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Con la salida de Mota Engil ¿qué pasará con los 10.000 niños que se quedaron sin colegio?

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Semana Educación

Después de que Mota Engil anunciara que no puede seguir con la construcción de 231 aulas, SEMANA Educación revive el drama de un municipio que tumbó sus colegios con la promesa de tener nuevas aulas. Así se vive el incumplimiento de los contratistas.

Betzabé Rodríguez camina por las ruinas del colegio que hace más de 60 años su madre y su abuela ayudaron a construir. La mujer, hoy vicepresidenta de la asociación de padres del colegio Adolfo María Jiménez de Sotaquirá, en Boyacá extiende sus manos para mostrar el fracaso del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, un proyecto del anterior Gobierno que prometía reemplazar los colegios viejos del país por aulas nuevas y que comprometía recursos por cerca de 3 billones de pesos. 

“En este lote funcionaba nuestra escuela. Aquí teníamos los baños y la cancha. Allá eran los salones de primaria y secundaria. Pero, como no cumplía con los nuevos estándares de infraestructura, en 2017 vinieron unos funcionarios, lo tumbaron y prometieron construir uno mejor. Dos años después, solo tenemos varillas oxidadas y maquinaria abandonada”, expresa angustiada Betzabé.  

Betzabé Rodrígez en el lote en donde iban a construir la escuela de Sotaquirá. Foto: Guillermo Torres.  

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Frente a los retrasos de la obra -solo tiene un avance del 1 por ciento- Edgar Borda, rector de la institución, se vio obligado a trasladar algunos de sus estudiantes a una sede rural ubicada a 20 minutos de Sotaquirá. Alquiló una habitación para preparar los refrigerios. Mientras que, en lo que quedó en pie de la institución, se las arregló para atender dos cursos en un solo salón. “Por estos imprevistos estamos pagando adicionalmente más de 5 millones de pesos para transporte y alquiler. Aún así, todos los niños están hacinados”.

Pero eso no es todo. 160 estudiantes han desertado de la institución, y según Borda, la cifra va en aumento. Una gran derrota para la institución, pues en 2015 les fue entregado el premio a mejor colegio en cobertura rural por la Secretaría de Educación de Boyacá. “Nunca imaginamos que esto iba a suceder, si alguien nos hubiera advertido, no habríamos dejado tumbar nuestro colegio”, dice Borda.

La comunidad guarda un diario con fotografías de la escuela. En una de ellas aparece Betzabé cocinando una sopa. Foto: Guillermo Torres. 

El escándalo

En 2016, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos prometió la construcción de más de 30.000 aulas en todo el país. Para ello, necesitaba el esfuerzo financiero de alcaldes y gobernadores, que ilusionados, accedieron.

Lograron reunir 3,28 billones de pesos -la Nación puso 2 billones y los municipios y departamentos 1,2 billones- y crearon el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE). Así empezaron a gestionar la construcción de los colegios 10, instituciones de lujo que contarían con laboratorios, comedores y salas múltiples para garantizar la Jornada única. Sin embargo, en tres años, solo entregaron 893 aulas en todo el país.

Para que el país entendiera lo que ocurría, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, realizó un primer balance que dio cuenta de la dimensión del problema. Al 28 de febrero de este año, de 531 obras contratadas por el Gobierno anterior, se habían entregado apenas 79. Pero, además, de esas, algunas no habían podido iniciar clases porque no contaban con servicios públicos. En promedio, todas las obras presentaban un avance inferior al 30 por ciento.

“Como vehículo contractual, el FFIE era muy bueno, porque juntó unos recursos que invertía el Estado y los departamentos y que, por separado, no alcanzaban para hacer más proyectos. Pero en la acción tuvo muchos problemas”, explica Angulo.

La Contraloría General de la República se apropió del tema e inició una investigación. Sus primeros hallazgos sorprendieron. El ente de control recibió quejas de más de 30 alcaldes y gobernadores. Entre sus hallazgos preliminares la entidad asegura que hubo sobrecostos en por lo menos 35 colegios ya terminados.

Mota Engil no va más

El entre de control también está inventigando por qué la contratación se concentró en un 63 por ciento en solo dos contratistas. Uno de ellos era Mota Engil. La podesora constructora portuguesa tenía a su cargo 248 colegios de los cuales entregaron tan sólo 17. Pese a que presentaba un atraso monumental, la firma nunca estuvo dispuesta a retirarse.

Sin embargo, inesperadamente, esta semana, Pedro Teixeira, presidente en Colombia de Mota Engil anunció que no continuaría más con estos contratos. Son varias las razones y cada parte, tanto el Ministerio de Educación (MEN) como Mota Engil, dicen tener la razón.

En rueda de prensa, este jueves, Teixeira enumeró las razones por las que tomaron esta decisión: 

 1. "El FFIE dejó de dar la orden de inicio de construcción de 56 obras desde hace 10 meses. Hasta ahora no sabemos la razón.

 2. La interventoría del FFIE no contó con el personal necesario para supervisar otras 56 obras.

4.También se alteró la calificación con la que medían a la firma lo que generó problemas contractuales.

5. El FFIE tomó la decisión unilateral de terminar el contrato de 60 obras que llevaban más de un 80% de ejecución.

6. El FFIE nos debe 112.000 millones de pesos, pues hasta el momento se han ejecutado y entregado obras por más de 261.000 millones de pesos y solamente nos han pagado 149.000 millones de pesos".

Teixeira agregó: "Sabemos que este Gobierno quiere terminar con todos nuestros contratos, por eso tomamos la decisión de salir. Sí tenemos la capacidad financiera, solo que entendemos que esa es la intención del FFIE y en vez de quedarnos en una discusión jurídica, proponemos terminar el contrato en común acuerdo, las discusiones vendrán después en los tribunales. Lo importante es que el bienestar de los niños no se efecte por estas discusiones”.

Antes las graves acusaciones de Mota Engil al FFIE, el MEN aseguró que cualquier dificultad económica del contratista es consecuencia de sus actuaciones durante la ejecución de los contratos y que a la fecha el Estado no tiene pagos pendientes con ellos. “Al contratista Mota Engil se le ha cancelado la totalidad de los pagos conforme se encuentra establecido en los contratos, esto es hito cumplido y recibido a satisfacción por la interventoría”, comunicó el MEN.

Ahora bien, con la salida de Mota Engil, más de 10.000 niños siguen a la espera de tener una aula digna. Aunque esta situación podría retrasar más el avance de las obras, el FFIE ya tiene luz verde para reasignar estas obras a otro contratista. En efecto, ya se iniciaron convocatorias abiertas con el fin de conformar una lista de firmas elegibles para obra e interventoría, que cumplan con la experiencia y capacidad jurídica, técnica y financiera. 

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“Nos sentimos engañados”

“A mí se me llenaba la boca diciendo que Turmequé era el único municipio que, con una inversión de 6.000 millones de pesos, iba a tener dos colegios para ofrecer primaria. Aunque no teníamos los recursos, los conseguimos y con gran ilusión iniciamos las obras en 2017”,  mencionó el alcalde de Turmequé, Yoani Vela, otro de los municipios afectados.

El alcalde de Turmequé, Yoani Vela, asegura que en el municipio han usado esta problemática para hacer campaña política en su contra. Foto: Guillermo Torres.

Sin embargo, dos años después, la Institución Educativa Diego Torres presenta un avance del 48 por ciento y el Técnico Industrial del 19 por ciento. “Hoy nos sentimos engañados. Nos hicieron girar los recursos a la Nación, porque nosotros no teníamos la capacidad para sacar una licitación tan complicada. Pero el resultado es todo lo contrario”, agregó Vela.

Así las cosas, no hay funcionario que logre convencer a Beder Oliveros, rector del colegio Diego Torres, que su institución no es un elefante blanco. “Estamos frente a lo que sería nuestro colegio de primaria, desde aquí se alcanzan a ver las ruinas de lo que se demolió. Pero mire, hoy estamos preparando el refrigerio de los niños en un salón improvisado. ¿Cómo no voy a creer que esto es un elefante blanco más de los que hay en el país?”.

Pero, los incumplimientos no solo han generado malestar entre los rectores y padres de familia. En este caso, para el alcalde de Turmequé, el incumplimiento del contratista le ha traído problemas legales. “Para nadie es un secreto que estamos en una contienda electoral. Algunos concejales del municipio me interpusieron una tutela por tener a los estudiantes en hacinamiento. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel para que la gente se dé cuenta de que nosotros no hicimos nada malo, porque nuestros niños están hacinados es por culpa del FFIE y el contratista”.

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Y es que en este punto el proyecto de infraestructura ha empezado a generar desconfianza entre los gobernadores y alcaldes por la mala gestión y la falta de veeduría. En Sotaquirá, en donde demolieron el colegio Adolfo María Jiménez que la comunidad ayudó a construir hace 60 años, el alcalde, Salomón Buitrago, está seguro de no volver a invertir los recursos del municipio en un proyecto similar, porque hasta el momento nadie les da respuesta por las retrasos de las obras. “Si me dijeran que ponga el 30 por ciento para construir aulas, yo no pondría nada, no les creería, quedamos curados”.

Por lo retrasos en las obras, muchos rectores en el país tienen a sus estudiantes hacinados, como ocurre en el municipio Nuevo Colón, Boyacá. Foto: Guillermo Torres. 

Finalmente, para empezar a agilizar la entrega de las obras, el Ministerio de Educación dice que reformará el Fondo. Buscará aplicar los principios de la licitación pública -el actual funciona bajo el régimen de la contratación privada- favorecer más en el proceso de licitación a los constructores locales, para que haya más contratistas y diversificar el riesgo, y así cumplir con las 12.481 aulas que el Gobierno anterior dejó comprometidas desde 2017.

Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones de la Contraloría, aún no es posible hablar de carrusel de las escuelas. También sería erróneo decir que se robaron la plata, pues el FFIIE pagaba contra entrega por etapas. Lo que por el momento sí es claro es que, lo que empezó como una buena iniciativa en la que se recaudaron grandes recursos para invertir en la infraestructura educativa, tan necesaria en el país, terminó desacreditada y difícilmente recuperará la confianza de las regiones.

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