Colombia tenía, a finales del siglo XX, 42.000 kilómetros cuadrados en donde era muy difícil que cupiera la libertad. Esa era el área de la Zona de Distensión, otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana para adelantar un proceso de paz con las Farc-Ep y acabar con el conflicto armado colombiano. Se creó en noviembre de 1998 y entró en efecto en enero de 1999 y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán, en el del Caquetá.

Allí, en el marco de las elecciones regionales realizadas en el año 2000, el Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia lideró un proceso democrático y participativo en un territorio controlado para ese momento por la guerrilla y en la que ese grupo armado había impuesto vetos y restricciones electorales.

Dicho movimiento había sido fundado en 1997 como una comisión o secretaría ejecutiva de la Confederación Nacional de Acción Comunal, aunque con personería jurídica y estructura propias. Guillermo Cardona Moreno, quien fuera su presidente durante el periodo en el que existió la Zona de Distensión, recuerda que esa nueva corporación se fundamentó en los principios de la acción comunal como el pluralismo y la diversidad, de manera que no estaba atada a una posición política, partidaria o ideológica particular.

Acudiendo a estos principios, y reconociendo la importancia del adecuado funcionamiento institucional y de la democracia, el Movimiento Político Comunal y Comunitario tomó la determinación de otorgar avales a los candidatos que fueran respaldados por las asambleas de las Juntas de Acción Comunal y que se hubiesen comprometido, en el marco de tales reuniones, con un Plan de Desarrollo Ciudadano (concepto construido desde el Consejo Nacional de Planeación).

En las elecciones regionales del año 2000 se logró que un significativo número de candidatos, con el aval del Movimiento, llegaran a las gobernaciones de Arauca, Caquetá y Huila, lo mismo que a más de 50 alcaldías de la región. El grupo político alcanzó, además, la segunda votación nacional en concejos municipales y la primera en juntas administradoras locales.

Fue sin duda un momento de mucha efervescencia política en el campo de la acción comunal, y en el que el Movimiento logró imponerse sobre las órdenes de control armado, pero la persecución que sobrevino fue atroz. “Aunque todo el ejercicio de avales y candidaturas se hizo desde un ejercicio de poder soberano por parte de los pobladores desde sus Juntas de Acción Comunal, la clase política local sometió a los elegidos de manera que, si no se acogían al statu quo local, los descalificaban o los estigmatizaban –señala Guillermo Cardona Moreno–. La población que habitaba la Zona de Distensión sufrió especial persecución, sobre todo una vez abolida, pues al ser este un territorio totalmente controlado por la guerrilla, la fuerza pública buscaba que los miembros comunales se volvieran informantes, lo cual los ubicó en el centro del conflicto”.

Fue entonces cuando líderes del Movimiento –como el mismo Guillermo Cardona Moreno– enfrentaron muchos problemas relacionados con la persecución y la estigmatización, lo mismo que múltiples amenazas y señalamientos que los acusaban de ser aliados de la guerrilla, lo mismo que persecución de las instituciones del Estado sobre todo cuando se levantó la Zona de Distensión, así como llamados de la Fiscalía y acciones jurídicas del Consejo Nacional Electoral para anular la personería del Movimiento.

A través de este ejercicio de poder social, los comunales lograron adaptarse a las condiciones impuestas por el actor armado y permanecer en el territorio garantizando la participación por medios institucionales. Este es un logro fundamental, pues en escenarios de control con armas muchas comunidades han tenido que someterse, desplazarse o arriesgarse a la muerte.

Además, el Movimiento Político Comunal y Comunitario aportó de manera invaluable al fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad y el estado de derecho. Con sus actos, la acción comunal fue garante de la reconstrucción de la institucionalidad en las regiones más apartadas del país, a las que ni siquiera pueden llegar los candidatos. Allí son los comunales quienes se echan al hombro los procesos electorales, quienes son el punto de apoyo de todas las campañas electorales. En Colombia, especialmente en las zonas rurales, la acción comunal es casi la única organización que hace presencia. Adicionalmente, ella ha sido una escuela enorme de líderes y lideresas, de personas y colectivos que luchan por sus derechos, y que integran instituciones como los concejos municipales. La acción comunal ha hecho valiosos aportes a la ciudadanía, a la construcción de democracia aún en los territorios más afectados por el conflicto armado.

Esta experiencia arroja aprendizajes clave que resaltan la importancia de que las decisiones del Estado y de política pública incluyan, con más contundencia, apuestas y principios comunales como la planeación participativa, los presupuestos participativos, lo colectivo, lo solidario. “Si el país se dirigiera con base en principios solidarios en lo organizativo, en lo contractual, en lo público, la realidad sería otra. En este orden de ideas, se hace muy importante fortalecer y empoderar a la organización comunal, porque ella también es poder: un poder no reconocido por el Estado, ni por los sectores políticos”, explica Guillermo Cardona Moreno.

De otro lado, la experiencia muestra la relevancia de desmontar las narrativas y prácticas de estigmatización y persecución hacia los movimientos y la movilización social, tanto por parte de la sociedad como del Estado mismo. Los líderes comunales han padecido durante muchos años descalificación y persecución por el solo hecho de exigir y reclamar derechos. Durante 2020, han sido asesinados 55 líderes y lideresas comunales, indistintamente de si son de derecha o de izquierda: en general, la causa ha sido ejercer derechos.

Finalmente, hoy los comunales están promoviendo un modelo electoral en el que se inscriban como candidatos los planes de desarrollo, de manera que, en la voz de Guillermo Cardona Moreno, están posicionando toda una forma de soberanía popular que va mucho más allá de las elecciones tradicionales o convencionales y que permitiría resolver gradualmente los problemas territoriales que se constituyen en motor del conflicto armado.