EL PROCESO 8.000

Sin lugar a dudas la narcofinanciación de la campaña que llevó a Ernesto Samper a la Presidencia de la República, es el mayor escándalo de la historia política de Colombia.

Hasta 1994 se tenía conocimiento de que los carteles de la droga habían financiado algunas campañas a nivel regional, a varios aspirantes al Congreso de la República, y que habían realizado algunos aportes a pasadas campañas presidenciales.

Pero con la grabación de los famosos narcocasetes quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, en esta oportunidad lograron introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la Presidencia. Fue tan evidente la penetración de los dineros calientes en la campaña liberal que a la justicia no le quedó difícil descubrir que la corrupción política en Colombia había llegado a límites inimaginables. Fue así como en abril de 1995 nació el proceso 8.000.

Durante más de dos años de investigación la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pusieron tras las rejas a importantes personalidades de la vida política, entre ellos senadores, representantes a la Cámara, un procurador general, un ex contralor, y a varios de los más importantes testaferros del cartel de Cali. Hoy, más de 50 personas están respondiendo ante la justicia por el narcoescándalo. El propio presidente Samper fue juzgado y absuelto por el Congreso de la República. Pero más allá de las personalidades detenidas, el debate tuvo como eje el polémico delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceras personas, sobre el cual la Fiscalía basó gran parte de sus decisiones. Bajo esta figura jurídica que en su momento fue avalada por las altas cortes, el ente acusador ordenó la captura del ex ministro de Defensa, Fernando Botero; al ex tesorero de la campaña, Santiago Medina, y al ex gerente administrativo de la misma, Juan Manuel Avella, es decir, a tres de las personas más cercanas a Ernesto Samper durante las elecciones del 94.Además de un profundo revolcón jurídico, el proceso 8.000 cambió las costumbres políticas del país. Hoy por hoy quien se meta a hacer política y reciba aportes de las organizaciones de la droga, sería más que un suicida. De hecho, varios de los actuales candidatos a la Presidencia han gastado gran parte de su tiempo en trazar estrategias que impidan que los dineros calientes alimenten sus arcas. Aunque el 8.000 ha sido el proceso judicial más importante en Colombia, su futuro es incierto. Todavía no se han producido las decisiones de fondo por parte de los jueces sin rostro quienes tienen en sus manos la suerte de los acusados por la Fiscalía. Con sus virtudes y defectos el 8.000 demostró que el país padecía de una enfermedad más grave de lo que parecía: la corrupción en las altas esferas del poder.