La guerra de los paras

Rosario se lava las manos varias veces al día. “Huele feo”, dice la niña de 11 años y corre al baño a lavárselas otra vez. La profesora de su escuela en un corregimiento del Meta al principio se esforzaba por convencerla de que estaban limpias, de que no era necesario pasarlas nuevamente por agua. Ahora simplemente se limita a regalarle cremas y a ahuyentarle los olores con perfume. Pero sus olores no se van. El hedor a chamuscado y fétido está clavado en lo profundo de su mente desde que vio hace ya varios meses a unos paramilitares torturar a un muchacho de su pueblo y prenderle fuego cuando yacía moribundo y era picoteado por los gallinazos. Sus compañeros en la escuela juegan a guerrilleros y paramilitares y cualquier pupitre se convierte en una buena barricada. Pero Rosario, atormentada por el tufo a muerte que no la abandona, ni siquiera puede concentrarse en estos pasatiempos de niños.

La historia de Rosario da cuenta de una de las estrategias de los paramilitares, la del control a punta de terror. Pero hay otra estrategia menos conocida que se apuntala en el trabajo de personas como María.

Ella es la punta de lanza de la acción social que emprendieron hace años los hermanos Fidel y Carlos Castaño en un pueblo a dos horas de Montería (y en muchos otros) para ganarse el corazón de la gente de sus territorios ‘conquistados’. María, una trabajadora social cartagenera que ronda los 50 años, es vicepresidenta de la fundación cuyos proyectos de huertas caseras, brigadas médicas y educación para adultos cofinancian las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), el brazo fundador de las AUC. También es la secretaria general del colegio de bachillerato de 411 estudiantes donado por Fidel Castaño en 1989 y que desde este año forma parte de la nómina departamental. Pagando una matrícula de 20.000 pesos saldrá este año la octava promoción de jóvenes. La fundación de María también trabaja de la mano de las juntas de acción comunal, de los comités de aseo y embellecimiento y de la farmacia comunitaria, que vende a costos subsidiados por las autodefensas medicinas a personas de bajos recursos. Que estos aportes provengan de la misma organización que ha asesinado a más de 250 civiles en lo que va corrido del año no desvela a María, quien durante muchos años trabajó en un juzgado de instrucción criminal. “Aquí palpamos lo que en realidad son las Accu y sus acciones sociales borran en la mente de cada uno de nosotros la parte oscura”, afirma esta mujer.

Una lógica similar aplica Raúl, uno de los beneficiados con las 7.000 hectáreas que repartieron los Castaño a cientos de campesinos de Córdoba y Urabá después de la desmovilización del EPL. Dentro de los parceleros, Raúl también fue elegido para construir su casa en un barrio cofinanciado por las autodefensas. El puso 10 quincenas de trabajo y otra fundación de las AUC aportó el resto. A cambio, aunque él dice que nadie se lo ha pedido, Raúl, como cientos de otros campesinos en la zona que andan con su radio en el cinto, reporta cualquier movimiento ‘raro’ y está a disposición de la organización. “Aquí las autodefensas somos todos”, dice, citando de memoria el eslogan que está pintado en grafitos en todos los pueblos por donde han pasado los paras. “Las autodefensas son como unos libertadores, nos han quitado un peso de encima”. Con la llegada de las AUC Raúl descansó de que la guerrilla le robara las gallinas, reclutara a sus hijos a la fuerza y sacara corriendo a los ganaderos que ahora le dan empleo como jornalero. ¿Y las masacres? “Yo no creo que maten campesinos inocentes como dicen en la televisión. Por aquí no hay masacres porque nadie colabora con la guerrilla”, contesta Raúl.



Entrenados para matar

“Si llega la muerte en el fragor del combate, bienvenida sea”, dice un letrero a la entrada de la escuela de entrenamiento de las AUC en las montañas de Córdoba, custodiada por un joven vestido de camuflado que carga en su mochila seis proyectiles de bazuca, pequeños cohetes que podrían matar en segundos a decenas de personas. ‘Duncan’, el manizaleño de 27 años que dirige la escuela, cree firmemente en esa máxima. El es un ‘encausado’, alguien cuya obsesión es no descansar hasta matar al último guerrillero. Cuenta que la guerrilla le secuestró un hermano y que por eso su papá tuvo que vender las fincas pero que entró a las AUC hace 10 años, sobre todo atraído por las armas. Por eso cada vez que tiene un tiempo libre lo dedica a leer de armamento y de metafísica. “Este oficio lo pone a uno agresivo y leer metafísica me calma. Es que cuando haya paz, y dejemos esto, no quiero ser un loco”, explica ‘Duncan’.

Desde hace dos años dirige una de las tres escuelas de entrenamiento que tienen las AUC, en la cual el año pasado 3.000 nuevos hombres aprendieron a matar (‘Duncan’ dice que no admite menores de 18 años ni mujeres para evitar problemas de embarazo y porque es muy difícil “entrenarlas para esto y que guarden su feminidad”). Normalmente, según ‘Duncan’, se presentan en su escuela al año 1.000 jóvenes para enlistarse voluntariamente en las AUC. Muchos van tras el sueldo de 500.000 pesos más viáticos para el descanso de 10 días cada dos meses. Otros entran para vengar la muerte de un ser querido (“A esos les ponemos sicólogos para que no empañen el prestigio de las AUC. Es que los excesos que se cometen es porque hay hombres que se encausan mucho”, anota ‘Duncan’.) y otros porque les gustan las armas. De éstos escogen los 600 más aptos después del estudio de seguridad que les hacen. Al final del entrenamiento de tres meses, que comprende entre otras cosas capacitación en polígono, uso de armamento, marchas largas, técnicas de supervivencia y charlas políticas, quedan 500.

Pablo, un hombre de mediana edad que podría pasar por un profesor de universidad pública, está presente durante todo el entrenamiento militar. Dice que como el ELN mató a su mamá y secuestró a su hermano 20 años atrás en San Vicente de Chucurí se convirtió en ‘autodefensa’ permanente. Cuando conoció a Castaño asumió la dirección de los comités políticos que operan en los pueblos que controlan. “Los combatientes ponen el pie de adelante, yo pongo el de atrás”, afirma Pablo, cuya labor es identificar a aquellos que parecen demasiado inteligentes o demasiado débiles para combatir y que pueden servirles más a las AUC para engrosar su lista de 69 profesores, 17 enfermeros y decenas de ecólogos que dicen tener en la zona. “En la guerra todo sirve”, afirma Pablo. Mientras tanto unos 50 jóvenes que ingresaron hace 15 días hacen gimnasia a pleno rayo de sol y gritan a todo pulmón: “Ganaremos la guerra”.



El auge

El paramilitarismo ha cambiado mucho desde que el gobierno denunciara por primera vez en 1987 en el Congreso la existencia de 138 grupos de autodefensa con un total de 650 hombres (ver cronología). Hoy se estima que tienen entre 6.000 y 8.000 combatientes, de ellos un 30 por ciento provienen de las filas de las guerrillas y más de 1.000 son ex soldados y ex policías, incluidos 35 ex oficiales y 100 ex suboficiales, según lo ha dicho el propio Carlos Castaño. Entre 1998 y 2000, según el Ministerio de Defensa, han crecido en 81 por ciento, cinco veces más que la guerrilla durante el mismo período.

La actual generación de paramilitares, que podría decirse que es la tercera ola, no actúa ya como un grupo de sicarios ni de campesinos defendiéndose sino como una consolidada organización contraguerrillera que ataca principalmente a campesinos desarmados. Sólo el año pasado asesinó a 988 civiles fuera de combate, según el Ministerio de Defensa. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando centralizado de Castaño, buscan ganar control territorial, reconocen sus acciones y persiguen cada vez más que se les legitime como una fuerza política con bases sociales con gente como Raúl. Tienen campamentos de entrenamiento militar, como el que dirige ‘Duncan’, y presencia en aproximadamente 409 municipios (40 por ciento del país), la mayoría de ellos en zonas rurales, principalmente en Córdoba, Urabá, Magdalena Medio, Antioquia y Santanderes. Pero cada vez ganan más control sobre los puertos y el eje de producción agrícola en una avanzada que busca, además, apropiarse de las zonas cocaleras y arrinconar a la guerrilla en el sur del país. También se meten en la política (se estima que tres diputados del Magdalena Medio son ‘suyos’, concejales en varias regiones y algunos congresistas), opinan sobre la corrupción, regulan la moralidad de pueblos (en Tierralta, Córdoba, el comandante paramilitar de la zona les dio a los hombres un mes para decidir si se quedan con su esposa o con su amante), impulsan proyectos de desarrollo local, como los que dirige María, y administran la pena de muerte, sin juicio, a ladrones, prostitutas, homosexuales y drogadictos.

Ahora están entrando en una cuarta etapa, que es su incursión en las ciudades. En Barrancabermeja libran una guerra puerta a puerta para controlar la ciudad, en Medellín dominan cada vez más bandas de las comunas nororientales y ya infiltraron varias universidades, como la de Córdoba (donde asesinaron a 10 estudiantes y profesores, algunos de ellos por disfrazar un burro con la cara del rector) y a la Universidad de Antioquia.

En esta última fase también se percibe un cambio de patrón en el actuar de las AUC, que en aras de disminuir el costo político de las masacres recurre cada vez con mayor frecuencia a las muertes selectivas, como lo ha hecho en la Sierra Nevada, en Barrancabermeja y en municipios del norte del Cauca. Y desde hace unos meses, se enfrentan también en combates con la guerrilla.

Paralelamente, y con frecuencia en conexión con las autodefensas de Castaño, hay un paramilitarismo que resulta de relaciones informales entre algunos militares y policías activos y retirados que atenta contra quienes identifica como aliados de la subversión. Las alianzas de esta guerra soterrada son cambiantes según la región y las circunstancias. El atentado al sindicalista Wilson Borja, en el que toda la investigación responsabiliza a un capitán activo de la Policía y a un mayor del Ejército, o la resolución de acusación revelada por El Espectador esta semana contra el teniente coronel Jesús María Clavijo en relación con el asesinato selectivo de más de 100 personas en Antioquia por parte de las AUC, son casos recientes que evidencian estos vínculos.

El informe difundido esta semana por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también critica actitudes omisivas de sectores del Ejército frente a estos grupos. Cita como ejemplos el que ocho meses después de que la Oficina reportara haber visto a la entrada de la vereda El Placer un retén paramilitar apenas a 15 minutos de La Hormiga (Putumayo), donde está un batallón de la Brigada 24, éste siguiera operando. También denuncia el informe la permanencia de bases paramilitares en la finca La Iberia en Tuluá (Valle), en El Jordán, municipio de San Carlos (Antioquia), a unos 20 minutos de donde están acantonados los batallones del Ejército Granaderos y Héroes de Barbacoa, y en El Guamo, región de los Montes de María (Bolívar), desde donde se habrían ordenado las masacres de Ovejas y El Salado y cuya posición, según el informe, habría sido incluso reconocida ante la Oficina de la ONU por autoridades militares de la Brigada 1 en Sincelejo. Y es que pese a las 266 capturas y las 70 bajas de paramilitares en 2000 por parte de la Fuerza Pública, según informe del Ministerio de Defensa, lo cierto es que no es fácil para el gobierno lograr que el Ejército combata frontalmente a las autodefensas. “Las AUC y los soldados en el campo de batalla son hermanos, dice un analista. Los bandos de la guerra no se cambian por decreto”.

Lo que sí puede hacer el gobierno, coinciden varios expertos en el tema, es extirpar por completo el componente paramilitar del Ejército, no sólo penalizando a los que tienen vínculos sino siendo muy cuidadoso de no premiar con ascensos a nadie proclive a esta tendencia. “Las condiciones del Plan Colombia, sin duda, serán un incentivo para que el Ejército se depure”, dice otro de los consultados.

Porque si bien en la sociedad colombiana ha crecido el respaldo a los grupos paramilitares este fenómeno es intolerable para la comunidad internacional. Los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la ONU son categóricos en que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir a las autodefensas. Y aunque el gobierno se ha defendido alegando que la ONU no tuvo en cuenta sus avances en la materia, lo cierto es que las exigencias en cuanto a derechos humanos ocuparán el primer lugar en la agenda bilateral de Colombia con Estados Unidos y Europa este año.

Aunque por distintas razones la presión también es considerable dentro del país. La más grande es la misma negociación con las guerrillas, atravesada por el problema paramilitar. Para las guerrillas es prioritario acabar con los paramilitares. En la guerra, porque las autodefensas han golpeado las redes de apoyo de las Farc y del ELN y las han desplazado de sectores económicos y de producción cocalera estratégicos para su lucha. En la paz, porque una condición mínima para que la guerrilla ingrese a la arena político-electoral y se desarme es que no haya paramilitarismo. El exterminio de la Unión Patriótica es un fantasma que pesa aún mucho sobre las Farc.



El ‘menage a trois’

Lo que a estas alturas es claro es que los paramilitares más que un hijo bastardo de la guerrilla son el resultado más bien de un menage a trois entre la incapacidad del Estado, los abusos de la insurgencia y la miopía de una sociedad que le apuesta a soluciones ‘inmediatas’ sin considerar sus implicaciones hacia el futuro.

Nadie duda que la incapacidad del Estado para defender la propiedad y la vida de amplios sectores rurales engendró en parte este fenómeno. “Pero se confundió la guerra irregular con la guerra sucia”, afirma un experto en temas militares. Entonces la sociedad ha acudido a la vía fácil de apoyar grupos de justicia privada que matan gente que unilateralmente el victimario señala como colaboradores de la insurgencia. Detrás de esto hay varios prejuicios muy arraigados entre la gente que los hechos prueban más como mito que como realidad.

Primero está la idea de que un ejército regular nunca gana una guerra irregular, lo cual no es cierto. “No existe una guerra en la historia que se haya ganado a punta de paramilitares, así como no existe ninguna revolución que se haya ganado con terrorismo”, afirma un estudioso de las guerras civiles. Ni la ofensiva de Ríos Montt en Guatemala, que produjo 80.000 muertos, lo consiguió; ni Fujimori venció a Sendero Luminoso con sus rondas campesinas. Sólo lo logró con la captura de su cúpula a punta de inteligencia militar. La operación del Ejército en Sumapaz, donde con inteligencia logró desmantelar las bases de ‘Jojoy’ en esa área, demostró que con una buena planeación, soldados profesionales y buena dotación se logra combatir a la guerrilla con efectividad.

El otro mito que va de la mano del anterior es que el paramilitarismo, si bien agudiza el conflicto a la larga acelera la paz. La evidencia demuestra lo contrario. Las AUC no sólo han enredado procesos como el del ELN, promoviendo —como lo ha admitido Castaño— la movilización de la población en contra de una zona de encuentro, sino que así como la guerrilla fortalece a los paramilitares éstos fortalecen a la guerrilla. Si hostigan a un dirigente local, por ejemplo, éste se ve obligado a buscar la protección de las Farc o del ELN. “Multiplica el reclutamiento guerrillero porque el ingreso a la guerrilla o a las AUC es la única salida cuando se está sometido al terror”, afirma uno de los entrevistados. Esto explica, en parte, porqué a pesar del crecimiento vertiginoso de las autodefensas la guerrilla creció en 16 por ciento en los últimos dos años. Lo más grave es que con la creciente financiación de los paramilitares se logrará en unos pocos años lo que la guerrilla trató infructuosamente de hacer durante 40: configurar una guerra civil que obliga a la gente a ubicarse en un bando u otro. Esto sin tener en cuenta lo que significa para un país que además de los 18.000 guerrilleros que existen actualmente en pocos años, si los paramilitares siguen creciendo al ritmo en el que lo vienen haciendo, existan otros 20.000 jóvenes cuyo estilo de vida sea matar.

Un tercer mito es que las autodefensas desaparecerán tan pronto se firme la paz con las guerrillas. Pero nadie garantiza que estos grupos no se conviertan en secuestradores, extorsionistas y asesinos a sueldo.

De hecho ya, según datos del gobierno, los paramilitares cometieron el año pasado 203 secuestros extorsivos. Castaño responde por 14 que, según él, eran “testaferros de la subversión escondidos dentro de la sociedad honesta” y reconoce que otros casos (“que estoy seguro en el más alto de los casos no ascienden a 10”) habrían sido realizados por otros frentes de la AUC que él no controla (“no obstante mis ingentes esfuerzos por evitarlos y que intento cortar de raíz”, dijo a SEMANA en entrevista por correo electrónico). Del 22 de noviembre de 2000 hasta finales de enero tres campos petroleros estuvieron parados y, como consecuencia, Yopal se quedó sin gas casi dos meses porque grupos paramilitares (también supuestamente fuera del control de Castaño) hostigaron a Perenco y la petrolera francesa decidió suspender sus operaciones. También en Casanare se registran casos de extorsión a los presupuestos locales por parte de las autodefensas de esa zona.

Todos estos son ejemplos de lo que podrían convertirse en el futuro todos estos hombres apoyados, armados o financiados por colombianos que en cambio de apostarles decididamente a las instituciones legales creen, como los romanos, que hay que destruir la democracia para salvarla.