A finales de la década del 80 e inicios del 90, las expresiones de violencia contra los servidores judiciales cobró mayor magnitud en el país, principalmente en las ciudades. Desde 1989 se han registrado en Colombia 1.502 hechos contra servidores judiciales, entre los que se incluyen asesinatos, atentados, desapariciones, detenciones, desplazamientos forzados y amenazas; los cuales ocasionaron cerca de 1072 víctimas directas e indirectas.

A finales de la década de 1980, la violencia armada en el país se complejizó y agudizó debido a la multiplicidad de actores que la ejercieron: grupos guerrilleros como las Farc, el Eln, el Epl y el M-19, así como grupos paramilitares como el MAS y grupos de narcotraficantes como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali emprendieron un ataque contra los servidores judiciales por cuenta de las decisiones judiciales dirigidas a mitigar la actuación de los grupos armados ilegales.

En este contexto, se presentaron hechos como la toma del Palacio de Justicia, el 5 y 6 de noviembre de 1985, por parte de la guerrilla del M-19, y la retoma realizada por la fuerza pública; la masacre de la Rochela, cometida por grupos paramilitares el 18 de enero de 1989, donde murieron 12 funcionarios judiciales; la masacre de Usme, cometida por las Farc en el año 1991, en la cual murieron ocho servidores judiciales; así como los asesinatos del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, Jaime Pardo Leal en 1987, y del magistrado Carlos Valencia García en 1989.

Ante los recurrentes hechos de violencia que afectaban a funcionarios judiciales, varios miembros de esta rama se marcaron el propósito de hacer algo para evitar que la violencia los siguiera asesinando, forzando al exilio y amenazando, y para evitar que con ello se debilitara la independencia judicial y se desconociera el derecho a la justicia de los habitantes de Colombia.

Esta determinación empezó a marcar el camino y la historia de personas como Antonio Suárez, cuyas acciones contribuyeron a desarrollar procesos por la defensa de los derechos de las y los funcionarios judiciales.

“Un grupo de jueces, entre los que estaba yo, dijimos: no podemos solo lamentarnos entre nosotros, debemos dar a conocer que en Colombia se estaba matando impunemente a los jueces. Hay que denunciar y exigirle al Estado que tenga la voluntad política de proteger la vida de los jueces y no abandonar a las víctimas” Antonio Suárez.

Esta es parte de la historia de administradores de justicia que ya en la época actuaban de diferentes maneras para transformar las dinámicas de violencia de las que eran víctimas. Primero se evidenció en la violencia antisindical. Luego en medio del estatuto de seguridad del gobierno de Julio César Turbay y, posteriormente, a manos de diferentes grupos armados, siendo un hito tristemente célebre lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Este hecho resultó en la masacre y desaparición de personas del poder judicial y otras personas allí presentes, después de que el doctor Belisario Betancur no escuchó los llamados de cese al fuego que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Lo ocurrido les llevó a pensar a que el Estado colombiano no le daba a la rama judicial el lugar que merecía.

“En 1998 debí salir por amenazas, no por el trabajo como juez sino al frente de Asonal judicial y de Fasol. Estuve año y medio en el exilio. Volví haciendo una reflexión en estos términos: uno no puede dejar esto en manos de los violentos”, recuerda Antonio de esos momentos.

Lograron denunciar la situación no solo en Colombia sino en el mundo. En 1992, con apoyo de los jueces alemanes y un día de salario de los jueces colombianos, se creó la organización Fasol para que las víctimas del poder judicial en Colombia no quedaran abandonadas sin voz. Además, se buscaba ofrecer asistencia psicológica a esas víctimas y garantizar que sus hijos no quedaran desamparados, dando opciones de proyectos productivos.

La independencia judicial, desde el fortalecimiento de la rama y la protección de los servidores de justicia, es una condición central para garantizar que las poblaciones colombianas sean protegidas desde el derecho y la ley.

Ante la imposición de la justicia penal militar sobre civiles, los protagonistas de esta historia entendieron que su lucha no era solamente por reivindicar las condiciones materiales de los servidores de la justicia como los sueldos o los insumos. También era necesario reivindicar la independencia del poder judicial.

En la época, por ejemplo, “en algunas regiones del país no se podía administrar justicia en términos normales, tocaba hacerlo de forma heroica ‘hacerse matar’, o mirar para el otro lado. Estoy hablando de los antiguos territorios nacionales, nos empezaron a amenazar los ganaderos, los terratenientes, la delincuencia común en connivencia con brigadas militares y con sectores de la fuerza pública”, cuenta Antonio Suárez.