LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

MERMAR LA ACCIDENTALIDAD VIAL: RETO DE ESTE GOBIERNO
El gran reto de este gobierno es hacerle frente a la accidentalidad en las carreteras en una época cuando se registran tan elevadas y preocupantes estadísticas de siniestralidad. Muchos son los esfuerzos que el gobierno ha realizado por frenar la accidentalidad pero los frutos no han sido los más satisfactorios. Por primera vez existe un Plan Nacional de Seguridad Vial en el que participan todas las entidades del tránsito y transporte del país, pues somos conscientes que la creciente complejidad de la vida moderna ha incrementado, en forma significativa, el uso del vehículo automotor para satisfacer la necesidad de transporte de personas y de carga. El índice de crecimiento del parque automotor es de un 8 por ciento anual, frente a un dos por ciento del aumento de población. Ello ha generado una congestión y una elevación del riesgo de accidentes de tránsito en los sectores urbano y rural. Es preocupante que en un país como el nuestro, en el que existen aproximadamente un millón 200 mil vehículos, casi un vehículo por cada 27 habitantes, se reporten cerca de 70 mil accidentes con un promedio mensual de 213 muertos y 1.848 heridos. Según estudios elaborados sobre la materia por el Instituto de Vías, de la Universidad del Cauca, en 6.479 kilómetros de carretera se presenta un accidente de tránsito cada dos kilometros. Con especial detenimiento se ha venido analizando esta situación y se ha observado que un alto porcentaje de 106 accidentes son el resultado de la indisciplina social y de la poca y a veces nula atención e importancia que se les concede a las más elementales normas que regulan el tránsito.
Entre las causas de mayor incidencia en la accidentalidad, pueden mencionarse el conducir en estado de embriaguez, el exceso de pasajeros, la desobediencia de las señales de tránsito y la falta de revisiones periódicas y oportunas a los automotores. Cabe mencionar, especialmente, la falta de idoneidad, de capacitación y de educación tanto de los conductores como de los usuarios. En estos aspectos debemos reconocer que las normas de tránsito vigentes no responden precisamente a las circunstancias actuales, repercutiendo por ende, negativamente en la seguridad vial. Por una parte las referidas a las condiciones y requisitos que debe cumplir un ciudadano que quiera adquirir una licencia de conducción no garantizan su idoneidad, por otra, las sanciones establecidas por la violación a las normas de tránsito, ha mantenido constante su valor en pesos desde 1970, perdiendo en consecuencia por efectos de la inflación, toda su fuerza disuasiva. Además, los procedimientos fijados para la aplicación de las sanciones, son tan engorrosos que llevan en muchos casos a la impunidad. Toda esta situación se ve agravada por el desconocimiento general de la ciudadanía de las más elementales normas de comportamiento en el tránsito. La accidentalidad vial, es considerada, como uno de los más graves flagelos de la sociedad moderna, su solución, por tanto, exige la participación activa y permanente de los sectores público y privado. Como puede deducirse, es un problema de educación, de salud, de infraestructura vial, de control, en síntesis un problema que nos concierne a todos. En tal sentido el gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte le ha concedido la mayor trascendencia y prioridad a la ejecución de una real y auténtica política de seguridad vial, que contemple en forma integral aspectos relacionados con la vía, el vehículo, el peatón y las normas de tránsito. Consecuente con ello se ha estructurado el Plan Nacional de Seguridad Vial cuyo espíritu y filosofía van tras un objetivo primordial, cual es el de disminuir al máximo posible los índices de accidentalidad en el país, desarrollando para ello actividades que tiendan específicamente a dos factores: el humano y el físico. En el humano, se considera el conductor, el peatón, el pasajero, el constructor y ensamblador de vehículos y el agente de control. En el físico, el vehículo y la vía. Se trata, pues de obtener elementos de seguridad en las carreteras, mediante la realización de actividades que hacen referencia en primer término a la infraestructura vial. Ejemplo de ello es el mantenimiento y conservación de las carreteras nacionales, municipales y de los caminos vecinales, en forma adecuada y oportuna. La señalización y demarcación de las vías, e instalación de defensas viales, el mejoramiento de las intersecciones viales, la determinación de los puntos críticos de la accidentalidad en la red vial, la construcción de zonas de descanso para los usuarios de las carreteras.
Con referencia al vehículo se pretenden establecer centros de diagnóstico automotor y hacer énfasis en la mejora del diseño, las especificaciones y la homologación de los vehículos. En tercer término está el usuario, elemento fundamental de la seguridad vial. Por lo tanto las acciones que se han emprendido están orientadas a la inclusión de la educación en tránsito en todos los niveles. La creación de centros de entrenamiento de seguridad vial y de diagnóstico de la conducción, el establecimiento de campañas de seguridad vial y de capacitación de conductores. De otra parte, especial atención se le ha concedido al fortalecimiento de la infraestructura administrativa para el tránsito a nivel nacional para lo cual se hace énfasis en el planeamiento, la administración y el Control del tránsito, en el establecimiento de un sistema único que coordine y controle las diferentes dependencias encargadas del tránsito, en la adecuación y dotación de equipos y elementos necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas, especialmente para las entidades encargadas de la vigilancia y el control y de brindar los primeros auxilios.