y 5 años; es el momento de la vida donde hay una ventana de oportunidad para cerrar brechas, ya que se tienen más de mil conexiones neuronales por segundo. Cada inversión en la primera infancia tiene un retorno del 7 al 10 por ciento, es la inversión más inteligente que puede hacer cualquier Estado, Gobierno y sociedad”.

Coincide con Angy Mateus, de Río, Juego y Aprendo, pero, afirma, persisten los desafíos. Aunque Colombia ha avanzado mucho en las políticas de atención a la primera infancia desde una perspectiva integral, es decir, con el concurso de diferentes entidades, se requiere talento humano calificado, infraestructura de calidad y mayores recursos.

“Un reto bien importante –explica Mateus– es aumentar la cobertura de los servicios para la primera infancia: hoy llegamos a cerca del 53 por ciento de los niños entre 0 y 5 años. Hay que ampliar estos servicios, particularmente en las zonas rurales, donde la situación es más crítica”.

Para Niñez-YA, las acciones inmediatas son claras: incrementar los recursos de inversión del sistema educativo mediante la búsqueda de fuentes alternativas de financiación diferentes al Sistema General de Participaciones (regalías, recursos propios, apalancamiento de recursos de cooperación internacional, entre otros) para cubrir las demandas de calidad en la educación inicial, preescolar, básica y media.

Se requiere cualificar la eficiencia del gasto público en educación, orientando los recursos de inversión a mejorar la canasta educativa en todos los niveles del sistema (servicios de personal y salarios; materiales educativos; gastos administrativos y gastos generales y aumentar la proporción del PIB que se le asigna a la educación). Un punto en el que todos coinciden es que el Estado y el sector privado deben continuar trabajando en equipo.