El noroeste del departamento del Chocó ha sido objeto de la atención nacional después de la atroz masacre de las FARC en Bojayá en mayo del 2002.
Hace unos 100 años la región fue también objeto de una crisis, no por causa de los bandidos que no la frecuentaban, sino por una aguda disputa territorial con Panamá, en la que la región estuvo a punto de ser incorporada a territorio panameño.
Cuando el general Rafael Reyes asumió la presidencia en 1904 fue consciente de que la independencia de Panamá era un hecho y que, por consiguiente, era indispensable restablecer las relaciones con Estados Unidos y reconocer a Panamá como nación independiente.
Sin embargo, con la posibilidad del reconocimiento de la independencia panameña, asomó el problema de la demarcación de la frontera en la región de Juradó, en el Pacifico, en cuyas cercanías se encuentra Bojayá.
Panamá exigía que límite fuera el que se había establecido para la provincia de Darién en un decreto de 1847, por el río Atrato desde su desembocadura en golfo de Urabá, hasta la bahía de Cupica en el Pacífico. En esa forma, todo el Urabá chocoano y el noroeste del departamento, serían panameños.
Colombia por su parte sostenía que la frontera debía ser la establecida en 1855 por una ley que se refería a los territorios asignados a la compañía que tenía la concesión para la construcción del ferrocarril de Panamá. Comenzaba en el Cabo Tiburón en el Atlántico y terminaba en un punto equidistante entre las puntas Cocalito y Ardita en el Pacífico.
Ante la aspiración panameña, apoyada por los Estados Unidos y que de concretarse sería el puntillazo a Colombia después de la separación de Panamá, el presidente Reyes en marzo de 1908 ordenó la ocupación militar de la región de Juradó entre la costa del Pacífico y el río Atrato.
La sorpresiva operación, se llevó a cabo luego de una penosa travesía de las tropas a través de las selvas chocoanas y generó gran revuelo en Panamá, que se indignó y pidió a los Estados Unidos que hiciera respetar su soberanía. Sin embargo, Washington, que no quería meterse en más líos con Colombia, no acogió la solicitud panameña.
En el tratado Cortes-Arosemena firmado en 1909, Colombia reconocía la independencia de Panamá y se fijaba la frontera. Por sugerencia de los Estados Unidos, se acordó que el límite en la región de Juradó fuera definido por un tribunal de arbitramento.
Cuando dicho tratado y el Cortes-Root, con los Estados Unidos, fueron presentados para la aprobación legislativa en Colombia, generaron una oposición tan pugnaz, que el gobierno tuvo que retirarlos de la consideración del congreso. Haber remitido a un tribunal de arbitramento la definición del límite en la región Juradó, fue uno de los aspectos que generaron mayor indignación. Incluso al poco tiempo, el presidente Reyes se vio obligado a renunciar.
Cinco años después, en el tratado Urrutia-Thomson, los Estados Unidos acordaron con Colombia que la frontera colombo-panameña sería la sostenida por nuestro país. Estados Unidos forzó a Panamá a aceptar la tesis colombiana. Su canciller afirmó adolorido ante el Departamento de Estado, que Panamá aceptaba que dicha línea fuera la frontera con Colombia, sólo “por consideraciones de orden superior”.
Posteriormente, el noroeste chocoano y buena parte del departamento fue, dejada “a la buena de Dios” y paulatinamente fue ocupada por grupos armados y narcotraficantes. Es lo que se está padeciendo.
(*) Decano de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario