Ranking de abogados 2026: grandes bufetes piden seguridad jurídica para recuperar la inversión en Colombia

En los últimos cuatro años, la dinámica jurídica estuvo marcada por conflictos y tensiones alrededor de las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro.

Dos ejemplos muestran esta tendencia: la acción popular que interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el abogado Rodrigo Pombo y la concejala Sandra Forero, sobre lo que llamaron “desordenamiento territorial”, por la proliferación y superposición de instrumentos y actos sectoriales ilegales que habrían generado traslapos de competencias, centralización de decisiones e inseguridad jurídica.

Y en el corte de cuentas que hizo el Gobierno de Abelardo De La Espriella en El libro de la verdad, solo en el sector minero se registró un volumen inusual de reglamentación dirigido a restringir la actividad: entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas con ese propósito. Esto sin contar otras determinaciones, como la suspensión de contratos de exploración de hidrocarburos o la negativa al desarrollo del fracking en momentos en que el país perdía su autosuficiencia energética por la necesidad de importar gas, ante el déficit que se viene presentando. Todo esto en medio de un profundo déficit fiscal que dejó la administración Petro.

Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie Colombia, estima que este será un gobierno más dinámico y cercano al sector privado. Además, advierte que el fracking es una solución para incrementar los volúmenes de gas.

José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, afirma que las cortes fueron la primera línea de defensa de la institucionalidad. “Necesitamos predecibilidad del sistema; es decir, que no haya cambios bruscos”.

Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, advierte que esas transformaciones no pueden esperar ni quedar en el limbo. “Hay que anunciarlos, expedirlos y ejecutarlos rápidamente”.

Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señala que algunos sectores han visto con “bastante emoción” la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, especialmente aquellos que enfrentaron dificultades en los últimos cuatro años.

Según un análisis de Corficolombiana, las finanzas públicas de Colombia atraviesan uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. “Los niveles actuales de déficit fiscal, déficit primario y gasto público solo tienen precedentes en episodios de crisis extraordinarias, como la recesión de finales de los noventa o la pandemia”. Sin embargo, esas cuentas quedaron sin que se diera un choque macroeconómico. Y también con sectores en serias dificultades, como la salud, la infraestructura y la vivienda.

Ahora, con la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, las expectativas en el mercado legal han cambiado. Se espera un escenario más estable, no solo que supere las dificultades generadas en la administración anterior, sino que le apueste a fortalecer la seguridad jurídica e impulse la inversión, incluso en momentos en los que la agenda se prioriza para atender los daños y damnificados que dejó el terremoto, en medio del ajuste a las cuentas fiscales para poner la casa en orden.

Ante la tragedia del sismo del pasado 10 de agosto, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia para adoptar medidas excepcionales que permitan asistir a las familias afectadas y acelerar la reconstrucción de las zonas impactadas. “Implementaremos alivios temporales en el pago de servicios públicos, subsidios de alquiler para quienes perdieron sus hogares, alivios fiscales y financieros, apoyo económico para las familias más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados. Además, crearemos el Fondo Milagro, que canalizará recursos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras, aeropuertos y demás infraestructura afectada. También adoptaremos medidas para reactivar la economía, estimular la inversión y generar empleo en los territorios más afectados”, anunció el presidente De La Espriella.

Sin embargo, con nuevo gobierno, las miradas van más allá. “La reciente transición política en Colombia representa uno de los cambios más relevantes para el entorno empresarial en los últimos años. El paso hacia una administración con una orientación más favorable al mercado ha generado expectativas de una agenda enfocada en fortalecer la confianza inversionista, impulsar el crecimiento económico y promover un entorno regulatorio más predecible”, explica Camilo Martínez, socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).

Y esa expectativa se traduce en los mensajes que pueda mandar el Gobierno con los cambios de política pública, las implicaciones regulatorias y las decisiones que permitan avanzar en el crecimiento del país y en el repunte de la inversión.

“Aunque todavía estamos en una etapa muy temprana del Gobierno, una de las señales que los mercados suelen valorar positivamente es la existencia de objetivos claros y una hoja de ruta consistente para alcanzarlos. El Plan Nacional de Desarrollo será especialmente importante en este proceso. Las bases están previstas para las próximas semanas y su discusión permitirá conocer con mayor profundidad la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años”, asegura Carlos Fradique-Méndez, socio director de Brigard Urrutia.

Para el sector legal, la seguridad jurídica se traduce en reglas claras, estabilidad en las decisiones y respeto por el marco institucional. Y anticipan una palabra clave: previsibilidad, para que inversionistas y empresas puedan tomar decisiones de largo plazo.

De hecho, en medio de las controversias, muchos han destacado la fortaleza institucional del país. Para José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, era importante que la institucionalidad permaneciera y se mantuviera. “Lo hizo reaccionando frente a los embates políticos. Las Cortes fueron la primera línea de defensa de la institucionalidad”.

Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, anticipa que el propio Gobierno ha hecho anuncios de varios cambios regulatorios, en una batería de 90 decretos con los que hará los ajustes. “Estamos muy pendientes de ver esos cambios”.

Desde el campo legal, se está esperando un Ejecutivo que trabaje de una manera más estrecha con el sector privado. “Así lo ha hecho saber el Gobierno y, desde esa perspectiva, esperamos un gran dinamismo en términos de nuevos negocios que van a ser no solo inversión doméstica, sino un nuevo flujo de inversión extranjera, que va a representar una oportunidad relevante”, afirma Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie Colombia.

Como explica Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), los abogados van con los empresarios. “Y con un elemento fundamental: la confianza. Esta produce dinamismo, inversión, movimiento y cambios. Cuando hay confianza, hay riesgo también. La confianza la tiene que proporcionar el Estado. Y he oído cosas buenas al respecto, como hablar de políticas de Estado a largo plazo, más que de políticas de gobierno”, afirma.

Así las cosas, para Piñeros, el nuevo Gobierno recibe un legado institucional que exige intervención jurídica prioritaria en tres frentes. Uno, el contractual de infraestructura: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cerró 2025 ejecutando apenas el 34,5 por ciento de su presupuesto de inversión pese a comprometer el 99,5 por ciento del mismo, mientras acumula laudos arbitrales de alta cuantía.

Dos, la relación de Colombia con el arbitraje internacional de inversión, tras el anuncio del Gobierno saliente de su intención de denunciar el Convenio del Ciadi, argumentando un riesgo de aproximadamente 52 billones de pesos en disputas pendientes, aunque esa cifra corresponde a pretensiones y no a condenas probables.

Tres, la reforma tributaria, frente a la crisis fiscal que dejó la Administración Petro, con una propuesta que presentará en septiembre el nuevo Gobierno, en la que se busca simplificar el régimen.

Pero, además, en un entorno nuevo, por la tragedia que generó el terremoto y que requiere, en principio, recursos por 30 billones de pesos para la reconstrucción, aunque el Gobierno ha advertido que no vendrían vía impuestos.

Pero no son los únicos frentes jurídicos que deberá atender el nuevo Gobierno para destrabar crisis manifiestas en sectores estratégicos. “Tenemos que ser conscientes en Colombia de que debe haber ajustes regulatorios en muchos aspectos”, advierte Acero.

Por ejemplo, en materia de política pública, avanza el desarrollo de la reforma pensional, tras el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, y se espera la reglamentación de la reforma laboral. Otro sector clave, que hoy está en crisis, es el de la salud, del que se esperan ajustes regulatorios no solo para mejorar la calidad del servicio, garantizar los recursos y proveer medicamentos, sino, incluso, para atraer nueva inversión.

Además, tendrá que enfrentar una compleja situación en el sector energético para sortear un posible apagón, ante la llegada de un fenómeno de El Niño intenso, con una demanda que crece más que la oferta de energía eléctrica, el déficit de gas que ha obligado al país a importar el 30 por ciento, perdiendo la autosuficiencia energética, y la compleja situación de Air-e, distribuidora de energía intervenida por el Estado, que puede generar un riesgo sistémico en el sector.

“Esperamos que haya un foco muy importante en la aprobación de licencias ambientales de proyectos que pueden generar regalías e impuestos. En el sector petrolero, el tema del fracking está a la orden del día. Es, sin duda, una de las posibles vías de solución más expeditas para poder incrementar los volúmenes de gas. Y, además, avanzar en el tema de rondas petroleras”, manifiesta Mesa.

Y también en el sector de vivienda, que se espera recupere su capacidad de aportar al crecimiento como jalonador de diferentes actividades, más aún ahora, cuando se enfrenta la situación que dejó el terremoto.

Por su parte, Martínez señala que existe una expectativa generalizada de avanzar hacia un marco regulatorio más predecible y estable, con medidas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la confianza de los inversionistas, simplificar las cargas regulatorias y dinamizar sectores estratégicos como infraestructura, energía, minería, servicios financieros y tecnología.

Y, al mismo tiempo, esa expectativa también se traduce en la revisión de políticas y reformas implementadas durante el Gobierno anterior, buscando un mayor equilibrio entre los objetivos de política pública y la competitividad del país. Para Belisario Velásquez, de la firma Belisario, en materia de salud, pensiones, trabajo y política energética, el reto no es promover nuevas reformas, sino corregir las falencias identificadas, consolidar su implementación dentro del marco constitucional y garantizar reglas claras, estables y predecibles que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

El nuevo Gobierno necesita establecer una agenda clara de regulación que destrabe proyectos de inversión y desarrollo social, especialmente en sectores que no fueron una prioridad para el Gobierno de Gustavo Petro, como la infraestructura vial, férrea y aeroportuaria, asegura Manuel Quinche, socio de Cuatrecasas. “Pero, ante todo, esta nueva administración debe gozar de previsibilidad institucional, con reformas que sean claras, que se tramiten con rigor técnico, que sean ampliamente socializadas y que establezcan reglas de transición claras para empresas, inversionistas y la sociedad en general”, agrega.

Esto es clave en un escenario en el que el crecimiento económico del país ha estado impulsado por el gasto público y el consumo de los hogares, pero rezagado en materia de inversión. Hoy, el menor dinamismo del consumo y una política fiscal más austera, aunque condicionada por el gasto de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, abren espacio para nuevos negocios y mayores inversiones en proyectos aplazados y en nuevas iniciativas para el próximo ciclo económico.

Sin embargo, el reto es blindar esas inversiones de largo plazo desde el punto de vista jurídico, frente a un eventual cambio de tendencia política en cuatro años, cuando hoy hay una nueva alineación política en la región, con el giro a la derecha de países como Colombia, Bolivia, Perú y Chile, que se suman a Argentina y Paraguay.

Pero si de oportunidades se habla, hay una en el vecindario: Venezuela. Después del 3 de enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses, el escenario ha cambiado.

“Hay empresarios en Caracas hablando con autoridades y con entidades venezolanas de lo que yo llamo poner un pie en la puerta”, dice Acero.

De acuerdo con Torres, varios clientes están considerando reabrir negocios en el vecino país, donde –dice– hay oportunidades de negocio importantes. “La industria del petróleo se está reabriendo y las petroleras grandes están volcando sus ojos de nuevo hacia Venezuela, lo cual es bueno y malo para nosotros, porque eso distrae la atención de esas grandes empresas a posibles oportunidades en Colombia”.

El país cuenta con una ventaja jurídica. Como explica Martín Gustavo Ibarra, socio de Araújo Ibarra, el único acuerdo que se celebró en el pasado Gobierno fue el de protección de inversión con Venezuela. Ahora que Venezuela se va a abrir y empresas extranjeras pueden llegar, quien haga negocios en ese país desde Colombia tendrá protegida su inversión al amparo de este acuerdo.

Ante las expectativas que ha abierto la llegada del nuevo Gobierno y la posibilidad de desarrollar negocios y palancas de crecimiento, el sector jurídico está analizando los ajustes que se puedan hacer para mejorar lo que llama competitividad legal.

Como explica Ibarra, la Cámara de Servicios Legales de la Andi, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la Corporación Excelencia de la Justicia y la Fundación para el Estado de Derecho trabajan en una propuesta que será presentada al Gobierno de Abelardo De La Espriella, con ajustes orientados a fortalecer el marco jurídico para los nuevos negocios que Colombia busca atraer.

“Hoy no tenemos el concepto de competitividad legal. Este es el movimiento más importante reciente en la historia del derecho en el país para hacer un upgrade y lograr que Colombia tenga una de las mejores legislaciones de América Latina”, afirma Ibarra.

Todo este escenario se da en un proceso de ajuste del sector legal en el país. Según cifras de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, en 2025 los ingresos operacionales de las empresas con ventas superiores a los 1.000 millones de pesos –que se calculan en 1.140 compañías–, fueron de 4,73 billones de pesos. Esto significó un crecimiento en términos nominales del 2,8 por ciento.

“El año pasado, el sector integró 96 empresas nuevas (con ingresos operativos superiores a 1.000 millones de pesos), lo que representó un 9,2 por ciento más de empresas en análisis que el año 2024”, señala la cámara en un informe.

Además, también en 2025 se registraron empresas prestadoras de servicios jurídicos, que facturan más de mil millones de pesos anuales en 17 departamentos del país, “evidenciando un mayor número de departamentos con empresas formales prestando servicios jurídicos”.

Y, por el lado del mercado, se está dando lo que podría llamarse “la consolidación de la consolidación”. En los últimos años se han registrado fuertes movimientos en el sector legal. Entre los más recientes, la expansión en la región de la española Pérez-Llorca, que el año pasado se integró a la nacional Gómez-Pinzón, y hoy es Pérez-Llorca Colombia. Y este año anunció la integración con Miranda & Amado en el Perú.

“Apenas llevamos un año en el proceso de integración, pero nos hemos entendido muy bien y estamos construyendo conjuntamente una cultura. El modelo es ganador porque es una integración de firmas top en cada uno de los mercados. No se trata de abrir una oficina y poner una bandera para atender a los clientes”, explica Piñeros.

El año pasado también se dio una movida clave en el sector: la integración de las firmas Godoy Hoyos y Godoy Córdoba bajo una misma estructura organizacional: Godoy.

Los ajustes y la dinámica del sector también se reflejan en el ranking de abogados de Dinero, en el que son medidos por su nivel de ingresos. Este año, Brigard Urrutia mantiene el primer lugar, seguida por la práctica legal de Ernst & Young (EY), mientras que Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) completa el podio. El gran salto, con un crecimiento en sus ingresos superior al 40 por ciento, lo dio la firma Belisario, que le significó subir al quinto lugar, después de Baker McKenzie.

El panorama para el sector legal es retador. Se abre una nueva etapa y las expectativas son altas frente a lo que viene: como en el fútbol, un cambio de frente.