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La Paz Total del Gobierno Petro: puntos claves para entenderla

Frente a la violencia ejercida por los grupos armados, la Paz Total ha sido la respuesta del Gobierno nacional. El próximo 25 de enero, congresistas, funcionarios, expertos y académicos analizarán las proyecciones, los retos y las oportunidades de esta política de Estado en el Foro Colombia 2023.

La Paz Total es una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro. El pasado 4 de noviembre, el Presidente sancionó la Ley 2272 o Ley de la Paz Total, que incluye la negociación con diferentes actores armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y los Grupos Armados Organizados (GAO), buscando cerrar los capítulos de violencia en el país.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) explica que la Paz Total puede comprenderse a partir de tres dimensiones: “Inicialmente, una dimensión de política pública, donde el Plan Nacional de Desarrollo confluye hacia la lógica de paz total, teniendo como eje fundamental la implementación del Acuerdo de Paz”.

Una segunda dimensión, agrega, corresponde a la negociación con múltiples actores armados de diferentes niveles y categorías con el objetivo de reducir la violencia en las regiones del país, que da como resultado un cese al fuego multilateral. Y la última de las dimensiones está asociada a la reconciliación política, enfocada en la búsqueda de paz con los contradictores y opositores políticos del Gobierno; y al diálogo con la ciudadanía, a través de los Diálogos Regionales Vinculantes.

En cuanto a las diferencias de la Paz Total con otras iniciativas del pasado, Llorente señala que “se está utilizando un marco legal para meter todo y tener unas facultades para negociar con todos”. Por lo que advierte que es necesario tener en cuenta las dinámicas y categorías de los diferentes grupos armados.

Al respecto, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, destaca que, básicamente, “la Paz Total contempla además de un proceso de paz político con el ELN, un proceso de sometimiento a la justicia. Ahí radica la principal diferencia: a las organizaciones criminales se les va a combatir y se les va a ofrecer una conversación socio-jurídica”.

La representante a la Cámara por Risaralda Carolina Giraldo enfatiza que en “la paz total no solamente se está configurando la posibilidad de procesos de paz o de diálogo con grupos de carácter político, también con el Clan del Golfo o bandas de crimen organizado”. Por eso uno de los grandes retos son precisamente las dinámicas en torno al narcotráfico como fuente de financiación de los diversos grupos armados.

Otro de los retos de la Paz Total como política de Estado, añade Ávila, son el fortalecimiento de tres modelos: construcción y copamiento territorial en las zonas donde hacen presencia los grupos, sometimiento a la justicia y sustitución de las economías ilegales.

Para la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia una de las debilidades de esta política es que “sigue con una receta que ha fracasado en Colombia: creer que el problema de la violencia es por falta de diálogo con los violentos, cuando en realidad se debe al narcotráfico. La única manera de lograr que esos diálogos sean eficientes es consiguiendo desarticular el negocio del narcotráfico, frente al cual el Gobierno no ha hecho una propuesta seria”.

Otra de las decisiones que en el marco de la Paz Total ha generado controversia es la firma del decreto por parte del Gobierno para otorgar libertad a los jóvenes detenidos en las protestas del Paro nacional de 2021. De acuerdo con lo anunciado por el presidente Petro, estos jóvenes saldrían bajo la figura de ‘voceros de paz’, incluyendo a los miembros de la Primera Línea. Las funciones y tareas de estos voceros son definidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La senadora Valencia considera que “es sumamente grave que el Gobierno esté burlándose de la decisión del Congreso sobre la no impunidad y amnistía para la Primera Línea, porque a nadie lo meten a la cárcel por protestar”. Para la senadora, con esa propuesta el Gobierno reconoce a los detenidos durante el estallido social como miembros del ELN, pues la figura de ‘gestoría de paz’ se ha usado en el pasado con grupos armados ilegales. Valencia añade que es preocupante “porque esto quiere decir que están devolviendo el apoyo político que le dio ese paro a Gustavo Petro a través de impunidad”.

Para profundizar en este tema, no se pierda este 25 de enero el Gran Foro Colombia: ¿para dónde va el país?, un emblemático escenario que, durante ocho años, ha generado conversaciones y reflexiones esenciales de país determinantes para establecer el camino que debe tomar en materia de económica, competitiva, de seguridad, convivencia, paz, resiliencia y desarrollo. Ingrese al especial digital.