POR EL SENDERO DEL TERRORISMO

Cómo llegó el M-19 a esta acción, que buscaba, que cálculos realizó?
El 24 de agosto de 1984 se concertaron con el M-19 los Acuerdos de Tregua y Cese del Fuego. Diez meses más tarde, en el mes de junio de 1985,se produjo la ruptura de la tregua y el reinicio de las operaciones militares por parte de esta organización. En este lapso, coincidieron dos procesos: de una parte, el creciente predominia de los sectores militaristas al interior del M-19, quienes, fundados en el éxito militar en Yarumales y en el desarrollo de los "campamentos de la paz" en los barrios marginales, cometerían un enorme error de cálculo político: la idea de que era posible convertir el Tercer Paro Cívico Nacional en un levantamiento insurreccional. Por ello, dos días antes del paro declararon rota la tregua. Pero el fracaso del paro dejó al M-19 con un reducido espacio político y obligado a enfrentar la totalidad del dispositivo militar del país. Y el proceso convergente consistió en el desarrollo de una política de cerco y aniquilamiento de las fuerzas militares contra el M-19, que ahogó las voces que al interior de este movimiento creían en el proceso de pacificación y negociación del gobierno de Betancur.
Rota la tregua, el M-19 retoma sus tradiciones. En efecto, un rasgo permanente de la acción política de esta agrupación ha sido la de sustituir el paciente trabajo de constitución de un movimiento político, por los golpes de audacia político-militares: el robo de la espada de Bolivar, el robo de las armas del Cantón Norte, el desembarco de guerrilleros en Nariño y Chocó, etc. La toma del Palacio de Justicia se inscribe en este pasado; ante la pérdida de espacio político y la poca viabilidad del proyecto militar en este periodo (dada la tregua con las FARC y el margen de opinión de que goza el gobierno), el M-19 busca recuperar su protagonismo y su presencia en la vida nacional mediante otro "golpe de suerte".
CALCULOS ERRONEOS
Los resultados finales de la temeraria acción del M-19 con la pérdida de importantes cuadros de su dirección política y militar, revela enormes errores de cálculo en la planificación de esta aventura.
De una parte, la popularidad palpable de los organismos del Palacio de Justicia, cuyos miembros no se identifican con el desprestigio que afecta a otros segmentos del Estado, por ejemplo, el Parlamento. Todo lo contrario. La amenaza que pesa sobre los magistrados de la Corte Supréma de Justicia por parte de la mafia, la condena del Consejo de Estado al anterior gobierno por la práctica sistemática de torturas a los presos politicos, etc., hacian de esta institución una de las pocas que conservaban una autoridad a los ojos de la población.
De otra parte, era diferente la calidad de los rehenes comparados con aquellos de la Embajada de la República Dominicana; ya no se trataba de destacados miembros del cuerpo diplomático, cuyo sacrificio era imposible ante enormes presiones internacionales. Es igualmente destacable como error la extrema complejidad que significaba una toma en el corazón mismo de la ciudad, al borde de los centros fundamentales del poder político, con todo su aspecto traumático para el desarrollo de la vida institucional del país. Una prolongación excesiva de las negociaciones hubiese sido, sin dudas, profundamente desestabilizador para un presidente tan débil como Betancur.
Si en el plano político la toma era injustificable, es indudable que predominó un criterio técnico-militar.
Las características mismas del Palacio de Justicia lo hacian factible para un control militar prolongado (mucho más que la propia Embajada de la República Dominicana), salvo que la respuesta fuera lo impensable: el holocausto masivo sin ningún tipo de negociación previa como única respuesta.
Esto constituyó un error fatal para el gobierno: lo que hubiese podido ser un gran éxito político para la administración Betancur--dado el prestigio de la cúpula de la justicia colombiana--, amenaza socavar no sólo el prestigio personal de Betancur, sino las bases mismas de la democracia colombiana.
LA POLITICA DE PAZ
Si el M-19 buscaba mediante la toma del Palacio de Justicia retomar la iniciativa política, los desastrosos resultados finales le reducen dramáticamente sus márgenes en este plano. La pérdida de popularidad que venia sufriendo, se puede tornar en franco aislamiento.
Este riesgo quedó ya protocolizado en la tercera reunión de la Comisión Nacional de Paz, Diálogo y Verificación, efectuada el mismo día en que terminó la toma del Palacio de Justicia, en la cual se expidió un comunicado público que sirve de termómetro para medir sus consecuencias para la paz.
De una parte, en cuanto hace relación con el M-19, la Comision precisa que su acto "ha inhabilitado indefinidamente a los miembros de la Comisión de Paz para dialogar con esa agrupación", con lo cual, la ruptura de la tregua con el M-19 adquiere un carácter definitivo. Y, de otra parte, afirma el comunicado que "en armonía con lo expresado por el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur, ratifica su voluntad de continuar trabajando porque los acuerdos firmados con las FARC EPL y el ADO no sólo se mantengan sino se perfeccionen, de manera que el pueblo colombiano tenga seguridades sobre su estricto cumplimiento"
No obstante, los resultados de la toma van a tener, sin duda, efectos contradictorios: de una parte, para muchos sectores de la opinión pública se podrá distinguir claramente el diferente comportamiento de las organizaciones armadas y, por tanto, disociar los hechos penosos del Palacio de Justicia del proceso de pacificación global que debe continuar impulsándose. Pero, para los sectores que propugnan una solución militar, los hechos recientes van a constituir un nuevo argumento para cuestionar la viabilidad de la política de pacificación del gobierno. En este forcejeo, que apenas comienza, no es todavía clara la tendencia que predominará, pero es indudable que la política de Betancur pende de un hilo.
Para el M-19, los resultados de la toma cruenta del Palacio de Justicia van a constituir, sin duda, un revés, cuyo costo es incalculable. De una parte, esta organización pierde su más destacado organizador urbano, Luis Otero; su más importante cuadro sindical, Andrés Almarales, y la "estrella ascendente" del movimiento, su mejor orador y una persona de gran cultura y personalidad, Alfonso Jacquin. Pero los costos son, ante todo, politicos: los márgenes de popularidad que llegó a tener el M-19, constituyéndose en una opción política para vastos sectores de la población, hoy se pueden reducir a la imagen de una organización terrorista. --