Justicia para todos

¿Se puede ganar la guerra en Colombia? No se trata del conflicto armado sino de la única guerra que el país jamás se ha decidido a emprender: contra la injusticia social que impera en esta sociedad. Cuando dos de cada tres colombianos no pueden llevar una vida digna, cuando competimos solo con Brasil en los índices de concentración de ingresos, cuando el poder se cierra en pocas manos, se requiere calificar como guerra, fuera del contexto bélico, este tipo de estrategia.

Es la manera gráfica de mostrar un compromiso irreversible que sólo cesará cuando se tenga éxito, es decir, cuando se gane la batalla final, la miseria y la desigualdad. Sólo un compromiso total del país con la equidad, que se traduzca en un conjunto de estrategias, permitirá lograr el objetivo anterior. Predecir cómo evolucionará la política pública colombiana hasta 2020 y mejor aún, cómo debería ser, es un verdadero ejercicio de imaginación. Si con frecuencia resultan un fracaso las proyecciones a corto plazo de los economistas, el comportamiento futuro de las estrategias que afectan la vida de la gente resulta una verdadera adivinanza.

El ingreso per cápita sigue siendo una medida de desarrollo, gústenos o no. Colombia sólo alcanza los 2.000 dólares mientras que países como Argentina, con crisis y todo, nos duplica. En 2020 Colombia debería tener un ingreso per cápita de 7.000 dólares con el que seguiríamos entre los países de ingreso medio pero con futuro. Pero esto no basta. Es necesario alcanzar una distribución de ingreso socialmente aceptable que se aleje de los niveles actuales en los que el 10 por ciento más rico tiene el 50 por ciento del ingreso.

Para lograr esta meta en medio de los avatares de la globalización, tres objetivos específicos deben buscarse. Primero, salir del modelo de los recursos naturales para adentrarnos en el del conocimiento y la tecnología. Estudios muy serios demuestran que la estructura económica colombiana es ineficiente. Por consiguiente, es necesario prepararse a competir no con salarios bajos que sólo traen pobreza e inestabilidad, sino con productividad, lo que implica, entre otras cosas, que la educación deje de ser una política social para convertirse en una política económica sin la cual no hay crecimiento. Igual sucede con salud, vivienda y todo lo que ayuda a un mejor capital humano.

Segundo, un impulso decidido a la infraestructura física, a la profundización del sector financiero y a todo aquello que conlleve una mejor competitividad del país. Tercero, abordar definitivamente el tema de la seguridad económica, que es no sólo uno, sino, el más serio problema del grueso de los colombianos. El gran reto es la generación de trabajo decente, como lo califica la OIT, no seguir laborando solamente por un plato de comida, como les sucede a los llamados trabajadores familiares sin remuneración que constituyen un sector importante de los famosos nuevos empleos de que tanto se vanagloria la Andi. Pero como no es lo mismo ser desempleado en Colombia que en Suecia, se requieren mecanismos de protección social, salud, pensiones y el seguro de desempleo.

¿Será posible?

La naturaleza de esta guerra contra la desigualdad lleva necesariamente a aceptar que se requiere mucho más que el gasto dirigido a estos sectores. Lo que se necesita es una nueva estrategia de desarrollo, con intervenciones creativas en lo económico y lo social, que conduzcan al objetivo de más que triplicar el ingreso per cápita y alcanzar una distribución del mismo socialmente aceptable y políticamente manejable. Las proyecciones de crecimiento económico demuestran que el país está muy lejos de producir en los próximos años el milagro económico que necesita: 15 años de crecimiento al 8 por ciento promedio anual.

País de adultos

La revolución más importante que ha vivido Colombia en los últimos 50 años ha sido la demográfica. Se reconoce que ya este país no es de jóvenes y que rápidamente se está envejeciendo. Pero, ¿alguien ha visto que las políticas económicas y las mal llamadas sociales hayan tenido una revolución similar en las últimas décadas? Definitivamente no.

En 2020 con 56,5 millones, Colombia será un país de adultos pero jamás se preparó para ello y ahora sin resolver los problemas de los niños y de los jóvenes, tendrá que ver cómo le responde a la población económicamente activa, 15-65 años y a los viejos, 65 años y más. Mientras los menores requieren construir capital humano, los adultos necesitan tener la posibilidad de ser productivos, de tener seguridad económica y seguridad social.

El gasto social sólo atiende parte de sus demandas pero las más importantes se derivan de la política económica y se procesan fundamentalmente en el funcionamiento de un mercado laboral que absorba eficientemente su capacidad productiva. ¿Estas condiciones existen? Definitivamente no. Ni se construyeron en su momento ni se están construyendo ahora.

Nuevo modelo

Al paso que vamos se habrá resuelto la cobertura educativa en primaria y secundaria pero con educación pobre para los pobres y buena para los ricos. No se perfila la medida obvia: educación básica pública de buena calidad para que todos arranquen en igualdad de condiciones.

De los 37 millones de adultos que buscarán activamente empleo, cerca de 22 y sólo 10, con mucha suerte, tendrán un empleo decente y estarán armando una pensión de vejez. El resto estará desempleado (cinco millones) o subempleados (siete millones). Pero lo más patético será la situación de los ancianos: la mayoría mujeres, que casi duplicarán el número de los hombres, 2,4 millones frente a 1,8 hombres. Con las tendencias actuales, sólo el 5 por ciento de la población económicamente activa puede tener una pensión, es decir, 200.000 la tendrán y muchos de ellos la mínima, la mayoría hombres porque las mujeres acceden menos a este sistema.

Los campesinos continuarán sumidos en la pobreza porque además del conflicto no se observa un viraje que les concedan sus derechos económicos y sociales.

La conclusión más importante de esta proyección de la política social para 2020 es que Colombia, como país de adultos, requiere desde ya un nuevo modelo de desarrollo cuya política económica sea realmente eficiente y exitosa en términos de incorporar el grueso de la población a la modernidad, con la ayuda del gasto social. Pero no al revés. Este cambio es radical frente a lo que hoy se entiende por política social que sigue respondiendo a unas demandas de otra estructura de población en la cual predominan los menores. Sólo así se ganará la guerra contra la injusticia y la desigualdad. Lo demás es demagogia.

* Economista, ex ministra y presidenta de la Fundación Agenda Colombia