Las elecciones de este año traen varias novedades, no sólo por la llegada de la Farc como fuerza política legal; sino también por el fortalecimiento de medidas para luchar contra la corrupción en el certamen electoral.
Hace seis meses entró en vigencia la ley 1864 de 2017, presentada por el fiscal Néstor Humberto Martínez, la cual penaliza 15 prácticas electorales indebidas y aumenta las sanciones a delitos ya reconocidos como el constreñimiento al elector, la popular compra de votos, la múltiple posesión de cédulas, y el trasteo de votos.
Sin embargo, la ley también penaliza nuevos delitos que hasta el momento eran sancionados con medidas administrativas como la pérdida de investidura y personería jurídica o sanciones económicas.
Según la norma, se pagará con cárcel la financiación de campañas con fuentes prohibidas, como los aportes de empresas nacionales y extranjeras; y la violación de los topes de financiación establecidos por la ley, tal como ocurrió con la financiación de Odebrecht a las dos campañas presidenciales de 2014: la de Juan Manuel Santos y la de Óscar Iván Zuluaga. Así mismo, los gerentes, candidatos y aportantes que omitan información sobre los aportes que se realicen a las campañas y que violen los topes que, deberán responder de forma penal.
Otro de los delitos que castiga la nueva ley es la inscripción de candidatos que se encuentren inhabilitados para hacerlo. El candidato que incurra en este delito podría terminar pagando de cuatro a nueve años de cárcel. Cabe recordar, que en las últimas semanas, el procurador general, Fernando Carrillo, alertó sobre la presencia de 19 candidatos inhabilitados en las listas de los partidos políticos, entre ellos dos candidatos de la FARC y pese a que según el Acto Legislativo que crea la JEP, se deben suspender las inhabilidades a los candidatos de la antigua guerrilla.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero anunció que convocará a los partidos políticos para suscribir un pacto por la transparencia y sostuvo que aumentará la vigilancia durante los comicios: “Necesitamos revertir la tendencia según la cual los delitos electorales no son graves y en donde la venta del voto se enraizó en nuestras costumbres políticas. Por eso queremos que toda la ciudadanía interiorice que nuestro voto no tiene precio”.
Esta noche en ‘Semana En Vivo’, estarán con María Jimena Duzán: Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional, Rocío Araujo Oñate, presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado,Elisabeth Ungar y Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE.
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