La guerra privatizada

Una investigacion sobre el negocio de la guerra, que duró cerca de dos años y fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, reveló que las empresas militares privadas, o EMP, como han venido a denominarse los mercenarios del Nuevo Orden Mundial, les permiten a los gobiernos desarrollar políticas en regiones difíciles del mundo. Gracias a ellas los gobiernos se valen de la distancia para que luzcan verosímiles sus declaraciones de que no tienen nada que ver con esas actividades bélicas.

De hecho, la investigación ha identificado por lo menos 90 EMP con sedes en 15 países y operaciones en 110 naciones alrededor del mundo. La mayoría de dichas empresas -definidas como proveedores de servicios desempeñados usualmente por una fuerza militar nacional, incluyendo entrenamiento militar, inteligencia, logística, combate y seguridad en zonas de conflicto- tienen sus cuarteles generales en Estados Unidos, Gran Bretaña y Suráfrica a pesar de que la mayor parte de sus servicios se venden en países de Africa, Suramérica y Asia.

Los 'mercenarios' están proscritos por el artículo 47 de la Convención de Ginebra, que los define como personas contratadas por un país distinto al de su origen para librar un conflicto armado, o para que intervengan en un conflicto en un país diferente del propio. Su motivación para participar en dicho conflicto es exclusivamente de lucro. Sin embargo pocas EMP hoy corresponden a esa definición y los portavoces de dichas empresas insisten con vehemencia en que rara vez intervienen en combates y que lo que hacen es brindarles asesoría militar solamente a gobiernos legítimos y reconocidos internacionalmente. La investigación de Icij encontró que una amplia gama de empresas -que van desde grandes corporaciones que ofrecen entrenamiento militar, seguridad, despeje de minas y construcción de bases militares llave en mano, hasta empresarios pequeños que brindan servicios de combate y entrenamiento táctico- participan en el complejo negocio de la guerra, que mueve muchos miles de millones de dólares.

Desde 1994 el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha suscrito 3.061 contratos con 12 de las 24 EMP que tienen sede en Estados Unidos y que Icij identificó en una revisión de documentos gubernamentales. El valor total de dichos contratos superó los 300.000 millones de dólares. Más de 2.700 de los contratos en cuestión fueron suscritos con tan sólo dos empresas: Kellogg Brown & Root y Booz Allen Hamilton.

Tradicionalmente el gobierno de Estados Unidos les suministró directamente entrenamiento militar a los gobiernos extranjeros. Eso cambió en 1975, cuando la empresa de construcciones militares Vinnell Corp. ganó un contrato de 77 millones de dólares para entrenar a la Guardia Nacional Saudita en la protección de campos petroleros. Desde entonces el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha apelado en forma creciente a proveedores externos de apoyo logístico. Este es uno de los sectores de las fuerzas armadas norteamericanas con mayor densidad de outsourcing, tanto en tiempos de paz como de guerra. En Bosnia, por ejemplo, la proporción de contratistas frente al número de soldados norteamericanos varió de uno a 10 hasta prácticamente llegar a uno a uno, según varios analistas de defensa.

La tendencia se ha acelerado luego de la Guerra del Golfo, en 1991, cuando las tropas fueron apoyadas masivamente por contratistas privados. Dicha tendencia se ha mantenido, tal como lo evidencia una revisión general del sector militar realizada en 2002 y en la cual el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, enfatizó el éxito del outsourcing de su cartera para delegar asuntos no esenciales. Afirmó que él "aprovecharía las oportunidades que se presentaran para realizar 'outsourcing' y privatizar". Los fuertes vínculos que existen entre el gobierno estadounidense y muchas de las empresas militares contratistas dejan graves dudas.

En 1992 el Pentágono, encabezado por el entonces secretario de Defensa Dick Cheney, le pagó a Brown & Root Services 3,9 millones de dólares para producir un informe secreto en el que se detallaba la manera en la cual las empresas privadas podían ayudar a suministrar servicios logísticos para las tropas norteamericanas en potenciales zonas de conflicto. Brown & Root (que ahora se llama Kellogg Brown & Root, o KBR) es una filial de Halliburton Corporation, empresa de la cual Cheney -hoy vicepresidente norteamericano- fue presidente entre 1995 y 1999. Brown & Root también fue favorecida con contratos entre 1995 y 1997 para que suministrara apoyo logístico en los Balcanes, en donde Estados Unidos ha estado supervisando la aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que terminó con la guerra en la ex Yugoslavia. Aquellos contratos crecieron portentosamente hasta generar pagos de 2.200 millones de dólares en cinco años, según datos suministrados por la oficina de contabilidad general, el brazo investigativo del Congreso.

Brown & Root no es más que una entre muchas EMP que suscitan preguntas acerca de los contactos reales que existen entre el sector público y el privado. Frank Carlucci, quien fue secretario de Defensa durante los últimos años del gobierno Reagan, era el presidente de la junta directiva de BDM cuando ésta adquirió a Vinnell y hoy es aún el presidente de la junta directiva del Grupo Carlyle, una firma de banca que es dueña de BDM y que tiene como consultores, asesores y ejecutivos a una plétora de ex funcionarios de gobierno, entre los cuales están el ex presidente George H. Bush y su ex secretario de Estado James Baker. Durante el paso de Carlucci por BDM la empresa aumentó el número de contratos con el gobierno de Estados Unidos. Para 1994 los ingresos de la empresa sumaban 774 millones de dólares, partiendo de un total de 295 millones en 1991, el primer año completo en que estuvo en manos del Grupo Carlyle.

Wall Street ha notado la considerable expansión de los negocios de las EMP, tanto nacionales como extranjeras. Las compañías de seguridad cuyas acciones se negocian en bolsa vieron aumentar su valor al doble de la velocidad de crecimiento del promedio industrial Dow Jones durante los febriles años 90. Los ingresos generados por el mercado global de la seguridad internacional tienen un crecimiento proyectado que parte de 55.600 millones de dólares en 1990 hasta alcanzar 202.000 millones en 2010. Dicho estimativo ha aumentado verticalmente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. El precio de las acciones de la empresa de seguridad Wackenhut Corp. aumentaron 26 por ciento entre el 10 y el 17 de septiembre, en tanto que la cotización de las de Armor Holdings Inc., que suministra una amplia gama de productos y servicios para los militares y la policía, ya ha registrado niveles 31 veces superiores a lo proyectado para 2002. La revista Fortune nominó a Armor Holdings, un conglomerado con sede en Florida, como una de "las 100 empresas de más rápido crecimiento de Estados Unidos" en 1999. La compañía se especializa en productos y servicios de seguridad y cuenta con miles de filiales que producen y comercian de todo, desde chalecos antibala y polvos para tomar huellas digitales hasta servicios de desactivación de minas terrestres.

Al igual que en todo el resto del sector de defensa en general, la tendencia de las EMP ha sido hacia las fusiones, adquisiciones y consolidación. En agosto de 2001 Armor Holdings adquirió a O'Gara-Hess & Eisenhardt Armoring Company, el mayor proveedor mundial de servicios de transporte blindado, con lo cual incrementó sus ingresos de 2001 hasta alcanzar 292 millones de dólares. L-3 Communications, que dispone de ingresos anuales cercanos a los 2.000 millones de dólares, fue constituida en abril de 1997 mediante la compra de unidades de negocios que fueron descartadas con motivo de la fusión de Loral Corporation y Lockheed Martin en 1996. L-3 Communications adquirió, a su vez, en julio de 2000, a Military Professional Resources Incorporated (Mpri), la cual brindó consultoría y entrenamiento a muchas fuerzas armadas alrededor del mundo.

Debido al rápido crecimiento de este sector varios gobiernos extranjeros están preguntándose si debe ser reglamentado o no y, en caso afirmativo, cómo hacerlo, para evitar que las EMP se conviertan en vehículos de política extranjera clandestina, de tráfico de armas o, simplemente, de desperdicio y mala gestión. Estados Unidos y Suráfrica son los únicos países que ejercen alguna supervisión oficial sobre sus EMP nacionales, en tanto que otros gobiernos ya han reconocido la necesidad de los servicios ofrecidos por las EMP; pero aún tienen que desarrollar una estructura para supervisarlas.

A medida que los gobiernos contratan más tareas con el sector privado los conflictos en el extranjero se tornan más complejos y las empresas de defensa se fusionan para convertirse en megaempresas que lo hacen todo, desde construir vivienda militar hasta producir armamento de alta tecnología, y las fronteras entre empresas de seguridad, de entrenamiento y de logística se vuelve cada vez más tenue. La expansión de los servicios prestados por entidades civiles plantea varios problemas, incluyendo el de la falta de transparencia y supervisión pública, el desempeño de entidades motivadas por el lucro más que por el interés nacional, el nepotismo entre los gobiernos y sus ex empleados y el ingente potencial para conflictos de intereses cuando las empresas ingresan en variados proyectos de negocios.

'RECURSO NACIONAL'

Mpri se halla en el norte de Virginia, el hogar del Pentágono y de la galaxia de empresas relacionadas con el sector de defensa que giran a su alrededor. En las paredes de sus oficinas se ven los retratos de los fundadores de Mpri y de sus sucesivos presidentes con sendos uniformes con las estrellas y barras características de los altos rangos del estamento militar norteamericano. El presidente Carl Vuono sirvió como jefe de estado mayor del ejército entre 1987 y 1991 y dirigió la invasión norteamericana de Panamá y la Guerra del Golfo; Harry E. 'Ed' Soyster fue director de la Agencia de Inteligencia de Defensa; en cuanto a Crosbie Saint, fue comandante del ejército de ese país estacionado en Europa.

Mpri fue fundada en 1988 como una oficina de consultoría en entrenamiento militar por tres generales que llegaron a retiro varios años antes de lo que esperaban. "El concepto era de que allí había un recurso nacional: estaba en la gente retirada del ejército", le dijo Soyster a Icij. Al suministrar entrenamiento por parte de agentes privados los fundadores de Mpri terminaron por verse a sí mismos liberando personal, recurso escaso, de la infantería que podía entonces dedicarse al combate. La empresa creció, sevolvió rentable un par de años más tarde y, en mayo de 2002, ya reportaba ventas anuales de 95 millones de dólares. Según el sitio Internet de Mpri la empresa cuenta con 700 empleados fijos y con más de 12.000 ex miembros del estamento militar, de la policía y de las entidades custodias de la ley. El primer cliente de la empresa fue el Departamento de Defensa, que la contrató para que consiguiera el personal necesario para dictar un curso de entrenamiento de coroneles. Su negocio consiste predominantemente en suscribir contratos de defensa para servicios de entrenamiento y apoyo.

Algunos de los proyectos emprendidos por Mpri en ultramar han dejado clientes insatisfechos. En Colombia la empresa fue contratada en 2000 para que ayudara a reestructurar las fuerzas armadas colombianas contra la droga. Sin embargo oficiales colombianos dijeron que el entrenamiento no tenía utilidad y que los asesores de Mpri estaban "inventando el agua tibia", y que ni siquiera hablaban español. Se dice que, bajo presión de Colombia, el Pentágono no renovó el contrato de un año. Los oficiales del Pentágono respaldaron el desempeño de la empresa y Soyster le dijo al St. Petersburg Times que Mpri había cumplido con los requisitos de su contrato de 4,3 millones de dólares.

DynCorp, otro beneficiario de sustanciosos negocios, fue atrapado en un escándalo en 2000 cuando dos empleados que trabajaron en el contrato anual de 15 millones de dólares para apoyo logístico en Bosnia y Kosovo afirmaron que varios de sus colegas habían participado en el mercado negro de tráfico de mujeres y niños. DynCorp declaró luego que la empresa no toleraba semejantes comportamientos y despidió a aquellos que estaban acusados de esos delitos. Algunos medios han informado que DynCorp también despidió a quienes habían hecho inicialmente las acusaciones y para ello utilizó cargos no relacionados con el asunto, como el uso indebido de tarjetas de asistencia. Ambos empleados contraatacaron ante los tribunales por despido injusto y un tribunal de Inglaterra, en donde se radicó un caso, declaró en agosto de 2002 que el despido no tenía justa causa y que la empresa había procedido por retaliación. Un portavoz de DynCorp dijo que la empresa planeaba apelar la sentencia. La otra demanda se arregló extrajudicialmente.

OTRAS EMPRESAS

Otras docenas de pequeñas empresas a todo lo ancho de Estados Unidos ofrecen versiones reducidas de programas de entrenamiento militar, según pudo establecer el Icij. Algunas trabajan a nivel global con oficinas y centros de entrenamiento en múltiples países. La empresa Sayeret Group, de Nevada, dice que tiene grupos tácticos que puede desplegar a cualquier parte del mundo para apoyar operaciones de seguridad, protección y acción directa. Pistris Inc., una compañía de seguridad marítima que tiene su propia flota de barcos, también afirma que puede suministrar grupos de protección móviles totalmente equipados para brindarles seguridad a campos petroleros, a puertos y barcos comerciales. Trojan Securities International, una empresa fundada por ex agentes de la ley tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, mantiene centros de entrenamiento en Arkansas, donde está su sede principal, así como en Ecuador, para atender el trabajo de la empresa en América Latina. Varias empresas pequeñas han recibido contratos nuevos, por sumas multimillonarias, del gobierno de Estados Unidos desde el 11 de septiembre. Blackwater Lodge, de Carolina del Norte; Surgical Shooting Inc. ('Disparo Quirúrgico S.A.'), de California, y Automation Precision Training, de Virginia, recibieron adjudicación de contratos por más de 60 millones de dólares de la Marina estadounidense en septiembre de 2002 para entrenamientos militares.

ALTA TECNOLOGIA

En Estados Unidos hay cada vez menos individuos en actividades directas de combate, en tanto que se requieren sistemas de apoyo masivos para mantener en funcionamiento las fuerzas de combate. Los requerimientos de los equipos de combate de alta tecnología han aumentado dramáticamente la necesidad de los expertos especializados, que aporta el sector privado. En Afganistán, por ejemplo, personal perteneciente a Northrop Grumman fue contratado por la Fuerza Aérea para que manejara el Global Hawk, el avión de reconocimiento más moderno y avanzado, ya que dicha empresa había diseñado el aparato (que es un avión no tripulado) y, por consiguiente, contaba con una experiencia insuperable para operarlo. Como resultado de esto la frontera entre actividades de combate en el frente y operaciones de apoyo logístico se hace aún más difusa.

Los pequeños contratistas también juegan su papel. ICI, de Oregon, empresa con una nómina permanente de tan sólo cinco empleados, reportó en 2001 ventas anuales de 8,8 millones de dólares. La empresa fue constituida en 1994 por Brian Boquist, un teniente coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de Reserva que está presentándose por segunda vez en las elecciones para congresista de Estados Unidos.. ICI ha colaborado en operaciones extremadamente riesgosas de paz en Liberia, Sierra Leona y Haití. También ha evacuado agentes de paz, trabajadores de ayuda internacional y diplomáticos de zonas de combate.

Que una empresa pequeña como ICI haya estado involucrada en tantas operaciones es un elemento sintomático del cambio en la naturaleza de la guerra. Los pocos militares del nuevo milenio no pueden estar en todas partes al tiempo, y los contratistas deben llenar los vacíos.

El creciente alcance de la guerra ha conducido a una bonanza para las EMP. Por ejemplo, Armor Group, la sección de servicios de Armor Holdings, fue contratada por el gobierno británico para que organizara la seguridad de las embajadas británicas, luego de que un diplomático fuera asesinado en un atentado con bomba que se cree está relacionado con Al Qaeda. Kellog Brown & Root construyó campos de reclusión en la bahía de Guantánamo, Cuba, para los detenidos que tiene allí Estados Unidos y suministra apoyo logístico para las bases militares de Estados Unidos en Uzbequistán.

Sin embargo muchos están preocupados porque el inadecuado sistema de supervisión actual nunca llegue a ponerse en condiciones de atender el enorme volumen y la dispersión geográfica de los cientos de contratos que el Pentágono está suscribiendo. La agencia investigativa del Congreso estadounidense ha comenzado una revisión del control sobre los contratistas de defensa que están desplegados en misiones alrededor del mundo. Deberá entregar su informe a mediados de 2003.